Sus palabras fueron paradójicas. En efecto, o Lacalle Pou no es el jefe político de su colectividad como se supone, o todo este tiempo ha vivido dentro de una burbuja que lo aisló de la toxicidad de esperpentos como los senadores Sebastián Da Silva y Graciela Bianchi y el diputado Juan Martín Rodríguez, quienes hacen política desde el barro y no desde el respeto que se debe tener al adversario y a la figura presidencial.
Ante un auditorio entusiasmado, Lacalle Pou admitió aciertos y errores. Sin embargo, omitió mencionar esos errores, como las pesadas deudas que le dejó al actual Gobierno, el clavo que derivó en la estafa de Cardama por la compra de las patrulleras oceánicas a un astillero trucho, el otorgamiento de un pasaporte a un narco peligroso y la designación de un delincuente como jefe de su custodia presidencial. En realidad, no fueron errores, porque se sabía que Cardama no era una empresa seria, se sabía que Sebastián Marset era un narco peligroso y se sabía de sobra que Alejandro Astesiano tenía antecedentes penales y no era una persona confiable. Sin embargo, en los tres casos, al igual que cuando defendió al exsenador Gustavo Penadés antes de que este fuera imputado por más de veinte delitos sexuales, Luis Lacalle Pou era plenamente consciente de sus actos y sus actitudes. No es cierto que no estaba enterado de nada y que todo lo tomó de sorpresa. No se pueden confundir errores con horrores ni con delitos, porque los errores son involuntarios y los delitos son actos voluntarios y que ameritan reproche penal.
Tampoco puede alegar que sólo pasó a saludar a la reunión en la cual su asesor, Roberto Lafluf, anunció la destrucción de documentos relacionados con el caso Marset que debían ser derivados a la Justicia, ni tampoco puede alegar que se equivocó al designar a Luis Alberto Heber como ministro del Interior y a Francisco Bustillo como canciller, responsables del otorgamiento del polémico documento. Seguramente se equivocó cuando debió haberle recomendado a ambos que le mintieran al Senado y que afirmaran que no conocían el prontuario delictivo de Marset.
¿Se equivocó cuando, en la campaña electoral de 2019, prometió que no iba a aumentar la edad jubilatoria y luego promulgó un proyecto de ley que la incrementó a 65 años de edad? No se equivocó. Le mintió groseramente a la población.
¿Se equivocó cuando se comprometió a no aumentar las tarifas públicas y a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores durante su gobierno? Sabía de antemano que iba a aplicar la motosierra al presupuesto en su mandato y que ello provocaría una caída de salarios y jubilaciones durante los primeros tres años.
“Estoy tranquilo, estoy satisfecho, pero no conforme”, aseveró. Si se refiere a su espantoso gobierno, los que no estaban satisfechos ni conformes eran los votantes, que le dieron la espalda a su partido y a la Coalición Republicana.
En cambio, sí se equivocó cuando le negó el uso de la cadena de radio y televisión al PIT-CNT y a la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Muy diferente fue la actitud del Gobierno de Orsi, que sí se la otorgó al Partido Nacional para que éste contara la historia de la colectividad como si fuera un cuento de Walt Disney, soslayando, por ejemplo, sus casos de corrupción y la colaboración de muchos blancos con la dictadura.
Una de las reflexiones más chocantes fue cuando proclamó que gobernó “para el bienestar de todos nuestros compatriotas”. Sin embargo, sucedió todo lo contrario: bajaron los salarios y las jubilaciones durante los tres primeros años, aumentó el desempleo, aumentó la pobreza y las personas en situación de calle se multiplicaron por tres. Ninguno de esos desastres se compadece con el concepto de bienestar. Mientras miles de uruguayos caían en el abismo de la miseria y se quedaban sin empleo, su gobierno privilegió a quienes él mismo definió como los “malla oro”. Los indicadores de la época dan cuenta del empobrecimiento de vastos sectores de la población y el simultáneo aumento de los depósitos de dólares a nivel local y de cuentas de uruguayos en el exterior. La Administración de Luis Lacalle Pou sólo le deparó bienestar a una minoría privilegiada.
Al tiempo de definir insólitamente a su gobierno como “humanista”, ensayó gárgaras con la libertad y la justicia social, como si fuera un dirigente de izquierda. Al respecto, sostuvo “que no alcanza con hablar de libertad si una persona no tiene trabajo, vivienda, salud o posibilidades de criar a sus hijos”. Invocando a Aristóteles sin mencionarlo, precisó que libertad está íntimamente vinculada al concepto de justicia social, y “justicia es tratar desigual a los desiguales”. Sus elucubraciones suenan a tomadura de pelo. Su colectividad nunca luchó contra las asimetrías sociales, porque varios de sus miembros viven en barrios privados como vivió él, que, en su gobierno, en lugar de abatir la pobreza, la aumentó. En el período en el cual este manipulador fue presidente, la desigualdad, que se mide por el coeficiente Gini, pasó de 0,402 en 2020 a 0,405 en 2024, lo cual es una diferencia estadísticamente poco relevante pero significativa. Sin embargo, en 2023 alcanzó un pico de 0,409.
Si estaba preocupado por la justicia social, tuvo la oportunidad de revertir situaciones complejas. Sin embargo, fue sordo ante el clamor de miles de uruguayos vulnerables o rezagados, corroborando que su sensibilidad es una burda farsa.
