Tiempos de tormenta en Argentina

Son las doce de la noche del martes 23 de agosto en la esquina de Juncal y Uruguay en el céntrico y caro barrio de Recoleta, en Buenos Aires. Centenares de personas están movilizadas por segunda noche consecutiva al pie del edificio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK). “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”, es uno de los cánticos que más se repite desde que el día anterior el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua en la llamada “causa vialidad”.

El duro pedido de condena de Luciani contra CFK era esperado. Su alegato de ocho jornadas estuvo marcado desde la hora cero por lo que muchos calificaron de sobreactuación, y el acompañamiento mediático habitual en lo que hace a las campañas contra la actual vicepresidenta. El juicio, en medio de la crisis política que atraviesa el Frente de Todos (FDT), el país, y a un año de las presidenciales, fue presentado como lo que efectivamente es: un punto bisagra en la política argentina.

Así lo vivió cada lado de la grieta que aparece cada vez más ancha. Para la oposición, compuesta por un conjunto heterogéneo de fuerzas políticas y sus seguidores, se trató de la anhelada hora de los tribunales contra quien presentan como una de las figuras más corruptas de la historia reciente del país. Una esperanza de justicia o venganza atravesada por el característico anti-peronismo, ahora también anti-kirchnerismo y, más precisamente, anti-cristinismo. “Destruyeron la economía y ahora quieren arrasar con las instituciones. Es un momento bisagra. Es justicia o corrupción”, afirmó, por ejemplo, el diputado del radicalismo, Mario Negri.

Del otro, en cambio, tanto la causa como el pedido de sentencia fueron leídos como persecución política enmarcada en lo que se conoce como lawfare, es decir la acción coordinada entre partes del Poder Judicial, mediático y político, para encarcelar, inhabilitar o condenar socialmente a dirigentes populares. Esa situación generó la movilización espontánea del lunes en la noche, del martes cuando CFK habló desde el Senado y luego nuevamente frente a su casa. “La persecución a Cristina generó cohesión en el peronismo”, afirmó el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro.

Asociación ilícita

“No veo todavía elementos contundentes que puedan cerrar la figura. No es concebible pensar que el gobierno se constituye para delinquir. Que el gobierno sea una organización delictiva desde el primer día me parece un poco mucho”, afirmó en una entrevista Miguel Ángel Pichetto, dirigente peronista que fue la fórmula a vicepresidente junto a Mauricio Macri en 2019.

Su desacuerdo con la acusación de asociación ilícita con el que se acusa a CFK evidenció lo falta de fundamentación/pruebas en la acusación.

Luciani, a lo largo de su alegato, no logró probar que efectivamente la cabeza del Poder Ejecutivo bajo Néstor Kirchner y CFK se había conformado como asociación montada con la finalidad de cometer delitos. La ausencia de pruebas contra la actual vicepresidenta para demostrar que ordenó la comisión de un delito determinado, en este caso la corrupción en la asignación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, parece haber estado en el origen de la introducción en el alegato de elementos que no habían sido presentados en el juicio por parte del fiscal que, como se hizo público, ha compartido equipo de fútbol con el mismo juez de la causa en una quinta de Macri.

“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron el acto de acusación del fiscal al que asistí durante cinco días en mayo de 2019”, escribió CFK en su cuenta de Twitter en un mensaje en el que anunció que realizaría su “derecho a la defensa” desde el Senado el día martes. La alocución, como era predecible, se transformó en una suerte de cadena nacional, con 12 puntos de rating y más de medio millón de vistas en Youtube en menos de 24 horas.

“Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por la memoria, verdad, justicia, el salario, las jubilaciones, la obra pública”, señaló la vicepresidenta, quien, a su vez, realizó un paralelismo entre los 12 años de condena pedidos y los 12 años de gobierno encabezados por Kirchner y luego por ella. Durante su ampliación de indagatoria desde el Senado tomó los elementos introducidos por Luciani fuera de tiempo para utilizarlos en su defensa.

En efecto, CFK tomó los chats de teléfono de José López -exsecretario de Obras Públicas condenado por corrupción- para demostrar la relación existente entre López y empresas constructoras vinculadas a Macri, en particular de quien era apodado como su “hermano”, Nicky Caputo. “La verdad que el celular de López demuestra que los nueve palos verdes que tiró en el convento venían de Odebrecht, Caputo, Gutiérrez. O sea, tomaron dos mensajes de López para imputar a CFK (ni siquiera eran con ella), ¿y no dieron que había cien con el hermano de Mauricio?”, escribió el periodista Raúl Kollman, especializado en la causa.

