Narcolandia

El narcotráfico ha dejado de tomar a Uruguay como mero país de tránsito para considerarlo un mercado; chico, sí, pero ¿por qué despreciarlo, si traficar en este país parece simple y, si caes preso, es más simple aún sacarla barata o fugarse?

Todavía no es justo catalogar a nuestro país como una tierra dominada por los narcos; pero, cuidado, vamos rumbo a eso y los hechos de los últimos días tendrían que encender todas las alarmas.

Cuando el narco llega a una zona, entre sus planes urgentes está la compra de jueces, fiscales, abogados, policías y políticos para asegurar su impunidad, leyes benignas, áreas liberadas y, sobre todo, facilidad para lavar dinero.

Gracias a la LUC, nave insignia de este gobierno, se pueden realizar transacciones bancarias de hasta 100.000 dólares sin que el Estado pueda analizarlas como operaciones sospechosas. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de agentes no financieros (sobre todo de escribanos, casinos, constructoras e inmobiliarias) disminuyeron abruptamente; pero no porque el Estado controle más, sino porque controla menos.

Desde que gobierna Luis Lacalle Pou, Uruguay ha trepado en el Índice de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, según un informe publicado el 21 de julio de 2023 por el Statista Research Department.

¿Hasta qué punto se encuentran infectados el poder político y el judicial? El narco compra todo, desde un certificado médico para que a un colega preso le den prisión domiciliaria hasta una condena leve, como para tapar el ojo y nada más. Sebastián Marset no estaría prófugo si no hubiera contado con la complicidad de políticos y jerarcas de varios países. Como sea, de a poco, los recientes escándalos van respondiendo por sí solos a esta pregunta.

Emilio Daniel del Pino Llanes, alias "Toto", de 31 años, era director de la Oficina de la Juventud del municipio de Paso de los Toros en Tacuarembó. A fines de agosto, y tras la operación “Hospedaje”, terminó procesado, ya que la Brigada Departamental Antidrogas y la Fiscalía lograron demostrar que estaba vinculado a dos puntos de venta de drogas en una pensión. Este narcotraficante figuró en el segundo lugar de la lista 1550 del Partido Nacional, la cual apoyaba a Wilson Ezquerra, quien ganó la Intendencia de Tacuarembó.

Julio Luis Deal Barrios, acusado de lavar dinero para Sebastián Marset, fue capturado en Bolivia. Las redes sociales han dejado al descubierto que es ferviente admirador de Luis Lacalle Pou y que llegó a integrar una lista del Partido Nacional. Se han publicado fotos suyas posando con Luis Alberto Heber y Laura Raffo. Claro, estamos en un país donde cualquiera se saca una foto con quien quiera, pero también está el hecho de que todos nos conocemos. No parece que éste fuera el caso de un simple y desconocido simpatizante que se arrima a dos figuras públicas para sacarse una selfie.

Juan Antonio González Bica, de 38 años y con antecedentes penales, fue formalizado el 18 de julio de 2022 tras la Operación Pitágoras, incautándose 423 kilogramos de droga (251 de pasta base y 172 de cocaína). La condena, pese a los antecedentes, fue un regalo: 4 años y 11 meses, lo que nos lleva nuevamente a mostrar las contradicciones e injusticias creadas por la LUC, ya que, a una pobre mina que pasó 64,9 gramos de marihuana para su pareja en el Penal de Libertad en abril de 2022, le tiraron con 4 años tras las rejas; pero al narco de La Tahona, líder de una organización criminal, le dieron solo 24 meses.

A este se le incautaron en Baltasar Brum (Artigas) 409 kilos de pasta base, cuyo valor de mercado es de 7 millones de dólares. Pese a que el delito de narcotráfico se complementó con el de Asociación Para Delinquir, el cabecilla fue condenado a sólo dos años de prisión. El delincuente se hizo responsable de lo ocurrido el 20 de abril, cuando una avioneta arrojó droga sobre el pueblo Perseverano, en Soriano, y luego se fugó.

Si sumamos la droga incautada a los dos narcos, hablamos de 832 kilogramos. Si sumamos sus condenas, son menos de 6 años. Todo eso contra 64,9 gramos de marihuana y 4 años de condena a la pareja de un recluso. Esto está mal.

En cuanto a Juan Antonio González Bica, contribuyó a que se trasladaran 423 kilos de droga en una ambulancia. Los delincuentes que iban en ella se disfrazaron de personal médico; pero fueron detenidos en la ruta 8 por orden de la fiscal Mónica Ferrero, quien llevaba varios meses investigando. González Bica intentó fugarse; pero se lo impidieron.

En principio, recibió una medida cautelar de prisión preventiva hasta el 30 de setiembre de 2022, siendo derivado al Penal de Libertad, y en febrero de 2023 fue condenado. El 31 de mayo, la jueza María Helena Maynard le concedió la prisión domiciliaria por padecer una insuficiencia renal y requerir tratamientos de diálisis. La fiscal se opuso fervientemente, dando por hecho que se fugaría, y el Tribunal de Apelaciones quedó estudiando el caso; pero antes de que se expidiera, el narcotraficante rompió la tobillera electrónica y se tomó los vientos.

El ministro del Interior Luis Alberto Heber se mostró indignado. Razón para estarlo tiene; pero ¿tiene derecho a rasgarse las vestiduras cuando él y Bustillo están siendo investigados judicialmente por haber facilitado todos los medios para que un narco mucho más peligroso y poderoso saliera de una cárcel de Dubái con pasaporte uruguayo? No le vimos indignado en ese caso.

La fuga de González Bica solo puede explicarse de dos maneras: o hubo ineptitud o hubo corrupción. No le den más vueltas. No hay otra. Considerando eso, alguien tendría que ir para la casa o para la cárcel. Tampoco hay otra opción.

Nadie discute que el sistema penitenciario carezca de los medios para dar a un recluso con esta enfermedad el tratamiento adecuado, aunque Heber aseguró que sí y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) señaló en un escrito “que la Unidad n.° 1 (Punta de Rieles) cuenta con policlínica de ASSE donde se puede dar atención de acuerdo a la patología que padece el causante de autos".

Nadie discute que la jueza tuvo la obligación de preservar, antes que nada, la salud del delincuente. Nadie cuestiona la prisión domiciliaria; lo que se cuestiona es que no se le pusiera custodia policial y se pretendiera solucionar todo con una tobillera. Hay que considerar que en enero se dio un caso similar y tendría que haber servido de advertencia.

Ahora, las responsabilidades pueden estar en varias partes. Al ser rota la tobillera continuó marcando el domicilio del delincuente (en La Floresta, Canelones) sin dar la alarma. El control del dispositivo lo realiza la Dirección Nacional de Seguimiento de Libertades Asistidas. Por otra parte, Mónica Ferrero, encargada de la Fiscalía de Estupefacientes, solicitó el análisis de la historia clínica para corroborar que el ahora fugitivo tuviera realmente una patología renal. La información que tenemos es que sí, realmente estaba enfermo; pero no con la gravedad que se informó. No siendo médico, no me atrevo a sostener ni una cosa ni la otra.

El hecho es que otro narco se ha fugado y, como siempre, nadie es responsable.

¿Todos son ineptos o a alguien le untaron las manos?