Astori y Mario Bergara han defendido esta política, argumentando que una economía abierta al mundo depende de la atracción de inversión extranjera para complementar la capacidad de capitalización interna del país. Además, han insistido en que un marco fiscal favorable es crucial para mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo.
Sin embargo, las exoneraciones fiscales no están exentas de críticas.
Diversos economistas, algunos protagonistas políticos y también algunos empresarios han advertido sobre los riesgos que estas políticas presentan, tales como la pérdida de ingresos fiscales, la competencia desleal y una posible dependencia de la inversión extranjera. Estos críticos señalan que estas medidas pueden terminar beneficiando desproporcionadamente a grandes corporaciones extranjeras, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas nacionales, que deben competir en desventaja fiscal.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con el impacto de las exoneraciones fiscales en los ingresos públicos. Las reducciones impositivas a grandes empresas pueden disminuir la recaudación estatal, afectando los recursos disponibles para financiar políticas sociales y servicios públicos esenciales, como educación, salud e infraestructura. Esto ha generado preocupación sobre si el costo fiscal de estas políticas realmente se compensa con los beneficios económicos que aportan las empresas beneficiadas, habiéndose cuestionado si estas inversiones impulsadas por incentivos fiscales realmente contribuyen a un desarrollo sostenible y equitativo.
Las exoneraciones fiscales también generan competencia desleal entre empresas nacionales y extranjeras.
Mientras las grandes corporaciones multinacionales acceden a importantes beneficios fiscales, las pymes nacionales suelen enfrentarse a las mismas obligaciones tributarias sin exenciones. Esta situación no solo afecta la competitividad de las pymes, sino que también desincentiva su crecimiento y contribución al empleo local.
Además, existen dudas sobre si los incentivos a grandes cadenas de servicios como supermercados, cadenas de farmacias, agentes financieros y zonas francas realmente generan empleos de calidad en comparación con los empleos generados por las pymes locales.
Otro de los riesgos señalados es el peligro de que Uruguay se vuelva dependiente de las inversiones extranjeras que buscan un entorno fiscal favorable.
Este tipo de dependencia puede llevar a que las empresas internacionales condicionen sus inversiones a la concesión de incentivos fiscales, limitando la autonomía fiscal del país y fomentando una “carrera a la baja” en la cual los países compiten por ofrecer mayores beneficios a las empresas, lo cual resulta insostenible a largo plazo.
Mario Bergara ha resaltado que la promoción de inversiones debe orientarse hacia sectores que generen un retorno significativo para la economía local y que las exoneraciones fiscales deberían estar alineadas con objetivos de desarrollo nacional. Según él, es esencial evaluar regularmente el impacto de estas políticas para asegurar que realmente están contribuyendo a la creación de empleo y al desarrollo económico sostenible.
Más recientemente, Oddone ha propuesto un enfoque más selectivo y balanceado para la concesión de incentivos fiscales. Sugiere que los incentivos se otorguen solo a aquellos sectores que realmente impulsan el crecimiento y la creación de empleo.
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Además, plantea la importancia de establecer criterios claros para evaluar el impacto de los incentivos, de modo que el costo fiscal sea proporcional a los beneficios obtenidos. La falta de transparencia en la concesión de estos beneficios también es un tema de preocupación, sobre todo de sectores empresariales, ya que genera legítimas sospechas de favoritismo hacia ciertos sectores o empresas.
En última instancia, la eficacia de las exoneraciones fiscales depende de su implementación estratégica y su constante evaluación. Un enfoque equilibrado, que priorice el desarrollo sostenible y evite la dependencia excesiva de la inversión extranjera permitiría a Uruguay beneficiarse de estas políticas sin comprometer su estabilidad fiscal y su capacidad para financiar políticas sociales.
El hecho de que la discusión sobre el monto, el carácter, el equilibrio, el volumen y la sostenibilidad de las renuncias fiscales se haya impuesto como un tema potente en el debate político es consecuencia de la necesidad de realizar políticas públicas necesarias, y en algún caso imprescindibles, en el marco de restricciones fiscales fuertes y de una presión fiscal que reduce la posibilidad de pensar en nuevos impuestos que, por otra parte, son aparentemente rechazados por la opinión pública y no son asumidos por ningún sector político.
Si la evidencia, al menos, forma parte del conjunto de factores analizados para evaluar políticas públicas, alcanza revisar una largo listado de proyectos promocionados en los últimos años para comprender que estos beneficios fiscales terminan capturados por las grandes empresas. La COMAP se ha convertido de facto en un instrumento más de concentración empresarial.
Es verdad que una parte de estos beneficios se “derrama” hacia los trabajadores de las empresas más grandes, ya que sus sindicatos también disponen de mayor poder de negociación. Y es verdad que algunas veces se crean nuevos empleos formales. Pero también es cierto que habitualmente son menos empleos de los que los proyectos prometen y esos proyectos son escasamente controlados y nunca desafectados. Esto deja gran parte del tejido empresarial completamente desguarnecido y enfrentando una competencia cada vez más desleal.
El problema de las pymes y de la gran mayoría de los trabajadores no beneficiados por este proceso de concentración se ve reflejado con claridad en estadísticas que indican una gradual desaparición de la clase media. Mientras tanto, Azucena Arbeleche, desde su posición en el Ministerio de Economía, sigue firmando livianamente, como lo vemos en el gráfico que publicamos, exenciones impositivas a supermercados, importadores de autos, bicicletas y motos, SAD deportivas, agentes financieros e inmobiliarios, vendedores de ropa al por menor, arrendadoras de autos, farmacias y operadores de zona franca por 1.200 millones de dólares en 2023.
