Protectores del Capital y dinero ilegal en nuestra economía

La idea es profundizar sobre esa pregunta que vos dejaste flotando como provocación para la reflexión sobre hasta qué punto, de alguna manera, estamos dispuestos a tolerar o no el ingreso de capital internacional sin saber mucho si es legal o ilegal, porque, entre otras cosas, vos decís que esos capitales que están ingresando, que no sabemos o no se quiere investigar muy bien sus orígenes, han dinamizado algunas economías.

Y es lo que sucede en realidad, hay mucha imprecisión sobre eso, no se sabe mucho y las mediciones son siempre muy indirectas.

Todo fenómeno elusivo es difícil de ser observable y se buscan estrategias pero hay una gran incertidumbre, sobre todo en un país como el nuestro, que construye su modelo económico, su sistema financiero, con base en recibir capital internacional. Una de las claves es controlar y vigilar poco, porque ese capital huye, no es que no va a venir, pero está buscando en el globo ir a las mejores jurisdicciones donde se le pregunte poco, pague poco impuesto y todo ese tipo de cosas.

Entonces Uruguay crea esa estructura con un montón de instrumentos para eso.

Los intelectuales liberales Ramón Díaz, Végh Villegas e Ignacio de Posadas, intelectuales orgánicos, piensan así, tienen estas ideas; el tema es hasta qué punto dejar libre el mercado y el sistema financiero. El capital criminal aprovecha eso, la renta criminal se aprovecha, la renta criminal se cuela en los circuitos formales e institucionales, va a buscar eso; entonces puede entrar buen capital legítimo, obtenido de fuentes legales de la economía, pero ante debilidades de vigilancia, control, regulación, castigo, se cuela el capital criminal. Históricamente ha sido así.

Fíjate que el gran caso de lavado es de finales de los 80, con Raúl Vivas (argentino detenido en 1989 en Punta del Este, dueño de un Cambio) o del Lava Jato, que no es un caso esporádico, hay como una suerte de institucionalización; la información corre, las redes de información, corre y fue aprovechado por otros, más adelante, el mexicano, colombianos y de otros lados.

Cuando uno piensa el país y hasta dónde se protege el capital, tiene que ver, también, con PHP (lenguaje de programación interpretado del lado del servidor y de uso general que se adapta especialmente al desarrollo web) y las posibilidades que ofrece el país para el desvío tributario o para pagar poco tributo de actividades, como el caso de una empresa internacional que no tienen la producción acá pero, sin embargo, las oficinas están acá y lo que pagan de tributos es mucho menor de lo que pagan en Argentina o en Italia, entonces son todo facilidades que Uruguay ofrece para que venga capital de alguna u otra manera. Uno puede entender que eso sea necesario para un país como el nuestro. La pregunta es cuál es el equilibrio y definir que la renta criminal no la queremos; la renta manchada de sangre, venga de donde venga, está manchada de corrupción.

Hay una suerte de disociación entre quienes están en las actividades financieras y el origen espurio de esos capitales.

Ese es otro tema importante porque los protectores del capital, como yo los llamo, disocian su tarea de las actividades de sangre y violencia que están detrás de todo esto.

Por otra parte, hay una gran hipocresía moral en todo esto porque Uruguay ha sido señalado sistemáticamente por este tipo de prácticas por países que tienen estas prácticas a la interna, países que lideran organismos internacionales muy fuertes que presionan a Uruguay.

Hay algunos cálculos, yo prefiero no decirlo porque la verdad es que es todo muy impreciso, pero sabemos que es una plata considerable y a los países que se sabe se les va esa guita, no quieren que se vaya; después empiezan las discusiones sobre este impuesto global y no a las grandes empresas multinacionales.

Los Estados pobres, por definición, tienen que recaudar de alguna manera.

¿Y el Estado uruguayo ha encontrado esa forma de recaudar?

Bueno, el tema es hasta qué punto, tampoco es cuestión de cerrar todo y eliminar, porque no sabemos cuánto puede impactar esto en los trabajadores, ni que hablar en los protectores del capital; pero también eso va a impactar en los trabajadores y puede impactar en el sistema de crediticio; hay una discusión al respecto, sobre todo con los créditos al consumo, pero ¿Cuánto puede impactar?, no sabemos muy bien.

