La audiencia virtual de las expresas políticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se tituló Acceso a la verdad, justicia y reparación con perspectiva de género en Uruguay. Participaron mujeres en representación de las denunciantes, el Estado, la ONU y la CIDH.
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Hace 10 años, en octubre de 2011, un grupo de 28 mujeres expresas políticas denunció haber sufrido violencia sexual durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985): desnudez forzada, humillación con connotación sexual, violación, amenaza de abuso sexual, abuso sexual, explotación sexual, acoso sexual, embarazos y abortos forzados, forzamiento de exhibicionismo entre otras formas de violencia sexual.
Este año, ante la falta de respuestas por parte del Estado en materia de justicia, verdad y reparación íntegra, el grupo elevó la denuncia ante la CIDH.
Lo que dijeron las denunciantes
Primero, un video: testimonios de expresas políticas sobre lo que sufrieron durante la dictadura, la falta de acceso a la justicia, la invisibilización de su situación, la falta de respuestas del Estado. «Muchas veces pasa que dicen que se le fue la mano a una o era un loco suelto. No. Había una concepción y preparación, adiestramiento de que eso había que hacerlo así. Y así se hizo», afirma una de ellas.
María Noel Leoni, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional: «Esta comisión conoce muy bien que en el marco de la dictadura en Uruguay se cometieron crímenes de lesa humanidad y conoce muy bien que la deuda de verdad y justicia con las familias no se ha cumplido», sentenció Luego mencionó que los avances han sido insuficientes y que «la falta de justicia es responsabilidad de Estado».
«Lejos de avanzar se han hecho declaraciones desde el Gobierno que señalan un retroceso», puntualiza Leoni. «La violencia sexual constituyó un arma de guerra para castigar a las mujeres presas políticas. Este aspecto permanece en la sombra, en el silencio de la justicia, el aparato estatal y la sociedad. La causa no ha avanzado de su estado inicial».
La palabra pasó a Jacqueline Gurruchaga y Blanca Menéndez, denunciantes: «Somos un grupo de mujeres expresas políticas que fuimos secuestradas torturadas y abusadas sexualmente durante el terrorismo de Estado en el país. La sistematización de los procesos represivos a los que fuimos sometidas deja en evidencia el carácter de crimen de lesa humanidad. En 2011 presentamos una denuncia penal por torturas y mas allá de múltiples pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos no hemos recibido reparación integral».
Denunciaron a más de 100 personas: oficiales, médicos, psicólogos, personal de tropa; solo uno de ellos fue procesado, y ni siquiera por tortura y violencia sexual, crímenes que confesó. «En el marco de una cultura de impunidad hemos sido sometidas a procesos de revictimización, nos han hecho declarar varias veces y revivir la situaciones de violencia y abuso sexuales que de forma planificada durante el terrorismo de Estado sufrimos. Fuimos sometidas a pericias psiquiátricas donde nos solicitaban detalles sobre las torturas (si las torturas eran recibidas en períodos menstruales, embarazadas o si nos habían provocado abortos). Hemos compartido salas de espera con torturadores o abogados defensores que con violencia verbal y simbólica nos han interrogado».
El caso sigue en etapa presumarial, se siguen tomando declaraciones y no se han presentado las dos personas indagadas por la Fiscalía desde 2018. «Las víctimas, sus familias y quienes habitamos Uruguay tenemos el derecho irrenunciable a conocer la verdad íntegra, completa y pública. Queremos recibir justicia y reparación integral y que el Estado reconozca que vulneró nuestros derechos y que eso se difunda porque forma parte de nuestro derecho a reparación y no repetición».
Además, dejaron constancia de que en marzo de 2020 se discontinuaron los servicios de atención psicológica y psiquiátrica a ellas sus hijas/os y sus nietas/os.
«Hoy estamos acá, después de 48 años del inicio de estas violaciones por parte del Estado. Y continuamos esperando justicia. En estos años han fallecido tres compañeras que iniciaron esta denuncia con nosotras. No es el interés personal el que nos mueve, fuimos y somos luchadoras sociales. Queremos aportar desde este lugar a construir en nuestro país un marco constitucional que asegura a generaciones futuras la garantía de no repetición de la intolerancia, abuso, discriminación por parte del Estado».