Sólo estos proyectos seleccionados de una larga lista, resultan muy representativos del total. Ellos suman 182 millones aprobados a setiembre de 2023 y a ese ritmo llegaremos a 2.000 millones a fin de año, lo que significa un sacrificio fiscal que en promedio ronda los 1.000 millones de dólares.
Estos proyectos que hemos seleccionado son aquellos que, superando el millón de dólares, cumplen los criterios de enfocarse en la distribución de productos importados de consumo (nada de maquinaria ni capital físico, nada de eso) o en la construcción de inmuebles destinados a actividades recreativas o de consumo.
A modo de ejemplo, en 2023 los proyectos promovidos totalizaron 1189 millones de dólares; en 2022 una cifra similar; en 2021 fueron 534 millones de dólares; en 2020 475 millones; en 2019, el último gobierno del FA, había sido 1554 millones que incluían todo lo de UPM y 483 millones de la Terminal Portuaria de Celulosa, lo que, sin duda, constituía una veta recaudatoria potencial muy importante.
Si en el listado que mostramos en estas páginas nos detenemos en el caso de Tienda Inglesa, nos alcanza para contestarle a las apresuradas críticas que Laura Raffo hiciera al inocente y oportuno llamado de atención de Gabriel Oddone sobre las exoneraciones fiscales… A tienda Inglesa se le declara:
1. Como inversión promovida por 706 millones de U.I., aproximadamente 80 millones de dólares a esa fecha.
2. Se le exonera de todos los tributos de importación incluyendo el I.V.A.
3. Se le otorga un crédito de I.V.A. para la construcción y adquisición en plaza de materiales por un monto imponible de 545 millones de U.I., unos 62 millones de dólares. Haciendo el cálculo a lo bruto, con el I.V.A. al 22 %, eso da cerca de 14 millones más de exención.
4. Se le exonera IRAE por 633 millones de U.I., equivalente a 72 millones de dólares, lo que constituye el 90 % de la inversión total.
¡POR DIOS!
El Estado uruguayo le subsidió una inversión de 80 millones de dólares a un supermercado de lujo para turistas extranjeros y residentes ricos que se construye para reemplazar a otro que se incendió “accidentalmente” meses antes y por el cual el Banco de Seguros adelantó el pago de 20 millones de dólares sin que siquiera hubiera culminado el informe final de Bomberos que, por otra parte, constituye un insumo en la vía judicial que aún no ha exonerado de responsabilidad el supermercado beneficiado. ¡
El propio CEO de Tienda Inglesa reconoce que para hacer el nuevo local en Punta Shopping hubo que gastar 20 millones de dólares.
Pero el sacrificio de los uruguayos para subsidiar 80.000.000 de dólares a Tienda Inglesa es poca cosa si comprendemos que se trata de brindar comodidad a gente de lujo.
Para ellos será una nueva experiencia que pagaremos todos los uruguayos. Accederán al mejor surtido del Uruguay: contarán con un área de cocina en vivo; un sector de cafetería, “Café de la Tienda”, con molienda de grano en el momento; una estación de sushi con elaboración en tiempo real; pizza al taglio (masa orgánica con 48 horas de reposo y passata italiana); un carro de donuts; una panadería con autoservicio de pan caliente y una cava premium con vinos de alta gama. Tendrán un tótem que permitirá realizar el pedido de fiambrería, y un tótem que hace de sommelier virtual, con una campana que va a avisar a todos cuando sale el pan caliente.
¡Mejor es lujo!
Las renuncia fiscales no justificadas contribuyen a un aumento permanente del déficit fiscal, lo que empuja en sentido contrario de lo que fue ostensiblemente la prioridad del Ministerio de Economía hasta ahora: cuidar el grado inversor, aun cuando ello signifique apropiarse de 4.000 millones de salarios en sus cinco años de gobierno, miles de dólares fugados al exterior y negocios para inversores que se han beneficiado de la política antiinflacionaria del Banco Central, con más endeudamiento externo, el dólar planchado y la competitividad por el piso..
La solución a este dilema se encuentra al alcance de las autoridades económicas del próximo gobierno.
Se trata de rever los subsidios que la COMAP otorga a inversiones que poco tienen que ver con el bienestar del Uruguay, que resultan cada vez más onerosas y cuyos efectos en ampliar la capacidad instalada industrial brillan por su ausencia.
Concretamente, el índice de stock de capital fijo de maquinaria y equipos compilado por la Cámara de Industrias se encuentra estancado en los mismos niveles de hace una década. ¿Cuáles son entonces las inversiones promovidas por la COMAP?
Poco importa si la ministra de Economía autorizó una exención a una empresa en la que trabaja su esposo, cuando esta empresa forma parte de la cadena de valor de ese complejo agroindustrial que es el fundamento de la riqueza nacional. Pero sí es relevante cuando firma exenciones de millones de dólares a una empresa financiera de créditos al consumo para que importe muebles y computadores. Esto sí que no se logra entender.
Si no dedicamos los precisos recursos fiscales a generar empleos para esa gran masa de trabajadores subempleados, no vamos a lograr colocar a nuestro país en una genuina senda de crecimiento. Si no se asume que tenemos un problema y que podemos tener la solución, el pato lo seguirán pagando las pymes y los trabajadores no especializados.