La crisis

“El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta […] tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada […] son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de derecho”. El comunicado fue tuiteado por el presidente Alberto Fernández luego de conocerse el pedido de condena de Luciani.

El mensaje fue condenado por la oposición que lo acusó de “intromisión” en el Poder Judicial. Pero también por parte de actores del FDT, como el diputado Rodolfo Tailhade, quien le respondió que CFK “luego de sacar el país del infierno y hacerlo presidente, tiene que soportar que en un gobierno peronista la persigan Clarín y la Justicia”. El hecho volvió a evidenciar la situación de Fernández, atacado por la oposición, cuestionado por el kirchnerismo dentro del FDT, y cuya figura se fue licuando en los últimos meses, en particular a partir del nombramiento de Sergio Massa el 28 de julio al frente de un recargado Ministerio de Economía, dándole el apodo de “superministro”.

La salida de Massa de la presidencia de la Cámara de Diputados y su llegada al gobierno ocurrió en un momento de crisis política y económica que arrojó al gobierno a su mayor tormenta en los tres años frente a la Casa Rosada. Massa, uno de los tres dirigentes principales del FDT, quedó en una posición de poder interno que hasta ese momento había sido resistida debido a su propia historia: opositor al kirchnerismo, socio político en los primeros momentos del gobierno de Macri, con claras ambiciones presidenciales. Su respaldo por parte de CFK para su nuevo cargo dejó en evidencia la gravedad del momento y en perspectiva.

Massa, en remplazo de Martín Guzmán y el breve interino de Silvina Batakis, vino a ocupar el espacio determinante en la crisis, con la promesa de que su mayor “caudal político”, cercanía con empresarios y sectores de la política estadounidense podría revertir la situación. Pero se encontró con un problema fáctico: el deterioro de la economía argentina, signada por 47% de inflación acumulada en el año, un salario mínimo que cubre el 40,7% de la canasta básica -Macri lo había entregado en 39,1% a fin de 2019-, una brecha cambiaria de más de 100%, la falta de dólares en las arcas del Banco Central, y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordado a principio de año.

El “superministro” -apodo que se fue perdiendo, reflejo de la crisis que se mantiene- realizó una serie de ajustes a partir de su designación de cara a alcanzar el 2,5% de déficit fiscal para fin de año acordado con el FMI, organismo con el cual se reunirá próximamente en Washington. Los ajustes tocaron áreas como los créditos a pequeñas y medianas empresas, transporte, transferencia a provincias, educación, salud y obras públicas, ajustes que se cruzan, a su vez, con aumentos de tarifas en varios servicios.

Tiempos cortos

CFK no reivindicó los tres años del FDT durante su declaración desde el Senado. Se refirió a los 12 años suyos y de Néstor como “los 12 años del mejor gobierno de la historia”, pero no mencionó la actualidad de un gobierno en el cual ella misma se mueve recurrentemente en una zona gris entre su lugar de vicepresidente y un discurso crítico a la propia gestión, aunque varios de los ministros sean de su propio espacio político. Su relación con el presente refleja el mal desempeño expresado, por ejemplo, en las elecciones de 2021.

Los hechos acontecidos a partir del lunes generaron un nuevo efecto de movilización, hasta ahora en gran parte espontánea, así como una por ahora unidad dentro del peronismo, expresada en diferentes apoyos, como el de la Central General de Trabajadores o la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. La persecución contra CFK produjo una galvanización interna que esperanza a propios y preocupa visiblemente a la oposición: la imagen de Lula da Silva, perseguido por la Justicia, encarcelado, y ahora a puertas de una victoria presidencial es objeto de paralelismo -aun con las diferencias- con la situación de CFK.

Aún falta por saber cómo serán las candidaturas del peronismo para 2023 y qué lugar ocupará CFK. Muchos de quienes la respaldan se ilusionan con una nueva candidatura presidencial. Se trata de un escenario dinámico, cambiante, con una oposición que, si bien se mantiene unida, también está marcada por fuertes disputas internas entre los partidos que integran la coalición y dentro, a veces, de esas mismas fuerzas. La oposición, que dejó una deuda impagable con el FMI y los acreedores privados tras su paso por el gobierno, se ve muchas veces ya como vencedora en 2023. Antes de esa fecha ocurrirán numerosos acontecimientos, como la misma sentencia a la vicepresidenta que podría tener lugar en diciembre, cuatro meses que son poco y a la vez tanto en la actual dinámica política argentina.