Entre 1982 y 1984 la Comisión Permanente de Estudios de Situaciones Especiales (Copese) eliminó información sobre crímenes perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), reveló este lunes el diario Página 12.
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Un estudio de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, divulgado por ese periódico, indicó que la Copese estuvo conformada por un grupo de represores de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio instalados por ese régimen.
De acuerdo con un informe elaborado a partir de indagaciones y de testimonios de sobrevivientes como Víctor Basterra (1944-2020), en octubre de 1982 un grupo de militares recibió la orden de borrar las evidencias de los horrores cometidos y los registros de los detenidos.
Mientras, en las calles, los familiares de las víctimas y miembros de organismos defensores de los derechos humanos exigían justicia y pedían conocer el paradero de más de 30.000 desaparecidos.
La Copese funcionó hasta 1984, un año después del fin de la dictadura y del regreso a la democracia en ese país.
Basterra, militante de la agrupación Peronismo de Base detenido en 1979 junto a su esposa y su hija recién nacida, fue obligado a trabajar en el sector de Documentación de la ESMA y pudo extraer fotografías de varias víctimas allí secuestradas.
También fue testigo de la extracción de archivos por parte de integrantes del área de inteligencia, entre ellos los suboficiales Antonio Rosario Pereyra y Raúl Agustín Cejas.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, Salvio Olegario Menéndez fue el presidente de la Comisión, Raúl Enrique Scheller su secretario y Carlos Alberto Piccone, uno de los vocales.
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