El decreto de Alberto Fernández indica en su texto que los despidos “sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” quedan prohibidos por 60 días. La medida, además, anticipa que no se reconocerá el fin de las relaciones laborales existentes.
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Asimismo, el Gobierno dispuso la transferencia de 30.000 millones de pesos al Fondo de Garantías Argentino (Fogar) “con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas” inscriptas en el Registro Pyme del Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas.
Antes de la firma del decreto presidencial el jefe del Estado estuvo reunido con parte de su equipo, entre ellos el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra con quienes terminó de delinear la decisión oficial.
Las medidas de este martes por la noche incluyen un fondo de ayuda a pymes para que la crisis no termine con miles de cortinas bajas en el corto o mediano plazo.
Según los considerandos, las empresas que adhieran al programa oficial se comprometen a no echar a sus empleados y reincorporar a los trabajadores que hubieran sido despedidos después del 29 de febrero.
A partir de ahora y por el término del plazo que dure la emergencia, la Anses se hará cargo del salario neto del trabajador con un máximo de un sueldo mínimo por empleado ($16.875) de las empresas de hasta 25 trabajadores. De 26 a 60 trabajadores cubrirá un máximo equivalente al 75% del salario por cada trabajador ($12.656). En tanto, para firmas de entre 61 y 100 empleados el Estado pagará el 50% del salario mínimo por cada trabajador; es decir, $8.437,50.
Según trascendió, la decisión de Alberto de prohibir los despidos se terminó de concretar luego de un pedido expreso de la CGT en ese sentido. También se solicitó la suspensión temporaria de los convenios colectivos de trabajo que incluyen la posibilidad de suspensiones y despidos, como el que usó Techint para desvincular a casi 1.500 personas de sus plantas.