"Gobierno carece de política de crecimiento y desarrollo"

Además, aseguró que la bancada de legisladores no es “optimista” ante la Rendición de Cuentas, porque es probable que no se vislumbren montos significativos que se sumen a las políticas, lo que implica que el Ejecutivo seguirá por el camino del recorte.

“La gran preocupación que tenemos es que el Gobierno carece de una política, de una visión, de una agenda de crecimiento y desarrollo. No se vuelcan recursos que realmente modifiquen las capacidades de la economía uruguaya para crecer en el futuro, no se vuelcan recursos significativos para la ciencia, tecnología e innovación, cosas que fueron bastante maltratadas en estos dos años. Es bastante amplio el abanico de preocupaciones que tenemos que tener, porque venimos de dos años de ajustes y eso se nota tanto en el deterioro en muchas de las áreas como en la falta de una perspectiva de crecimiento y desarrollo económico y social por parte del Gobierno”, reflexionó Bergara.

Consideró que esta política de ajuste por parte del Gobierno amplía la brecha entre pobres y ricos.

“En la mitad del Gobierno, tienes 60 mil pobres más que hace dos años y tienes un deterioro en las condiciones de vida, derivado de la caída de salarios, de las condiciones de vida, del aumento de los impuestos, de las tarifas, combustibles, pero tenes que a los maya oro les está yendo muy bien, tenes récord de exportaciones, precios muy altos, rentabilidades enormes, tal como lo mide el banco central y como se refleja en que, sumando 2020 y 2021, los depósitos del sector privado uruguayo tanto en bancos en Uruguay como en el exterior, aumentaron alrededor de 9 mil millones de dólares”, agregó.

Tras las declaraciones brindadas por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, ¿cómo definiría la situación del país en términos económicos?

En realidad la ministra esencialmente lo que anunció es que están teniendo una proyección de crecimiento de la economía por encima de lo que ellos habían previsto hace un tiempo, poniéndose más en línea con lo que los analistas estaban pronosticando. Es un crecimiento un poco más fuerte, principalmente debido al impulso de las exportaciones. Tenemos hoy un panorama externo con muy altos precios de los bienes que exportamos, con una muy fuerte demanda que tira del carro del crecimiento económico, en contraste con un consumo doméstico, una demanda interna, un consumo de las familias bastante más débil, marcando este proceso en dos velocidades, aquellos que se ven beneficiados por este proceso y la mayoría de la población que ve que sus salarios y jubilaciones caen, que hay más impuestos, que las tarifas suben, lo que enfría la demanda doméstica.

La ministra no dio mayores pistas con respecto a lo que van a presentar de la Rendición de Cuentas. Lo que se vislumbra es que no van a haber montos significativos que se sumen a ninguna de las políticas. Enumeran un conjunto de prioridades, pero habrá que ver si siguen en el rumbo del recorte fiscal y por lo tanto habrá que ver los montos. La verdad es que no somos optimistas al respecto.

¿Qué puntos van a ser en los que el FA estará más atento ante esta Rendición de Cuentas?

En general estamos planteando la cuestión social, tenemos una situación en la que siguen habiendo decenas de miles de compatriotas, más que en 2019, por debajo de la línea de pobreza, estamos preocupados por las políticas de carácter social, los temas de salud y educación. La reforma educativa, que tanto se habló, no se ha visto que se den recursos que le den soporte. En el caso de la vivienda, que han hablado y hablado de los fideicomisos y del cero asentamiento y todo lo demás, pero resulta que se han recortado recursos y no se vislumbra que haya montos significativos para sumar a la construcción o ayuda en materia de vivienda. En materia de inversiones, el Gobierno está jugando a ver si atrae inversión privada, pero la inversión pública sigue siendo débil, ha sido de los rubros que más cayó en los años anteriores.

La gran preocupación que tenemos es que el Gobierno carece de una política, de una visión, de una agenda de crecimiento y desarrollo. No se vuelcan recursos que realmente modifiquen las capacidades de la economía uruguaya para crecer en el futuro, no se vuelcan recursos significativos para la ciencia, tecnología e innovación, cosas que fueron bastante maltratadas anteriormente. Es bastante amplio el abanico de preocupaciones que tenemos que tener, porque venimos de dos años de ajustes y eso se nota tanto en el deterioro en muchas de las áreas como en la falta de una perspectiva de crecimiento y desarrollo económico y social por parte del gobierno.

¿Esto implica un aumento de la brecha entre pobres y ricos?

Evidentemente. En la mitad del Gobierno tienes 60 mil pobres más que hace dos años y tienes un deterioro en las condiciones de vida, derivado de la caída de salarios, de las condiciones de vida, del aumento de los impuestos, de las tarifas, combustibles, pero tenes que a los maya oro les está yendo muy bien, tenes récord de exportaciones, precios muy altos, rentabilidades enormes, tal como lo mide el Banco Central y como se refleja en que sumando 2020 y 2021 los depósitos del sector privado uruguayo tanto en bancos en Uruguay como en el exterior, aumentaron alrededor de 9 mil millones de dólares, una cifra realmente exuberante que muestra que algunos sectores minoritarios de la sociedad uruguaya que realmente están teniendo beneficios muy altos, por lo tanto, todo hace pensar que la brecha entre pobres y ricos en Uruguay se ha ampliado y las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población ha empeorado.

