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Mundo Colombia | Francia Márquez | Pacto Histórico

Séptimo Diario

Colombia, en un punto de quiebre

Colombia: los retos y esperanzas en un escenario político y social inédito en 214 años de la historia de este país.

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“Después de 214 años logramos un gobierno del pueblo, el gobierno de los nadies de Colombia”. Con estas palabras, Francia Márquez, primera vicepresidenta afrodescendiente del país, ponía voz a la dimensión real de la victoria del Pacto Histórico en las elecciones presidenciales del 19 de junio: el quiebre de la histórica cláusula de exclusión que ha mantenido a la izquierda y los sectores populares al margen del poder político durante toda la historia republicana del país. Se dice pronto, 214 años.

No estamos, pues, ante una simple alternancia en el poder, un cambio de administración estándar previsible y bajo control. La gesta está cargada de épica y las lágrimas de alegría cobran todo el sentido. La tela de araña que han venido poniendo las instituciones colombianas al servicio de una pequeña élite oligárquica a lo largo de siglos ha saltado por los aires. Es un acontecimiento disruptivo, un punto de no retorno que abre escenarios ilusionantes pero también peligrosos, y prefigura nuevos campos de batalla. Porque no cabe duda de que quienes desencadenaron el genocidio de la Unión Patriótica, quienes no dudaron en liquidar físicamente a cada uno de los liderazgos institucionales que amenazaron con desbordar por la izquierda el statu quo colombiano –desde Gaitán hasta Pizarro, pasando por Jaramillo y Pardo Leal–, quienes aún en 2021 exterminaron al menos a 145 líderes sociales y defensoras de derechos humanos, no se quedarán de brazos cruzados si el nuevo gobierno da la batalla y acomete reformas que afecten a los privilegios y posiciones de poder político-empresariales, ya sean locales o transnacionales.

Y no cabe suponer que la promesa petrista de moderación, de apostar por “desarrollar el capitalismo” en el marco de un gran acuerdo nacional vaya a detener la reacción de una de las oligarquías más vinculadas a la dominación por la violencia de toda América Latina. El más tímido cambio va a ser un salmón a contracorriente. Cambios que se aventuran en ámbitos de vital importancia, como el reposicionamiento del capital transnacional en la gobernanza político-empresarial del país, el destino de megaproyectos ampliamente cuestionados, o la necesidad de poner fin a la violencia política y el terrorismo de Estado.

Poner cerco al capital transnacional, disyuntiva estratégica del cambio político

Los capitales transnacionales juegan un papel fundamental en este contexto crítico, dado su enorme peso específico y su tradicional capacidad para incidir en los medios de poder. Así, uno de los retos fundamentales del nuevo gobierno pasa por poner coto a la dependencia de la economía colombiana de estos capitales venidos del exterior en favor de esquemas económico-empresariales más autocentrados, soberanos, sostenibles y orientados a la satisfacción de las necesidades de las mayorías populares. Esto significa desplazar del centro de gravedad a la gran corporación transnacional como sujeto protagónico.

El modelo económico colombiano está altamente orientado a la atracción de inversión extranjera directa (IED) mediante esquemas de desregulación, liberalización y generación de entornos altamente favorables en cuanto a los derechos, recursos y capacidades de que gozan los capitales extranjeros que invierten en el país. Estos quedan a su vez exentos de cumplir deberes y exigencias mínimas respecto a las comunidades y territorios sobre los que intervienen, generando una amplia gama de impactos sistemáticos.

Estamos ante un modelo de alfombra roja al capital transnacional, fruto de una inserción en la globalización basada en una agenda agresivamente neoliberal: desde la supresión en la Constitución de 1991 de la discriminación entre inversores nacionales y extranjeros, pasando por la llamada “apertura económica” de César Gaviria, la privatización masiva de empresas públicas llevada a cabo en los años noventa, o leyes como la 1004 sobre el nuevo régimen de zonas francas promovida por Álvaro Uribe, entre otras tantas medidas de sentido único. Una agenda que ha sido objeto de adecuación y profundización a lo largo de la última década, como respuesta al estallido global de 2008: las “locomotoras” de desarrollo de Juan Manuel Santos y su apuesta por agudizar las ya de por sí intensas lógicas extractivistas, incluido el fracking; la negociación de acuerdos comerciales diversos en oposición a la integración regional promovida por el bloque progresista latinoamericano; la centralidad creciente de mecanismos que combinan la colaboración público-privada, las licitaciones internacionales y la financiación multilateral de organismos como el Banco Mundial o el BID para implementar megaproyectos con participación transnacional.

