La Ley, la Prensa y Nosotros

La divulgación de audios de videos filmados en la madrugada del 23 de enero de este año, dan otra versión de lo ocurrido e infieren sobre la aceptación voluntaria de la víctima, lo que disparó una serie de consecuencias previsibles, por muchas razones. La principal, sin dudas, es la violación de una norma específica (Art. 92 de la Ley 19.580), que incluye -obviamente- a los periodistas. Pensar algo diferente pondría una especie de inmunidad excepcional (no prevista en la ley), a quien ejerciendo su profesión podría vulnerar libre de toda consecuencia legal, los derechos de otras personas. Nadie puede pensar que la prensa tenga entre sus cometidos semejante atribución ni mucho menos.

Entiendo que, si el periodista en cuestión hubiere compartido ese material con la Justicia, no solo se podría haber asesorado convenientemente sobre la posibilidad de su divulgación pública (algo que no lo exime de responsabilidad por aquello de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa), sino que hubiera aportado efectivamente al conocimiento de la verdad de los hechos que dice ser su principal objetivo profesional.

La orden de allanamiento a la emisora Azul FM y al domicilio del periodista Ignacio Alvarez, pusieron en alerta al colectivo, que salió presto a defender -como corresponde a todo gremio- a su colega. Incluso la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), emitió un comunicado al respecto.

Es cierto que en una democracia la defensa de los derechos es una prioridad, pero también lo es el respeto de la normativa vigente, ese conjunto de reglas que nos dan una organización colectivamente aceptada para regularnos. Entonces, ¿cómo se explica que llegado el punto se acepte sin más la defensa corporativa de este caso y, en cambio, se cuestione la que hacen otros colectivos -tan importantes como el de la prensa- que hacen lo propio en defensa de lo que consideran justo para su profesión?

En efecto, cuando es un sindicato cualquiera que -en ejercicio de su legítimo derecho a defender su fuente laboral- hace un reclamo, es cuestionado como si fueran los únicos responsables de las medidas que toman para defenderse, pero, cuando son otros los que incurren en hechos sobre los que tienen claras responsabilidades, ahí es válido el ejercicio corporativo. Ni uno ni otro, ambos tienen derecho y ese debiera ser el punto focal del tema.

En realidad no me gusta que se «allane» un medio de prensa, reivindico la libertad de opinión y mucho más la libertad de la información. Pero así como defiendo eso, también defiendo el cumplimiento de la ley y -por sobre todo- el derecho de cada uno a ser respetado en su intimidad. Aspecto que muchas veces no se cumple ni se defiende como se debiera.

Pasó que ahora se ven afectados -por sus propios actos, obviamente- quienes han puesto muchas veces el foco en los demás, pero ahora es contra «nosotros».

No creo en fantasmas, no los hay acá ni mucho menos. Pero tampoco quiero que los alimenten afectando no solo el trabajo de la Justicia sino -lo que es mucho más importante- afectando el derecho de todos los involucrados (TODOS), en un caso que se juega la intimidad y la libertad de los mismos.

Reitero, si un periodista accede a información sensible como la que se difundió, ¿no debería ser su deber acercarla a la Justicia? ¿Vale más el rating que la verdad misma? Hay mil formas de defender su derecho a la primicia, pero respetando la ley, siempre.

Yo quiero una prensa libre, pero -también- una que me informe respetando mis derechos y el de los demás como si fueran ellos los que hacen parte de la noticia…