Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMELa ministra de Seguridad, Patricia Bullrich volvió a poner en discusión bajar la edad de imputabilidad.
Patricia Bullrich
Foto: Gastón Britos / FocoUyCaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La ministra Bullrich recuperó cierta centralidad en la agenda del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) durante esta semana, después de convertirse en una de las protagonistas del anuncio de la puesta en marcha del sistema acusatorio en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario.
Dispuesta a retomar el tema de la edad de imputabilidad, Bullrich insistió con que el gobierno quiere dar una discusión para bajar la ley de imputabilidad –algo que ya había anunciado también Cúneo Libarona.
En Argentina --donde aún rige el régimen penal de Minoridad adoptado durante la última dictadura– los menores de 16 años no pueden ser juzgados, aunque sí pueden ser enviados a institutos penales. La Convención sobre los Derechos del Niño exige a los Estados miembros que establezcan una edad mínima por debajo de la cual se presume que los niños o las niñas no han infringido la ley penal.
Durante el gobierno de Cambiemos, Bullrich promovió una baja de la edad a quince años. No tuvo éxito. Entre otras organizaciones y expertos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) le respondió que bajar la edad de imputabilidad no mejora la seguridad, sino que vulnera derechos.
Otro de los puntos de la iniciativa que maneja la Ministra es que se eleva la pena para el delito de resistencia a la autoridad, que es el que generalmente se aplica a manifestantes. Pasaría, de esta forma, a tener una penalidad de tres años y medio, lo que implicaría un cumplimiento efectivo. Para aquellos que sean acusados de atentar contra una autoridad con palos o piedras, se prevén penas de cuatro a seis años.
Bullrich también impulsa la ampliación del registro nacional de datos genéticos, que únicamente estaba contemplado en la actualidad para delitos vinculados contra la integridad sexual. Según explicó la defensora Silvia Martínez, podría implicar que hasta estén almacenados los datos genéticos de una persona acusada por injurias. Habilita también esta propuesta el intercambio de información con otros países.
Fuente: Página12
