La secretaria general de la Unión de Trabajadores del Mides (Utmides), Lucía La Buonora, le explicó a Caras y Caretas los motivos de la movilización que se realizará el próximo 10 de noviembre bajo la consigna «Políticas Sociales Q.E.P.D».
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«Desde Utmides venimos denunciando el cierre de diferentes programas del Mides en el último año y medio y, en general, el retiro de los recursos públicos y políticas sociales de los territorios», señaló.
Por otro lado, recordó que, en conjunto con Sutiga, el sindicato que nuclea a quienes desarrollan los programas por convenio con el Mides, realizaron varias actividades en un escenario donde los sectores más vulnerables, golpeados fuertemente por la pandemia, no han obtenido respuesta del Estado.
Sin programas
En tal sentido, La Buonora mencionó algunos de los programas sociales de cercanía que fueron discontinuados por el actual gobierno como Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF), Jóvenes en Red, Uruguay Trabaja, Primera Experiencia Laboral, Programa de Acompañamiento al Egreso Comunitario, Impulsa, Canasta de Servicios, Asistencia a la Vejez, así como el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat), recientemente discontinuado.
Por otro lado, la secretaria general del sindicato señaló que «hay incertidumbre sobre muchos otros programas, como el Sistema de Cuidados en general y sus diferentes áreas (asistentes personales, centros diurnos, becas bis)».
Fantasmas
Según manifestó la entrevistada, preocupa que los programas que desaparecen «se sustituyen por otros que no apuntan a promover la autonomía de las personas ni el desarrollo social en sí mismo».
Y agregó: «Se proponen programas gestionados por empresas privadas o por organizaciones fantasmas que no tienen experiencia ni trayectoria en Desarrollo Social. Acá se deja de lado la promoción del Desarrollo Social y se pone el foco en las necesidades de las empresas u organizaciones».
Además, añadió que «tampoco existen lineamientos claros sobre los criterios de acceso a estos nuevos programas ni qué recursos públicos insumen, lo cual tiene como consecuencia serios problemas de rendición de cuentas».
A estas problemáticas, señaló La Buonora, se suma la precarización de las condiciones de trabajo y la desprofesionalización de las tareas, tanto de quienes desarrollan programas por convenio como de quienes trabajan en el Mides. «Todo esto implica una peor calidad del servicio que el Mides brinda a la población», concluyó.