“No hay cortina de humo que sea capaz de tapar el escándalo”

Bergara se refirió a la entrega del puerto a Katoen Natie. Consideró que “no hay cortina de humo que sea capaz de tapar el escándalo” de que por parte del Gobierno se violó la Constitución, la ley y los procedimientos.

“Tratar de pasar de acusado a acusador, cosa que ya vimos en otros casos como fue en el Ministerio de Turismo, no son más que cortinas de humo para tratar de ocultar la escandalosa entrega que han hecho”, agregó.

En febrero de 2021, el Gobierno extendió por 60 años la concesión hasta 2081, lo que ocasionó el rechazo por parte del Frente Amplio. Los senadores Charles Carrera y Mario Bergara presentaron una denuncia penal en la Fiscalía.

¿Cuál es su reflexión del caso de Katoen Natie?

Es un escándalo por el contenido y por la forma, porque se le regala a una empresa privada un monopolio por 60 años, cosa que no tiene precedente, un monopolio que tiene un valor multimillonario. Estimamos que tiene más de 2 mil millones de dólares, sin una justificación clara, violando la Constitución porque no se puede dar un monopolio sin ley, violando las leyes, porque el monopolio suplanta la competencia que está estipulada en la ley de puertos.

Es escandaloso porque se hizo de manera abusiva, violentando todos los procedimientos de buena administración pública. No sé le pidió ni un solo informe, ni técnico, ni económico ni jurídico en ningún ámbito del Estado. El expediente que resuelve el acuerdo con Katoen Natie está absolutamente vacío, no hay informes y un Gobierno no puede tomar tamaña resolución de regalar un monopolio por sesenta años sin un informe de ningún tipo por parte de un estamento del Estado. En el Estado, para comprar lapiceras, tiene que solicitar informes a los servicios. En este caso, no se solicitó ningún informe.

Es un monumento al abuso de funciones y a la falsificación ideológica que es una figura delictiva, razón por la cual los senadores del FA presentamos a la Fiscalía una denuncia penal contra las autoridades que aprobaron este acuerdo y lo llevaron adelante. Además, es un acuerdo que perjudica a la sociedad porque va a encarecer la actividad portuaria al eliminar la competencia.

Por tanto, la entrega del monopolio es inaceptable. Además es un monopolio que queda sin regulación, es la peor de las soluciones porque se eliminan regulaciones que antes el Estado tenía, por ejemplo la conformación de algunas tarifas. Pero entonces, además de violar la Constitución, la ley, los procedimientos, se incurrió en delitos y es altamente perjudicial para el interés nacional.

¿Qué contradicciones se han encontrado en el caso?

En primer lugar, el ministro Heber dijo públicamente que se sentía orgulloso y contento de haber entregado el puerto pero él va a la Fiscalía porque está denunciado por delitos, por lo tanto, no es de sus sentimientos que tiene que hablar, es sobre cómo incumplió la ley y la Constitución para entregarle un monopolio a una empresa privada.

El prosecretario quiso tirar una cortina de humo diciendo que el Frente Amplio era el que tenía que explicar por qué habían irregularidades en la gestión anterior. Irregularidades que nadie denunció aún cuando el actual presidente del puerto era director del mismo por la oposición anterior y jamás se hizo una denuncia, por lo que no hubo irregularidades en los gobiernos anteriores. Él está ahí para explicar lo que hizo ahora. Tratar de pasar de acusado a acusador, cosa que ya vimos en otros casos como fue en el Ministerio de Turismo, no son más que cortinas de humo para tratar de ocultar la escandalosa entrega que han hecho.

No hay cortina de humo que sea capaz de tapar semejante escándalo. En vez de tirar bombas de humo tratando de que todos miremos al pasado, cuando en realidad no hubo irregularidades ni denuncias, tiene que concentrarse en explicar por qué trabajó en un acuerdo que violaba la Constitución y la ley.

El presidente del puerto también entró en contradicción. El puerto tenía que asesorar al Gobierno antes de que el acuerdo se firmara y eso no sucedió. El Ministerio le pide al puerto que informe prácticamente dos meses después de haber firmado el acuerdo, ese informe lo hace el presidente y ni siquiera lo pasa por el directorio. Esa simulación del proceso, que se da de un día para el otro, una cosa insólita, es lo que configura la falsificación ideológica y el presidente del puerto aparentemente se contradijo cuando le contestó a la Fiscalía que no sabía si debía pasar o no ese informe por el directorio. Es absolutamente obvio que quien toma las decisiones en cualquier ente autónomo o en un servicio descentralizado como es el puerto, la decisión la toma el directorio, no el presidente. Si él no pasó el informe a la Dirección Nacional de Puertos, ese informe no es de administración nacional, así que también en eso se incumplió la ley. Las comparecencias de las autoridades no hacen más que confirmar que a este acuerdo se llegó violando la Constitución, la ley, los procedimientos.