Incluso, en octubre del año pasado, antes de la primera vuelta de las elecciones nacionales, el propio Gabriel Oddone precisó: “Nosotros hemos repetido de distintas maneras que, en condiciones normales, no hay margen para aumentar la presión fiscal, lo cual no quiere decir que no haya modificaciones tributarias que hacer”. El que avisa no traiciona. Este comentario tiene varias interpretaciones. En primer término, el hoy ministro de Economía y Finanzas aludía a lo que calificó de “condiciones normales”. Este comentario fue formulado cuando no se conocía la compleja situación de las cuentas públicas, que fue ocultada y maquillada por la administración de Lacalle Pou. En realidad, el Gobierno saliente entregó el país con pesadas deudas y un histórico déficit fiscal, lo que perfectamente podría encuadrarse en condiciones que trascienden a lo normal.
Incluso, en la segunda parte de sus reflexiones, el economista sí preanunciaba la aplicación de cambios tributarios. Por ende, ni Orsi ni Oddone le mintieron a nadie. Recurriendo al archivo, este argumento de la oposición cae por su propio peso.
Aquí nadie engañó a nadie, porque la intención de introducir cambios al esquema tributario está explicitada en el programa de gobierno del Frente Amplio, que fue ampliamente difundido durante la campaña electoral y publicado en su página web.
En ese contexto, el documento señala que las modificaciones tienden a que “pague más el que tiene más” y las propuestas van en ese sentido, porque, en caso de ser aprobadas, no afectarán el bolsillo de la inmensa mayoría de la población, aunque la aplicación del IVA a las compras mediante la plataforma TEMU pueda indicar lo contrario. Obviamente, todo es opinable.
En tal sentido, la Creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico se aplicará únicamente a las multinacionales radicadas en nuestro país que facturen más de 750 millones de euros (879 millones de dólares). Este tributo ya lo pagan en sus países de origen, por lo cual la medida no debería desalentar la inversión extranjera. El beneficio sería que tributarían en Uruguay. En el mismo sentido va la eliminación de exoneraciones a ciertas distribuciones de dividendos y utilidades que las empresas uruguayas realizan a sus accionistas o socios no residentes.
Otra modificación tributaria propuesta apunta a gravar ciertos rendimientos y ganancias de capital derivadas de activos situados en el exterior y la inclusión de una norma antiabuso para el caso de ventas que se materialicen como transferencias indirectas trasnacionales de activos.
Finalmente, la aplicación del IVA a las compras TEMU de artículos que proceden del exterior puede resultar una medida antipática porque modificaría el precio final, aunque aumentaría el monto de las compras autorizadas. Empero, es otro cambio de carácter redistributivo, porque apunta a favorecer al comercio local y al trabajo nacional.
La oposición nada dijo de la proyectada deducción del IRPF a las familias que adopten niños, porque esa herramienta es una resignación fiscal que favorece a las personas.
El oficialismo sostiene que los cambios son “para que pague más el que tiene más” y que los tributos “son al capital y no al trabajo” y eso queda fehacientemente demostrado en la propia letra del proyecto. En este caso, el Gobierno no le mete la mano en el bolsillo a ningún trabajador activo ni pasivo, como sí lo hizo el Gobierno coalicionista, deteriorando el poder de compra de los salarios y las jubilaciones durante tres años y bajando la bonificación del 4 % al 2 % a las compras por medios electrónicos.
El incremento del gasto, que para 2026 alcanzaría a los 140 millones de dólares, aumentaría hasta los 240 millones al final del período. El 40 % de estos recursos adicionales se destinaría a infancia y adolescencia. El resto se asignaría a la mejora de la seguridad (12 %), crecimiento (12 %), salud (12 %), vulnerabilidad social y otros rubros (10 %). Asimismo, se destinarían 700 millones de dólares para obras nuevas. Entre estos proyectos se incluye la construcción de una represa en Casupá, una planta potabilizadora de agua en Aguas Corrientes, dos establecimientos para la rehabilitación de personas privadas de libertad, hospitales y mejoras en la red vial.
Pese a que el monto de aumento del gasto asciende a los 940 millones de dólares, la distribución de recursos parece algo desbalanceada, porque la inversión en obras triplica a lo destinado a atender otras necesidades. Ello originó reclamos desde el propio oficialismo, lo cual puede abrir un debate en el ámbito de la bancada frenteamplista. Aunque el Parlamento no puede aumentar el gasto, sí puede redistribuir recursos y el Poder Ejecutivo tiene la potestad, si es menester, de enviar un mensaje complementario.
La oposición no tiene derecho a criticar nada, porque el presupuesto del gobierno anterior fue inicialmente de recorte del gasto, y por su grave responsabilidad en el estado de las cuentas públicas. Incluso, la iniciativa prevé un aumento del gasto del 10 %, el doble del aumento del gasto del gobierno de Lacalle Pou, que además tuvo bajos niveles de ejecución.
El proyecto, que debió incluir un tributo adicional al 1 % más rico, contempla las prioridades del programa de gobierno y las promesas de campaña, aunque debería romper con el paradigma de “la frazada corta” y privilegiar —con holgura— la inversión en políticas sociales, tomando como ejemplo la primera presidencia de Tabaré Vázquez (2005 -2010), que resucitó al país de la dramática crisis de 2002 provocada por la irresponsabilidad y la ineptitud de la coalición blanqui-colorada de la época.
