Es decir, aunque es médico de profesión, García mutó sorpresivamente en físico y en psicoanalista, logrando hacer retroceder el tiempo al pasado reciente, cuando ocupaba la titularidad del Ministerio de Defensa Nacional, ya que se sintió más interpelado que interpelante. ¿Qué hace realmente un ministro cuando es interpelado? Se defiende, o bien ataca a su contrincante mediante argumentos no siempre válidos, en el supuesto de que no hay mejor defensa que un buen ataque, una máxima que se aplica en el fútbol. La primera sorprendida debe haber sido la propia ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, quien desestimó seguir la dinámica de García, ya que no regresó en reversa a sus tiempos de senadora.
Por suerte para él, nadie recordó que Javier García, en 2023, cuando era ministro de Defensa Nacional, anunció que la primera patrullera sería entregada en el primer semestre de 2025 y la segunda antes de fin de año. Esto resiste archivo, porque sus palabras fueron recogidas por varios medios de prensa. Por ende, Cardama no cumplió ni en los plazos de ejecución ni en los de entrega, un motivo suficiente para rescindir el contrato.
Más allá del previsible desenlace del llamado a sala y de la intención de conformar una comisión investigadora promovida por la bancada oficialista, queda claro que García, que en una suerte de juego de piñata lanzó golpes a ciegas a diestra y siniestra, es responsable político de una operación fraudulenta y oscura que tiene una fuerte apariencia delictiva, no sólo por el escándalo de la garantía de fiel cumplimiento trucha presentada por la empresa contratada, sino por el propio proceso de adjudicación que, aunque parezca un juego de palabras, fue claramente opaco. En efecto, aunque en la evaluación técnica de las empresas extranjeras que se presentaron al llamado Cardama salió última, fue sospechosamente favorecida con la adjudicación directa de este proyecto, pese a que, hace muy poco tiempo, estaba al borde de la quiebra y no tiene experiencia en la fabricación de embarcaciones de estas características. Obviamente, las dificultades del astillero Cardama para obtener garantías se han prolongado durante todo el proceso iniciado en diciembre de 2023, cuando el Estado firmó el oscuro contrato. Se ha pasado solicitando prórrogas para la presentación de garantías y, casi siempre, fracasó en su intento de obtenerlas. Es decir, nadie confíaba en la empresa, a excepción de Javier García y Luis Lacalle Pou.
Un reciente informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil elaborado a pedido de la ministra Sandra Lazo, que fue difundido por un matutino y luego reproducido por otros medios de prensa, establece que fue el propio García el que acercó la propuesta al entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson. Durante este proceso, según la investigación administrativa, se adoptaron “decisiones anticipadas o condicionadas”, en lugar de una “completa evaluación técnica y económica del resto de los oferentes”, la cual habría sido obviada. Esa circunstancia pone claramente a García bajo sospecha.
Según el documento, Cardama pudo presentar una “segunda oferta mejorada”, pero no hay “información transparente” sobre cómo accedió el astillero español a las observaciones internas que había realizado el Ministerio de Defensa Nacional y en el caso de los otros oferentes “no se aplicó el mismo mecanismo de mejora”. Es decir, se violaron las disposiciones del propio Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el cual establece que los procesos de compras estatales deben ser competitivos, máxime si se trata de una compra millonaria.
En su defensa, los voceros del gobierno anterior, incluyendo obviamente al propio Javier García, alegan que se seleccionó la mejor oferta desde el punto de vista económico, porque, según su cuestionable versión, el Estado no estaba en condiciones de desembolsar más de los 92 millones de dólares que cuesta el negocio, que es obviamente un negocio para Cardama pero no para el país.
Hay que avisarles a García y a otros miembros del gobierno anterior que las normas están para ser cumplidas y no se puede, o más bien no se debe, actuar con la discrecionalidad con la que actuaron. En efecto, en todo el proceso licitatorio o llamado estatal se debe evaluar la oferta más ventajosa, pero ese criterio comprende precio, calidad técnica del producto, experiencia previa y solvencia financiera del eventual proveedor. En este caso, sospechosamente sólo se evaluó el precio de la oferta, pero se ignoraron todos los demás requisitos. Por ejemplo, se obvió que Cardama carece de experiencia en la construcción de naves de estas características. Esa circunstancia le quita eventual relevancia a la calidad técnica, que no parece estar asegurada, según los dos capitanes de navío y especialistas enviados a Vigo por el Ministerio de Defensa Nacional para supervisar la marcha de los trabajos que se están ejecutando en el astillero. Por supuesto, también estaba en tela de juicio la viabilidad y sostenibilidad financiera de la empresa, en una operación económica que, por su monto, equivale a diez veces lo que factura en un año.
Hubo una flagrante violación del principio de igualdad de los oferentes, en un proceso que no fue competitivo, como lo establece claramente el Tocaf, a lo cual se suma, según el testimonio de integrantes de la Armada Nacional, que “hubo una ausencia de evaluaciones técnicas integrales”. Queda claro que Cardama no reunía los requisitos indispensables para ser elegible. Sin embargo, se le adjudicó el proyecto mediante el mecanismo de contratación directa.
En este caso, el problema no es solamente la garantía de fiel cumplimiento falsa o trucha señalada por el Gobierno al momento de adoptar la decisión de rescindir el contrato. Aquí hay gruesas irregularidades de procedimiento, que no pueden soslayarse ni atribuirse a desconocimiento de quienes participaron en un proceso que fue oscuro y de dudosa legalidad.
El responsable político y eventualmente judicial es Javier García, y, como tal, debería responder muchas interrogantes aún sin respuesta ante una sede penal, más allá de que esté blindado por sus fueros parlamentarios y atornillado a su banca senatorial.