Países como Afganistán con respecto al opio o Jamaica con respecto al cannabis, o mismo Paraguay con respecto al cannabis, o sea, realmente a uno le da la impresión de que tiene un peso muy importante en la economía de ese tipo, como el tabaco, por ejemplo.

Bueno, ¿cuánto, entonces? Ahí hay un tema, no es tan sencillo.

Vos decías que uno de los problemas que hay para poder abordar desde el punto de vista científico el análisis tiene que ver con esa falta de datos, ¿falta de datos que tiene que ver con un problema de sistematizarlos o con una falta de voluntad de que esos datos y la información se conozcan?

Hay de todo tipo de límites, pero el límite más grande es en particular un fenómeno que no se quiere dejar ver, entonces hacerlo ver es un problema y, cuando se hace ver, lo haces ver a partir de la detección que hace el propio Estado. Entonces de lo que te terminas enterando es de lo que el Estado captura. No te terminas enterando de todo lo que pasa; uno tiende a suponer que en estos casos el Estado captura muy poco y lo que captura son los eslabones más débiles de todo esto.

Otro límite es que está todo permeado por el secretismo. Hay grandes cerrojos en todo esto, secreto bancario, secreto tributario, secreto profesional. Entonces fuente de información que puede proceder del Banco Central, de la DGI o mucho de la Brigada Antidrogas, la confidencialidad es parte de todo esto.

Yo he hecho un montón de solicitudes de acceso a la información y me han negado un montón de cosas. Entonces, claro, ese es otro gran cerrojo. Se protege la confidencialidad con base en principios liberales de la intimidad, de la individualidad y de la privacidad.

Hay desarrollo jurídico, de filosofía jurídica, al respecto, con base en un sistema liberal.

¿No habría que flexibilizar en Uruguay el secreto bancario?

Si eso se abre entramos en el problema de los equilibrios. Podemos empezar a saber muchas cosas, de repente a capturar delitos y decomisar dinero y otros bienes que son necesarios, pero huye el capital, porque abriste la canilla y esto no le gusta al capital.

Es muy parecido esto a la discusión del puerto en cuestiones de vigilancia, porque uno piensa que en realidad el gran capitalista o el comercio, el comercio con el exterior, esos grandes volúmenes sí se manejan en el ámbito legal y no deberían tener ningún miedo a nada. Pero bueno, el tema es que los controles se ven como pérdida de tiempo y recursos y eso no es algo que guste.

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La actividad que surgió más clara es la que tiene que ver con el narcotráfico. Pero uno también tiene la presunción de que, por lo menos en el blanqueo de capitales, se derrama a otra serie de actividades que están más institucionalizadas o asimiladas en la sociedad. Me refiero al mundo del entretenimiento y el deporte, por ejemplo.

El deporte puede ser uno de los lugares de blanqueo, pero hay varios sectores; los más usuales están vinculados al turismo, al rubro inmobiliario, a la construcción en el campo, etcétera.

Hay que admitir que los reportes de operaciones sospechosas e inusuales no funcionan realmente; funcionan cuando quien reporta lo hace con voluntad de buena fe sobre sus clientes, un cliente capaz que ocasional. Pero, generalmente, quienes lavan dinero realmente establecen vínculos con protectores del capital, que saben que les van a permitir eso y les brindan la confianza de que no les va a denunciar; entonces nunca va a haber un reporte de operación sospechosa realmente sobre un cliente tan prejuzgado. De hecho, es parte de su propio negocio, del protector de capital, y por eso tenemos los casos que tenemos.

Siempre saltan casos de afuera, nada salta de acá; los que saltan de acá no son gran cosa. Fíjate en Lava Jato, cuando vino este gobierno a los dos meses lo archivó porque no han encontrado elementos.