Le solicitaron a la CIDH que haga una visita virtual a Uruguay a fin de examinar de forma directa la dificultad de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de tortura durante la dictadura, con especial énfasis en las víctimas de abuso sexual. Pidieron también apoyo técnico para acompañar a las denunciantes. que la CIDH acerque una nota técnica que explique como deben tratarse estos temas y la importancia de la no revictimización.
La respuesta del Estado
Comparecieron en representación del Estado la doctora María Sande, directora de Derechos Humanos de Cancillería; el embajador Luis Bermúdez; la doctora Luján Criado en representación de Matilde Rodríguez Larreta, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia; el doctor Ricardo Perciballe, fiscal letrado en crímenes de lesa humanidad y el secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia, Gustavo Nicastro.
Sande aseguró que el Estado uruguayo «reconoce, repudia y condena los abusos y aberrantes crímenes ocurridos durante el período dictatorial ocurrido entre 1973 y 1985». Luego, enumeró la lista de acciones que a su entender fueron «pasos decididos» para llegar a la verdad y condenar a los culpables.
En respuesta indirecta a las denuncias de irregularidades y revictimización sufridas por las expresas políticas en el proceso judicial, aseguró que «el Estado avala la actuación de sus órganos judiciales» y remarcó que «se hizo todo lo posible». Reconoció «falacias del sistema judicial» y después argumentó que la dilación de los procesos es entera responsabilidad de los abogados defensores y los recursos legales que interponen.
Perciballe aseguró a las denunciantes que aunque la causa está frenada por esos recursos, para Fiscalía la investigación está concluida: «Está absolutamente probado lo que ustedes plantean», dijo hablándole a las mujeres.
Interpelaciones
Las integrantes de la CIDH que participaron en la audiencia extendieron preguntas al Estado sobre las garantías que se les ofrecen a las víctimas y los esfuerzos que hicieron, hacen o podrían hacer.
- ¿Se forma de manera específica a los agentes del Poder Judicial en materia de violencia sexual en el contexto del terrorismo de Estado?
- ¿Hay líneas de investigación específicas para el caso de violencia sexual?
- ¿Para el caso de violencia sexual se han realizado acciones concretas según los estándares internacionales?
- ¿La legislación interna tiene un análisis particular de violencia sexual en contextos de dictadura?
- ¿Cuáles son las líneas procesales y de fondo en la tipificación?
- Si bien se ha dicho que hay un proceso que hay que respetar, ¿hay medidas de reparación, de reconocimiento, de acompañamiento? Justicia no es sinónimo de proceso judicial.
- ¿Qué precisan las víctimas para sentirse reparadas?
- ¿Hay un protocolo específico de abordaje de casos de violencia sexual en dictadura?
- ¿Se frenó la atención psicológica a expresas y a sus familias?
- ¿El Estado acepta la guía técnica y la visita virtual de la CIDH?
Las respuestas, dadas en parte por la sociedad civil y en parte por el Estado, fueron: no hay ni protocolo, ni legislación especial ni tipificación para casos de violencia sexual durante la dictadura. De hecho, estos casos se tratan igual que cualquier otra denuncia.
No hay formación específica en violencia sexual vinculada al terrorismo de Estado. No hay medidas de reconocimiento, difusión y reparación integral. El Estado no entiende por qué la atención psicológica frenó y aseguró que no tendría que estar pausada (adjudicó el problema a una licitación no confirmada). El Estado no contestó si está de acuerdo con las peticiones de las denunciantes, eso lo dirá a futuro por escrito.
Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión, sentenció, refiriéndose a la legalidad de los recursos interpuestos por los denunciados: «Le pedimos a las víctimas que entiendan los procesos y no cambiamos los procesos para que sirvan a las víctimas».
Ahora, como en los últimos casi 50 años: a esperar.