La denuncia contra docentes de San José: ¿defensa de la laicidad o persecución sindical?

La denuncia que determinó la citación de los mismos, fue radicada el pasado año por la directora del Liceo 1 de San José y abarca a un total de 16 docentes.

En el año 2019 y en momentos en que se desarrollaba la campaña “Vivir sin miedo”, la profesora Miriam Arnejo, directora del Liceo 1, denunció ante las autoridades de secundaria a más de 20 docentes, por una supuesta violación de la laicidad.

Los fundamentos dados por la directora del Liceo 1, para esta denuncia fue la participación de los docentes en una campaña de oposición a la mencionada propuesta del hoy ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

En aquella ocasión un grupo de docentes, de forma individualizada, expresó, a través de fotografías personales, su rechazo a la campaña “Vivir sin miedo”, una iniciativa que, como se recordará, finalmente no logró su aprobación en el curso de las últimas elecciones nacionales.

La primera denuncia de la profesora Arnejo en 2019, no prosperó ya que no se encontraron elementos que recomendaran su continuidad, lo que determinó el archivo del caso.

Sin embargo, en los últimos días, la denunciante solicitó a las autoridades de Secundaria, el desarchivo del mismo y la causa fue retomada.

La reacción de FENAPES ante esta nueva situación fue inmediata.

El pasado lunes 12 de octubre, la Asociación de Profesores de San José (APSJ), con el apoyo del resto de las filiales de la FENAPES que funcionan en el departamento, decidieron la realización de un paro de 24 horas para el miércoles 14, en solidaridad con los primeros profesores citados a declarar en el área jurídica de Secundaria.

La medida asumida tiene un doble contenido, en primer lugar, el rechazo a lo que definen como “persecución sindical”, por parte de la mencionada directora y, en segundo término, una clara señal de solidaridad con los denunciados, a quienes acompañaron desde San José hasta la sede de jurídica de Secundaria, donde además se recibió el apoyo y la solidaridad de ADES-FENAPES Montevideo.

En un comunicado de respaldo a los docentes denunciados, ADEMU San José expresaba: “Ante los últimos acontecimientos de carácter público, en los que se han visto afectados profesores del liceo departamental N° 1 (nucleados en la APSJ-FENAPES), ADEMU San José reafirma y enfatiza la defensa de la libertad d expresión y de pensamiento, rechazando cualquier acto que atente contra ello (…) Fuimos, somos y seremos fervientes luchadores de un país libre pensante, democrático y con poder de expresión“, ratificaba en sus conclusiones el documento emitido.

Dirigentes de la organización gremial, en sus declaraciones a medios de prensa, han acusado a la profesora Arnejo de “persecución sindical”.

En este sentido, en declaraciones ofrecidas a San José Ahora, el vicepresidente de FENAPES, Marcel Slamovitz, ratificó, “que no es la primera vez que la directora tiene actitudes de ese tipo pero que, en esta ocasión, se decidió “no dejarla pasar” ya que, a su entender, no solo está en juego el derecho a expresarse sino también “la profesión docente”.

En relación, a la situación encontrada cuando arribaron a Montevideo en compañía de los primeros seis docentes citados, Marcel Slamovitz, comentó que, a su llegada, los docentes fueron recibidos “por un vallado policial. La verdad no entendimos porqué, pero por suerte no sucedió nada”.

Cerca de cincuenta profesores viajaron desde San José para brindar respaldo y solidaridad a los docentes citados, quienes comparecieron cerca de 15 minutos, cada uno, en el curso de la toma de sus declaraciones.

De acuerdo a la información disponible, la próxima semana se continuará con el proceso de toma de declaraciones a los restantes docentes denunciados.

Respecto a la situación vivida, en esta instancia de citaciones, el dirigente de Fenapes expresó: “fue un momento, por un lado, de alta sensibilidad por la solidaridad, pero también de indignación porque ninguno de nosotros nos merecemos estar pasando por esto cuando no violamos nada”, sostuvo Slamovitz en sus declaraciones a San José Ahora.

En la jornada de movilización y respaldo desarrollada en apoyo a sus compañeros docentes, la organización gremial recordó la existencia de un comunicado que había sido emitido por el Codicen, durante el proceso de desarrollo de la campaña “Vivir sin miedo”.

