Cómo se construyó el poder de Antía

Raramente un montevideano se cruzará en la calle con su jefe de gobierno, en cambio en el interior al intendente se lo encuentra en su casa, en el súper, en el cine, en la playa o en el estadio. Y esa cercanía genera vínculos, la mayoría de las veces inconvenientes.

Porque nadie ve mal que se le pida un puestito para el hijo; el arreglo de una calle, un viaje de arena o balasto, unas chapas. Y finalmente todos se acostumbraron a que los correligionarios, amigos o familiares accedan a determinados cargos o negocios.

Corrupción, nepotismo, acomodos, uso indebido de dineros públicos fueron y son asuntos cotidianos en muchas de las 18 intendencias del interior.

Esa construcción de poder necesita dinero y control sobre los medios de comunicación, es decir, el blindaje.

No existe un solo periodista del interior que desconozca esos hechos y haya vivido las dificultades para el ejercicio de su profesión.

Maldonado es la viva representación de todos esos males.

De aquel pasado a este presente

Durante el siglo XX el Partido Nacional solo gobernó Maldonado en tres períodos: 1958 a 1962 cuando Francisco Salazar fue presidente del Consejo Departamental y entre 1990 y el 2000, con Domingo Burgueño hasta su fallecimiento, en 1998 cuando lo sucedió Camilo Tortorella.

Hasta 1990 este departamento era colorado. Pero el último intendente de ese Partido fue Benito Stern. Nunca más volvieron a ganar y hasta llegaron a no tener ningún edil.

En lo que va de este siglo solo han sido intendentes Enrique Antía, Partido Nacional (2000-2005, 2015-2020 y 2020-2025) y Óscar de los Santos, Frente Amplio (2005-2010 y 2010-2015).

Los blancos comenzaron a tejer su estructura de poder a partir de Domingo Burgueño. En 1989 las elecciones nacionales y departamentales se hacían el mismo día. Luis Lacalle Herrera, candidato a la presidencia, no estaba convencido de llevar a Burgueño como candidato a intendente del herrerismo, su hombre en Maldonado era Carlos de los Santos. Fue el senador Dardo Ortiz quien lo impuso.

La campaña del candidato casi fue inexistente, pero se ganó, ni él lo podía creer. Siempre contaba “que lo despertaron para darle la noticia”.

Los colorados, muy peleados entre ellos, no habían logrado un buen gobierno. Ni siquiera le votaron el presupuesto quinquenal a su intendente. Stern tuvo que manejarse los 5 años con un presupuesto de unos 30 millones de dólares, es decir 6 millones por año. Cuando renunció para postularse nuevamente su suplente, Daoiz Jaurena, denunció la existencia de un déficit de 2 millones de dólares.

Burgueño, que cargaba con un pasado como consejero de Estado de la dictadura, ni siquiera tenía plan de gobierno. Pero había sido funcionario municipal toda su vida. Su relato recordaba “haber ingresado apenas cumplió 16 años como cadete y para barrer el patio”. Recorrió todo el escalafón hasta llegar a secretario general con varios interventores militares. Conocía el funcionamiento de la intendencia y a sus funcionarios como nadie.

Este cronista fue testigo de una conversación reveladora. El director de Obras se le acercó para plantearle que tenían problemas con la planta asfáltica. La respuesta del intendente fue: “Eso pasa porque fulano de tal [el encargado de la planta] se peleó con la mujer, está deprimido y no rinde”. Luego supimos que era tal como lo había dicho.

Para llevar adelante su proyecto de gobierno necesitaba dinero. Una de sus primeras medidas fue un aumento brutal de impuestos y tasas. Por ejemplo: el impuesto a los terrenos baldíos, que se cobra a los que no tienen ninguna construcción o estas no están regularizadas, se incrementó 500%.

Con eso logró dos cosas: que rápidamente comenzaran proyectos de edificación a los que cobraría Contribución Inmobiliaria y otras tasas, y que muchos propietarios regularizan sus obras.

Así logró pasar de 6 millones de dólares al año a 50 millones en el mismo lapso. Pero su gestión estuvo plagada de actos de corrupción. Como el Tribunal de Cuentas (TCR) le anuló la licitación para privatizar la recolección de residuos, contrató a la empresa en forma directa escondiendo a la Junta Departamental la resolución del organismo de contralor. Era la licitación más importante del período.

