Tras seis jornadas de protestas contra el nuevo presidente de Perú, Manuel Merino llegaron las primeras muertes por el accionar represivo. Se trata de dos jóvenes de 22 y 24 años que participaban en las mismas y que fueron ultimados con munición viva. La noticia de las primeras víctimas de la represión, que parece no ceder y que se ha propagado a las principales ciudades peruanas provocó la renuncia de 13 de los 18 ministros (incluidos los de Interior y Justicia) del gabinete de Manuel Merino, que desalojó de la magistratura a Martín Vizcarra por «incapacidad moral permanente», quién a su vez había sucedido a Pablo Kuczynski , ambos acusados de corrupción.
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Los manifestantes dicen encontrarse en presencia de un golpe de Estado, pero en realidad, más allá de la verosimilitud de esta afirmación (Vizcarra fue destituido por el Congreso), la inestabilidad política ha sido la constante en un país marcado por la corrupción, y más recientemente por la expansión de la pandemia de covid-19, el desplome del PBI, el desempleo y la inflación.
Prueba de ello es que luego de la década fujimorista (1990-2000), todos los presidentes que se sucedieron afrontaron cargos graves de corrupción, tanto el propio Fujimori, condenado a 25 años por homicidio y corrupción; como su sucesor, Alejandro Toledo (2001-2006), acusado de corrupción, encarcelado y suyo pedido de extradición solicita Estados Unidos; Alan García (2006-2011), acusado de soborno, se suicidaría en 2019.
En suma tres décadas de sangre y corrupción que han alimentado el sentimiento que la institucionalidad peruana es poco más que una farsa.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) denunció la desaparición de una docena de manifestantes durante las marchas de ayer sábado y su persecución en las calles de Lima durante la madrugada. La Cnddhh también asegura que son más de cien los heridos, algunos de gravedad.
El comunicado que emitió la Cnddhh luego de las primeras muertes, expresa:»Hacemos un llamado a los organismos internacionales. En el Perú está ocurriendo una masacre contra los que ejercen su derecho a la protesta. Manuel Merino, su primer ministro y su comando son responsables de estas muertes y los tribunales internacionales los esperan»
A esta protesta se sumaron congresistas, como Alberto de Belaúnde, quién dijo que «circulan en redes listas de desaparecidos. Exijo que la Policía del Perú publique la lista de detenidos de inmediato e invoco al mecanismo nacional de prevención de la tortura, que depende de la Defensora, a que asuma un rol proactivo esta madrugada», reclamó el congresistas Alberto de Belaunde.
El Tribunal Constitucional, que debe decidir la semana entrante sobre la legitimidad del recurso parlamentario que se utilizó para destituir a Vizcarra, publicó en las redes su repudio a esas prácticas punitivas: «Ante la muerte de dos jóvenes y múltiples heridos en las marchas del día de hoy, la presidencia del Tribunal Constitucional expresa su profundo rechazo a la actuación de la Policía Nacional del Perú», defendiendo el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de los ciudadanos.
El resultado es que las multitudinarias movilizaciones a lo largo y ancho de Perú, así como el saldo de muertos, heridos y desaparecido, han mellado la credibilidad de Merino, al punto que los congresistas que por amplia mayoría votaron la destitución de Vizcarra, están amenazando a darle de beber la misma medicina a Merino. Al punto que el nuevo presidente del Parlamento, Luis Valdez, aconsejó a Merino que vaya evaluando su renuncia, al tiempo que la Junta de Portavoces tiene a estudio desde esta mañana la consideración de su destitución.
N. de R.: Al tiempo de subir esta nota se confirma la renuncia de Manuel Merino a la presidencia de Perú. Los detalles se informarán en nota adjunta.
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