Los muertos, palos y clavos de Lacalle II

Más allá de mi postura personal (que cada uno debería tener la libertad de colocar lo que se le antoje en su balcón), hay una reglamentación vigente y las leyes, decretos y reglamentos están para cumplirse. Si los blancos tuvieran un mínimo de apego a las normas, no se tendría que enviar ninguna notificación; pero les cuesta… Aquellos que en algún momento se autodefinieron como “Defensores de las leyes” han dado abundantes pruebas de ser quienes menos las defienden y más las violan.

Aun así, no se gastó ni un solo peso, ya que tales notificaciones se adjuntaron al envío habitual de facturas, tal como aclaró el edil Nicolás Lasa.

Lo que llama la atención es que al mentiroso contumaz de Da Silva le preocupe lo que en su imaginación se gasta en envíos de notificaciones y no lo que gastó su Gobierno al adquirir en España dos aviones Hércules por 21 millones de euros en 2020 y con fecha de vencimiento y extinción de la garantía para diciembre del mismo año. Estos aparatos se hallaban en el mismo lote que otros comprados por un norteamericano como chatarra.

Ahora sabemos, por boca del actual ministro de Defensa Armando Castaingdebat, que se han cometido “errores de mantenimiento”, que uno de los aviones Hércules KC130-H se encuentra reparándose en Portugal desde hace dos años y el otro está varado en Chile por problemas en el motor. ¡Tremendo clavo que fue recibido con una gran sonrisa por el exministro y “pediatra” Javier García sin que Sebastián Da Silva abriera la boca!

Según una investigación realizada en 2022 por M24, el consumo de combustible de un Hércules es de 2.600 dólares por hora de vuelo, mientras que cada revisión anual cuesta 200.000 dólares. Las inspecciones mayores, que deben realizarse fuera del país cada nueve meses, tienen un costo de 2 millones de dólares.

Desconocemos si alguien cobró alguna comisión por tan brillante negocio.

Javier García debería haber sido debida y exhaustivamente investigado por este despilfarro; pero cualquier acción en el ámbito parlamentario hubiera fracasado, ya que la coalición gobernante hubiera cerrado filas para defenderlo. La compra fue gestionada por el excanciller Francisco Bustillo, al que, luego de su caída en 2023 por el escándalo de los pasaportes, lo mantuvimos sin trabajar durante ocho meses, cosa que Sebastián Da Silva debe ignorar, porque nunca se quejó.

Hablando de aviones, pese al intenso frío, los uruguayos recibieron una noticia que los dejará calientes por un buen tiempo: el Gobierno comprará por 100 millones de dólares seis aviones de guerra a Brasil, con el objetivo de renovar la flota de la Fuerza Aérea Uruguaya.

A ver, gente. 100 palos verdes... Aviones de guerra... Uruguay…

En momentos en que todos los políticos se rasgan las vestiduras por el aumento de la pobreza infantil a 20,1 %, no parece ni prudente ni ético realizar semejante erogación. Proteger el espacio aéreo es algo necesario, pero estos aviones de combate A-29 Súper Tucano, fabricados por la empresa brasileña Embraer, de poco servirán si no contamos con un sistema de radares adecuado.

Claro, no crean que los pagará este Gobierno. El muerto quedará para Yamandú Orsi y los próximos Gobiernos del Frente Amplio.

La excusa oficialista es que hay que combatir al narcotráfico; pero qué extraño, porque ellos mismos son los que luego de haber facilitado el lavado de activos mediante transacciones bancarias ahora niegan a la Secretaría Antilavado la presupuestación de 15 funcionarios. La negativa proviene de la Prosecretaría de la Presidencia de la República.

Por otra parte, la derecha también ha criticado a la Intendencia de Montevideo por el déficit de 11 millones de dólares. Sin embargo, nada dicen del déficit alcanzado por el Gobierno central solo en este año: USD 3.012.000.000.

¿Recuerdan a Laura Raffo en 2019 cuando desde el Canal 12 criticaba al gobierno frenteamplista por el déficit fiscal? Pues bien, ahora que ha llegado al 4,4 % del PBI tenemos en 2024 un déficit superior al de aquel año y no la vemos alarmándose.

Otro clavo que nos dejarán los blancos está en el incremento de la deuda externa. La deuda bruta consolidada del Estado uruguayo cerró 2019 siendo 59,9 % del PBI; ahora, mediando 2024, vemos que ha trepado al 72,2 %.

Tal como señaló el legislador frenteamplista Alejandro Sánchez en el programa Nada que Perder, el 70 % del presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Gobierno que viene ya está comprometido. “El presidente dijo ‘acá está el dinero de sus impuestos’, cuando inauguró un par de obras viales. ¡Mentira! Si esas obras viales se van a comenzar a pagar en el período que viene…”.

Para colmo, Lacalle Pou no se irá sin antes entregar a Antel atada de pies y manos a la competencia. La fibra óptica, en cuya infraestructura invirtió 1.000 millones de dólares, se compartirá graciosamente con los cableoperadores para vender internet a los hogares, lo que implica la renuncia a una fortuna para beneficiar, nuevamente, al círculo de amigos del presidente y a la prensa obsecuente.

No hay problemas, la pérdida de clientes e ingresos tendrá que afrontarla Yamandú cuando sea presidente.

Y pese a esto y mucho, muchísimo más, el Gobierno de Luis Lacalle Pou finaliza con menos interpelaciones que en cualquiera de los tres gobiernos del FA. ¡Y aún tiene el descaro de hablar de palos en la rueda!