Construyó el barrio Cerro Pelado comprando los terrenos en casi dos millones de dólares en forma directa a Camilo Tortorella, quien para el período siguiente sería su suplente. Contrató a la empresa Parques y Jardines, propiedad de Enrique Antía, por unos 100.000 dólares al año, que con sucesivas extensiones llegó a 1.200.000 dólares por el mismo tiempo.

Adjudicó una línea para transporte de pasajeros a uno de sus hijastros, hermano del también diputado blanco José Hualde, asociado a uno de los hijos del histórico dirigente wilsonista Miguel Angel Galán.

Pero Burgueño tenía lo que se llama “boliche”, y ante cada acusación, se colocaba  en el papel de anciano agredido y lograba la simpatía popular.

Varios de sus dirigentes de primera línea compraron la adhesión de algunos de los medios de comunicación más importantes, otorgándoles mucho dinero en publicidad o cargos en la intendencia.

A pesar de todo esto, era un hombre de diálogo y generalmente de buen trato. Lo que se llama un verdadero caudillo. Renunció para postularse nuevamente y asumió Francisco Mesa. Para esa elección se creó el Marbi (Movimiento Acción Reeleccionista Burgueño Intendente) que logró unos 10.000 votos y tres ediles en la Junta, siempre dentro del Partido Nacional. Su victoria en 1994 fue contundente. Varios miles de votantes colorados sufragaron en blanco la intendencia y a su vez otros varios miles votaron en blanco la presidencia para darle su voto a Burgueño.

Pero a pesar del importante incremento presupuestal, su gestión fue deficitaria. El día que presentó al equipo de gobierno que lo acompañaría los siguientes cinco años, lanzó una frase que impactó: “La situación de las finanzas municipales es preocupante, no hay un peso en la caja”. Se detuvo justo antes de hablar de la “herencia maldita” porque se percató de que esa herencia era la de su gobierno. El déficit había llegado a los 10 millones de dólares.

Para entonces Maldonado y particularmente Punta del Este crecían a gran ritmo. Nuevos edificios, casas y urbanizaciones dejaban mucho dinero en las arcas. El presupuesto anual ya era de 70 millones de dólares. En 1995 construyó el nuevo estadio que hoy lleva su nombre para el que se gastó un monto que aún hoy se desconoce.

Pero el 13 de enero de 1998, exactamente después de una reunión con Jorge Larrañaga, en la que discutieron crear el Grupo de los Intendentes en la interna blanca, sufrió un ataque cardíaco que lo llevó al sanatorio donde falleció al mediodía del 14 de enero.

Su sucesor, el empresario Camilo Tortorella, fue un hombre patético. En Maldonado se recuerdan varias anécdotas que no lo dejan bien parado.

En 1999 ya se había votado la reforma constitucional y no solo habría internas partidarias, sino que se separaron en el tiempo las elecciones nacionales de las departamentales.

Fue entonces que apareció por primera vez el nombre de Enrique Antía, que se había desempeñado como edil entre 1985 y 1990. Luego se dedicó a su empresa de jardines. Pero cuando su nombre salió a la luz pública como precandidato en la interna, la primera que se opuso fue Alba Silva, viuda de Burgueño, y entonces se llamó a silencio un tiempo.

Silva no le perdonaba que, en el acto de cierre de la campaña de 1990, Antía hubiera calificado a Burgueño como “un viejo miliquero”, en alusión a su pasaje por la Junta de Vecinos y luego el Consejo de Estado en dictadura.

Como fuera y enfrentándose al candidato del Frente Amplio, Darío Pérez, logró ser electo intendente por escaso margen en el año 2000.

Pero desde el primer día toda su gestión estuvo rodeada de oscuridad. Mientras festejaba el triunfo en la plaza de Maldonado, algunos de sus partidarios y la Policía detuvieron a un hombre que cuchilla en mano se disponía a apuñalarlo. Era alguien con quien no había cumplido. Por la misma razón y pocos días después, otro de sus votantes lo agredió en la puerta de su domicilio.

Las denuncias de la oposición frentista por actos de corrupción era cosa de cada semana en la Junta Departamental. Su director de Vivienda, José Cabañas, fue procesado con prisión por pedir coimas para adjudicar viviendas de interés social. Después debió cesar a su director de Cultura, Ricardo Dutra, por haber incurrido en gastos inexplicables cuando encabezó una delegación que participó en el festival de cine en Cannes, Francia.

