Los incumplimientos contractuales y disputas legales marcaron la operación. Tras fallos judiciales adversos, la compañía acusó al entonces presidente Cipriano Castro de interferir y terminó financiando intentos para derrocarlo, un antecedente temprano de la injerencia corporativa para “defender” intereses privados. Pese al escándalo y al respaldo explícito de Washington, la empresa —luego absorbida por la General Asphalt Company— siguió operando hasta 1935.
Concesiones generosas y un Estado sin resguardo
Aunque Venezuela estableció en 1854 un código minero que reconocía el dominio nacional del subsuelo, las leyes posteriores dejaron amplios márgenes a las empresas. La normativa de 1904 fijó impuestos e ingresos considerados irrisorios incluso para la época, sin prever reservas estratégicas para la nación. Estas políticas “liberales” atrajeron inversionistas extranjeros que se movieron entre opacidad legal, tráfico de influencias y presión política.
El desequilibrio se hizo más evidente con el petróleo. Entre 1917 y 1928, las primeras grandes exportaciones —desde el pozo Zumaque I— produjeron 240 millones de barriles de crudo, pero apenas dejaron 8 millones de dólares al fisco. En casi dos décadas (1917-1936), el país recibió solo el 8 % del valor generado por más de 1.100 millones de barriles producidos.
Incluso hasta la nacionalización, en 1975, el reparto siguió siendo desigual: de 104.167 millones de dólares generados, el Estado obtuvo 42 %, en su mayoría recién a partir de mediados de los años sesenta.
Transnacionales y control estructural
Durante buena parte del siglo XX, la producción y refinación quedaron en manos de grandes consorcios: Standard Oil (hoy ExxonMobil), Chevron y Royal Dutch Shell dominaron yacimientos clave y refinerías estratégicas. Venezuela se convirtió, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, en proveedor “seguro y confiable” para EE.UU., consolidando una relación asimétrica.
El abogado y exministro Juan Pablo Pérez Alfonso —fundador de la OPEP— describió esta etapa como el resultado de presiones de intereses privilegiados sobre gobiernos incapaces de administrar la riqueza nacional. Escritores como Orlando Araujo hablaron directamente de subordinación económica a capitales norteamericanos.
Soberanía, reacción y conflicto
La aprobación de la Ley de Hidrocarburos de 2001, que reafirmó el control estatal sobre PDVSA, marcó un quiebre. Cuatro meses después, un golpe de Estado contra Hugo Chávez —respaldado por sectores internos y externos— evidenció hasta qué punto la disputa por la renta petrolera seguía activa.
A la luz de este recorrido, la acusación de que Venezuela “robó” petróleo a EE.UU. resulta una inversión de la historia. Durante más de un siglo, fueron las corporaciones estadounidenses las que extrajeron recursos venezolanos bajo condiciones excepcionalmente favorables. El cinismo no está en Caracas, sino en ignorar —o borrar— un pasado de expolio documentado que aún pesa sobre el presente.
Fuente: Con información de RT