Como se recordará la campaña generó una amplia polémica a nivel nacional e implicó acciones en diferentes instituciones del país, razón por la cual las autoridades de la Educación expresaron, mediante un comunicado que “las acciones realizadas en los centros educativos no ha tenido connotaciones político partidarias”, al tiempo que ratificaban que “los intercambios de visiones en las comunidades educativas, respetando la diversidad de posturas, son promotores de ciudadanía”, ya que los “intercambios de posturas (…) fortalecen la democracia y la participación” ciudadana.

En dicho comunicado, se recalcaba, que la laicidad debía ser entendida como “garantía de pluralidad y no como una actitud de prescindencia” y que, en consecuencia, “el intercambio de posturas sobre los asuntos públicos del país fortalece la democracia y la participación activa de la ciudadanía”.

No es la primera vez, en este año, luego de la instalación del nuevo gobierno, que la Asociación de profesores denuncia intentos de amedrentamiento.

En el mes de agosto, la filial de FENAPES en San José, informó, vía comunicado, que se asesoraba legalmente “para tomar las medidas adecuadas”, luego de “reiterados ataques y alusiones (…) por parte de algunas personas que nos han acusado sin fundamenta de supuestas faltas que no hemos cometido”.

En el comunicado, los docentes afirmaron que “todo intento de desviar y amedrentar” sus luchas, los “impulsa aún más a seguir persiguiendo la utopía de una sociedad más justa”.

Con respecto a la cuestión de la laicidad, el comunicado ratificaba que, “en ningún momento” se ha violado la laicidad y resaltaban el “carácter plural” de la organización y rechazaban cualquier intento de ceñir sus demandas y acciones a una asociación con las ideas de determinados partidos políticos”.

“Más allá de formar parte de la FENAPES, somos docentes de la Educación Pública, por lo que nos resulta inadecuada la promoción de discursos irónicos sobre nuestra profesión”, subrayaban en la declaración.

Como se recordará, el colofón final de estos ataques, fue la denuncia presentada contra el Codicen por FENAPES ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDHH) por coartar “la libre expresión”.

La denuncia presentada el 3 de junio, tuvo como disparador una resolución de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que, se entendía, coartaba la libertad de expresión de los docentes.

La circular 15 de 2020, que fuera emitida el 20 de mayo, resuelve “desarrollar acciones” con el fin de “asegurar el respeto irrestricto de los principios rectores de la educación pública, un lineamiento que hacía énfasis destacado en la cuestión de la laicidad y la prohibición de lo que definieron como la realización de “proselitismo de cualquier especie”.

En la resolución denunciada por el gremio, se resolvía que se asumieran y adoptaran “las medidas necesarias para el retiro de toda cartelería que atente contra los principios rectores de la educación”, decisión que fundamentaba su pertinencia por “la situación generada en centros educativos públicos en donde se ha colocado cartelería relativa a la ley de urgente consideración (LUC)”.

En la denuncia de FENAPES ante la INDHH, se señala que la circular de la ANEP, dispone resoluciones que “por su amplitud, imprecisión y ambigüedad pueden resultar violatorias” de la libre expresión de pensamiento.

“Con la supuesta intención de proteger principios rectores de la educación, tales como la laicidad o la prohibición de realizar proselitismo, la resolución dispone la realización de acciones sin la precisión adecuada y en términos absolutamente genéricos, poniendo en riesgo derechos también de base constitucional como lo es el derecho a la libre expresión del pensamiento”, indicaba la denuncia de los profesores, quienes agregaban, que “nuestro régimen jurídico consagra el principio de la libertad de expresión del pensamiento sin censura previa, lo cual prohíbe la posibilidad de control previo de cualquier naturaleza (…) eso significa que el funcionario no debe tener límites preestablecidos, sino que la responsabilidad es ulterior en caso de que se hayan violentado otros derechos fundamentales”, añadía la denuncia.

La reactualización de esta denuncia contra los profesores de San José, debe leerse en este contexto político.

Un contexto político, donde parecería que todo lo que digan o hagan los trabajadores, “puede ser, siempre y en cualquier momento, usado en su contra”.