En el año 2002, durante la crisis financiera y con anuencia de parte de ediles de su partido y colorados, rebajó un 10% el salario a todos los trabajadores municipales.  Las denuncias por corrupción, esa rebaja y la aparición de oscuros personajes en el entorno del intendente provocaron un quiebre en la bancada perdiendo la mayoría. Entonces se apoyó en el edil colorado Germán Cardoso, quien con otros dos legisladores del sector le aseguraron la mayoría perdida.

Durante esos cinco años el presupuesto anual creció a 120 millones de dólares, pero el déficit según el TCR fue de casi 30 millones.

Antía hizo especial cuestión del control de los medios. No vaciló en usar la publicidad oficial para premiar afinidades y castigar disidencias. Tampoco en reclamar ante algún medio el despido de corresponsales.

Óscar de los Santos, quien en 2005 sería electo como primer intendente frentista, acusó a Antía y a varios de sus directores por enriquecimiento ilícito. A la vez fue denunciado por difamación e injurias, pero luego de varias audiencias el denunciante decidió retirarse. La fiscal del caso, Olga Caraballo, entendió que la denuncia de De los Santos presentaba posibles delitos y pasó todo el expediente a Maldonado para su investigación.

Fue uno de los primeros expedientes que recayó en el juzgado de la magistrada Adriana Graziuso, quien sin más trámite ordenó su archivo. En el 2015 la jueza renunció al Poder Judicial y pasó a desempeñarse como directora de Jurídica durante el segundo gobierno de Antía (2015-2020). Hoy continúa en ese cargo pero también fue elegida como segunda suplente del intendente.

De los Santos gobernó durante 10 años, contó con un presupuesto cercano a los  140 millones de dólares anuales y su déficit final llegó a 43 millones de dólares según el TCR.

En ese período se construyó el saneamiento para casi todo el departamento; la primera etapa de la ruta perimetral, el Centro de Convenciones, se apoyó la instalación de la Udelar, se construyó un teatro nuevo en un barrio lejos del centro. Pero las divergencias internas de la coalición y el acuerdo nacionalista con el Partido Colorado liderado por Wilson Sanabria provocaron su derrota en 2015 a manos de Enrique Antía.

La consolidación

Sin apoyos explícitos de los líderes nacionales, logró una victoria significativa y comenzó a construir su feudo. “Maldonado, un mundo aparte”, era la consigna.

Logró que la Junta aprobara un artículo incluido en el Presupuesto Quinquenal por el cual el 30%  de los nuevos ingresos a la intendencia “podían ser por designación directa” obviando concursos y sorteos.

Designó a varios familiares directos, incrementó el número de directores de confianza (es la intendencia con más directores en todo el país), consolidó la Dirección de Comunicaciones a cargo del periodista Martín Pintos y nombró un equipo de gobierno integrado por muchos que le acompañaron en su primer gobierno.

Invirtió unos 25 millones de dólares para construir un centro de videovigilancia operado por el Ministerio del Interior y adquirió en forma directa a una empresa israelí un sofisticado sistema de cámaras que no cubre todo el departamento, pero casi todos pagan una tasa creada para financiarlo.

Importantes desarrolladores inmobiliarios logran excepciones importantes para sus edificaciones. En el 2019 irrumpió Giuseppe Cipriani, adquiriendo el exhotel San Rafael y presentando un proyecto que comprendía la demolición y reconstrucción del hotel y la construcción de torres con características únicas, sobre todo por su altura. Después de tres años, y con un importante socio capitalista, esta semana el proyecto parece encaminarse.

Pero, además, Antía desarrolló una nueva forma de clientelismo con la adjudicación de compras o tareas, como barrido de calles, a pequeñas empresas o cooperativas lideradas por gente de su entorno.

Ahora son miles quienes tienen una economía dependiente de la intendencia.

Ese gobierno tuvo un presupuesto de 170 millones de dólares anuales. Aún así terminó con un déficit de 100 millones de dólares según el TCR. Debía un peso de cada dos que ingresaban.

Pese a todo volvió a ganar, ahora en forma aplastante, logrando algo que ni Burgueño tuvo: 21 ediles propios, es decir, mayoría absoluta.

Tiene un millón de dólares al año para gastar en publicidad, lo que le asegura el blindaje mediático.

Tal es su poder hoy, que todos saben en Maldonado que el próximo intendente será la persona que él elija, ya que no puede ser reelecto.