Hay muchos rubros donde los reportes de operaciones sospechosas inusuales no funcionan. Fíjate en el boom de la construcción de los últimos 10, 15 años, los reportes de operaciones sospechosas de la construcción son ridículos. Hay algunos que dicen: “Las construcciones reciben su capital mediante transferencias electrónicas bancarias”, que es la parte más segura. El sistema sí está todo bien, es la parte más segura; el sistema de los sujetos financieros como un banco, con un sujeto no financiero como un escribano.

Pero, al fin y al cabo, tenemos un montón de ejemplos de bancos que participaron en lavar dinero a grandes organizaciones criminales de todo tipo.

Después tenés alguna investigación que pueda hacer la Policía, que no está capacitada, no está formada para eso, no tiene preparación para eso. Y eso es muy claro, pues fíjate que otras fuerzas de Seguridad Pública de otros países que quieren hacer estas cosas, están contratando contadores, abogados; o sea, en vez de tener policías invierten en contadores, complementariamente.

Y acá no, estamos lejísimos. Acá se está tratando de que en la Fiscalía se fortalezcan estas figuras, pero es la propia Policía, porque la Policía le lleva la investigación a la Fiscalía. Y hay que hacer como la DEA que además de perseguir personas persigue dinero; de hecho les duele más a los grandes.

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¿Cómo se define esto de la ruta del dinero?

Bueno, hay distintas rutas de dinero. Hay casos en Uruguay donde el país, a través de protectores del capital, es parte de una cadena de transacciones. La idea de lavar dinero es que la fuente original que hizo el primer depósito de ese dinero, hizo la primera copia y, para que ese dinero desaparezca, tiene que desarrollar varias cosas, como tener un “prestanombres”; Uruguay tiene la figura de prestanombre y necesita desarrollar una cadena de transacciones de ese dinero que puede pasar por cualquier parte del mundo y Uruguay en parte realiza ese tipo de trabajo. Vos fíjate que hay un instrumento que se llama “instituciones financieras externas”. Es un instrumento financiero de banca offshore. Acá conocimos la de Andorra, que era una IFE, una institución financiera externa, que le permitía a esa institución hacer transacciones al exterior para cualquiera. Y los sobornos pasaban por el Pan de Azúcar; el caso fue el de Betingo Sanguinetti, y no sé si alguien más, que pasaban por el PA haciendo transacciones de plata vía Brasil y la mandaban a Perú.

Es lavado de dinero directo como tal, y ahí se auxilia mucho en los Panamá Papers, donde quedó demostrado cómo estudios uruguayos se auxiliaban de servicios panameños para desarrollar este tipo de estrategias para lavar, pero también para desviar pago de tributos.

Es increíble lo de los Panamá Papers, porque Uruguay, con lo que somos, un pequeño y remoto rincón del mundo, estaba entre los 10 primeros clientes del estudio Mossack Fonseca.

Eso es un gran servicio que le brinda el Uruguay al mundo, aunque hay que reconocer que algunas cosas, después de la Ley Integral contra el Lavado de Activos de 2017, cambiaron y mutan. Pero bueno, el servicio se ofrece.

¿Cómo todo esto se mezcla con la política?

Porque muchos son los mismos actores, o participaron de la política, o están vinculados con actores políticos muy cercanos; muchos son familiares, son negocios familiares.

Entonces estás hablando cómo la élite del poder, si se quiere, no con el nudo de la red de protección más dura de todo, porque el que te piensa la construcción de la política económica, que en dictadura se fortaleció y en los 90 terminaron muchos de ellos vendiendo los mismos servicios. El asunto gordo, el nudo del asunto, es que se disocian y que colaboran con el crimen organizado.

¿La SENACLAFT, como organismo, debería estar fuera del Poder Ejecutivo?

Fuera totalmente. Independencia total, por supuesto.

¿Hay una baja percepción del riesgo por parte del sistema político?

Yo estoy de acuerdo con esa valoración, y digo “valoración” porque no está medido, eso lo queremos medir. De hecho, presentamos un proyecto de investigación para medirlo. Un ejemplo es la percepción de riesgo del sistema político sobre el riesgo de lavado de dinero, usando una encuesta preguntando sobre distintos ítems. Una encuesta no te va a revelar la verdad, pero si va a acercar a algo, se va a aproximar a algo que necesitamos: el dato, el número.

Ahora, una cosa es medir la percepción y otra cosa es que pueda terminar siendo algo, porque en los papeles todos te pueden decir “sí, hay que hacerlo”, pero después no se generan cambios.

Hay indicadores que nos hablan de eso. Por ejemplo, muchas modificaciones que se estuvieran haciendo en el país son por presiones internacionales, no por una verdadera voluntad política. Después hay leyes que no se votan, naufragan; por ejemplo, el financiamiento de los partidos, el enriquecimiento ilícito, corrupción privada, corrupción pública, o sea, hay un montón de cosas. Este es un gran problema de todos los partidos.

Durante el progresismo hubo muy buena voluntad de varios actores. Se juntó Ricardo Gil en un grupo en el que estaba Milton Romani. En la Junta Nacional de Drogas se empezaron a juntar actores, pero también venía un poco de antes, porque Leonardo Costa viene del gobierno anterior (Batlle) y Montes de Oca, pero lo que hay que entender es que, más allá de que había actores clave que son necesarios para movilizar el asunto, en el 2001 vinieron los atentados a las Torres Gemelas y, con ese hecho puntual, Estados Unidos se puso de punta para saber dónde se lava y cómo se financia el terrorismo.

Ahí te das cuenta de que el contexto es clave para todas las reformas y Uruguay actualizó toda su legislación. Fue un cambio normativo importante y lo que dicen los abogados especializados es que tenemos una buena norma. Faltan cosas como las cosas que te he mencionado, pero es una buena norma. El tema es la práctica. Cuando veo las estadísticas y el repaso de críticas al Poder Judicial, repaso las estadísticas de los reportes de operaciones sospechosas inusuales y los problemas que tienen para la investigación. Ahí sí estamos en pañales.

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Odebrecht

¿Es solo un problema de recursos humanos, de falta de recursos económicos, o hasta qué punto hay un interés real en atender estas cosas?

Es un servicio que ofrece el Uruguay, el servicio de proteger el capital hasta que se quiere tocar, porque Uruguay no investiga a esta casi decena de personas que están vinculadas con el Lava Jato, por ejemplo; son señales de que se protege el capital y este modelo.

En todas las campañas electorales podríamos decir que, en su conjunto, el sistema político tiene como elemento central el combate al narcomenudeo y la inseguridad. ¿Esto no empaña la visión sobre este delito de los de los ricos?

Bueno, este gobierno tiene una política criminal, pero ha priorizado el microtráfico, eso es muy claro. El gobierno anterior no era así, pero el asunto es que realmente los que te mueven la pelota son los grandes.

Y al ver que este fenómeno es transnacional, supera al Uruguay y es histórico, es estructural; o sea, vamos a entendernos, a veces, hagas lo que hagas, no lo vas a solucionar.

A pesar de todos los dineros que se ha gastado Estados Unidos en esto desde por lo menos la década de los 70 en adelante, no lo ha podido solucionar.

Hay que tener cierta modestia para ver hasta qué punto combatir; a mí el lenguaje de guerra no me gusta para nada y siempre salís perdiendo al aplicar una guerra; en el tráfico de las drogas hay un montón de ejemplos al respecto.

Me parece que el camino es la gestión de la seguridad, que es mucho más modesto. El tema es cómo gestionar la seguridad, llevando adelante alianzas o pactos.

Los controles parecen irrisorios de hace añares en Uruguay: un solo escáner que funciona mal en el puerto, mientras en los otros puertos no se sabe lo que pasa-, en el litoral, con los puertos privados, hay un montón de historias de contrabando, hasta contrabando de dinero, y no hay control del río Uruguay. Es ridículo, la famosa Hidrovía, los aeropuertos, los aeropuertos clandestinos, las pistas en los campos, los radares que no llegan a captar determinada altura; o sea, es ridículo, hay cosas que pasan y son ridículas.

En el negocio, en el mercado ilegal, hay contrabando con mercancía legal; o sea, igual legalizando la cocaína, va a haber contrabando con cocaína.

Que deje de existir el contrabando es imposible, el crimen cero; entonces, la cuestión es gestionar, controlar mucho mejor y vigilar con ganas, que haya voluntad de vigilancia y de control, que es algo que no encontrás.

Hay una cosa del modelo país y una cuestión también muy simbólica, de que acá no pasa nada, que está todo bien; tenemos instituciones muy fuertes, un discurso del relato oficial que se lo han comido todos los partidos y se empieza a reconstruir un poquito de la excepcionalidad uruguaya.

Queremos medir la percepción de riesgo si empezamos a controlar realmente todo esto, cuánto nos va a incidir en la economía, en el lavado, en el comercio exterior.

¿Cómo impacta esto en las comunidades de los barrios populares?

Quedaron listos los débiles en los barrios con la violencia en las comunidades. Ahí también se juega mucho en lo cultural, porque, por un lado, hay una trilla que siempre es una bomba de tiempo y que está vinculada a la aspiración personal. La sociedad de consumo va, por un lado, a una aspiración misma de tipo cultural y simbólico, hacia donde quiero llegar, una suerte de emulación cultural.

Eso se observa sobre todo con expresiones artísticas como el hip hop, el trap, o mismo el reggaetón; el uso de determinada ropa, el uso de determinadas joyas, la aspiración con el auto o con la mina de allá. Y, después, la masculinidad de tipo hegemónica, que es la violenta que predomina, para obtener respeto, para conseguir reconocimiento, para obtener ciertos logros; expresar esta violencia que integra la masculinidad y que opera como una suerte de integración social.

Estos elementos no se adquieren por caminos normativos; son todos caminos fuera de la conformidad social, porque ni la educación ni el trabajo llegan a estos lugares; la educación no es promotora social, los pibes lo saben.

Se les está exigiendo que se adapten, que sean funcionales a unas condiciones de vida en las que nunca se les va a dar lo que ellos esperan. La salen a buscar por otro lado, aunque tengan riesgo de muerte; el ejercicio de la violencia es directo y físico, la muerte y la crueldad; el momento de hacerte morir.

¿Y en los protectores de capital?

También opera la masculinidad en el sentido de imposición a algún otro, de adquisición de poder, sometimiento a otro por otras vías. Vos fíjate cómo un protector de capital puede ser un abogado renombrado que logra determinados beneficios del Estado y el gobierno; para muchos es un genio, consigue lo que pocos consiguen.

Los protectores de capital son básicamente profesionales, una mezcla heterogénea entre profesionales, oficios; un agente inmobiliario tiene un capital que, venga de donde venga, sin preguntar nada lo va a proteger. A veces ni conocen el cliente en sí, se lo presenta un mediador, y brindan servicios al capital sin mayores pruritos.

Y sin ellos el negocio no funciona, porque, cuando hablamos sobre las grandes organizaciones, sobre las medianas y sobre sus líderes, donde la finalidad última es lavar el dinero para poder utilizarlo, sin esta gente no pueden hacerlo. Sin escribanos y/o abogados no lo pueden hacer.

Gabriel Tenenbaum Ewig (Montevideo, 1983). Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología (El Colegio de México) y docente e investigador en la Universidad de la República (UdelaR). Integra el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) desde 2015. Entre los años 2017 y 2018 realizó un posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, entre 2018 y 2020, otro en la UdelaR. Sus últimas publicaciones son: Los desafíos de la justicia para adolescentes en América Latina. Avances y retrocesos en el enfoque de derechos humanos (2022, Colmex-UdelaR, en coautoría), Relatos de muerte. Homicidios de jóvenes montevideanos en ajustes de cuentas y conflictos entre grupos delictivos (2021, Proyecto ANII, en coautoría), Vidas castigadas. Historias de adolescencias detectadas por los sistemas de justicia de Montevideo y de Ciudad de México (2020, UdelaR) y Youth Violence in Latin America (2020, Oxford Research Encyclopedia of Criminology, en coautoría). Hace poco sacó su último libro, Los protectores de capital.