Este entorno favorable ha supuesto un aumento exponencial de los flujos de IED con destino a Colombia en las últimas décadas, intensificando así el carácter estratégico del capital extranjero sobre el tejido económico y empresarial local. Si hasta 1994 la inversión extranjera con destino Colombia apenas alcanzaba los 1.000 millones de dólares anuales, en 2014 ya superaba la barrera de los 16.000 millones sobre la base de la presencia determinante en el país de grandes empresas estadounidenses, españolas y canadienses. Una presencia que, como hemos podido sistematizar en investigaciones como Las multinacionales españolas en Colombia, La energía que apaga Colombia o Internacionalización empresarial ¿a cualquier precio?, han generado y generan gravísimos impactos económicos, políticos, jurídicos, ambientales, culturales, sociales y de género sobre los territorios y las comunidades en las que estas empresas operan.

Impactos sistemáticos derivados precisamente de la naturaleza transnacional de estas corporaciones, de su capacidad para generar espacios de impunidad y complicidades en ámbitos políticos y empresariales locales, e incluso de la articulación de alianzas con estructuras militares y paramilitares que garantizan por la violencia el control del territorio y el disciplinamiento poblacional al servicio de la empresa. Así lo atestiguan los casos de Coca-Cola o de Drummond, triste y sobradamente conocidos.

Poner cerco a la posición enquistada del poder corporativo transnacional en Colombia –especialmente en sectores estratégicos y con alto potencial lesivo como son el energético, la construcción, la minería o la banca– se muestra entonces como un reto prioritario del nuevo gobierno. Ello pasa por revertir desde posiciones de Estado ese esquema de alfombra roja neoliberal consolidado durante las tres últimas décadas, reequilibrando poderes, capacidades y recursos en favor de lo público-comunitario.

Lucha contra los megaproyectos, bandera del movimiento popular

Colombia es tierra de megaproyectos. Estos constituyen uno de los principales atractivos para las empresas transnacionales, en alianza con capitales locales, clanes y grupos de poder territoriales e instancias institucionales nacionales, departamentales y municipales. Son también la máxima expresión de una impunidad corporativa que en Colombia es especialmente marcada. No en vano, las enormes dimensiones físicas, económicas, territoriales y sociales de este tipo de iniciativas implican una enorme “onda expansiva”, es decir, una maximización exponencial de sus impactos negativos, incluyendo la apertura de márgenes claros para la violación de los derechos humanos. De la mano de la limitación de espacios al capital transnacional, el movimiento popular pugnará por incluir en la agenda gubernamental un nuevo posicionamiento en torno a los megaproyectos presentes y futuros desde parámetros ampliamente restrictivos.

Este tema ha ganado peso en el debate colombiano en los últimos años. Cuestiones que hace una década se circunscribían a territorios y comunidades afectadas han cobrado dimensión nacional, de la mano de su impulso estratégico en el marco de las “locomotoras” de desarrollo minero-energético y de infraestructuras. Ahí tenemos el caso paradigmático de Hidroituango, la mayor represa hidroeléctrica de América Latina, cuyos impactos masivos en todos los órdenes han contado con la oposición comunitaria del Movimiento Ríos Vivos. O la discusión permanente sobre el diseño y construcción del Metro de Bogotá, y los intereses creados en torno al mismo en el marco de una mal llamada “colaboración público-privada”. También las luchas de las comunidades afrodescendientes contra los proyectos de ampliación del puerto de Buenaventura, principal salida de las exportaciones del país. O la proliferación de infraestructuras de regasificación en ambas costas colombianas, ligadas a una intensificación de las lógicas extractivistas.

Estos megaproyectos se han convertido en bandera del movimiento popular, sindical y comunitario colombiano y, en tanto que máxima expresión de los impactos multidimensionales del poder corporativo, requerirán sin duda una respuesta enérgica por parte del nuevo gobierno, mediante paralizaciones, reversiones, moratorias y redefiniciones integrales de las planificaciones estratégicas al máximo nivel.

Poner fin al terrorismo de Estado

Al nuevo gobierno le va la vida en poner fin a la vigente alianza militar-paramilitar como herramienta de desactivación de la izquierda sociopolítica desde una óptica contrainsurgente. Una alianza diseñada para perpetuar el esquema de gobernanza político-empresarial que hemos detallado anteriormente, del que se benefician empresas transnacionales, capitales locales y redes de poder político a todos los niveles institucionales. Y que, de no topar con un freno contundente, operará activamente para desestabilizar el más mínimo cambio progresista por parte del nuevo gobierno.

No podemos obviar que el modelo económico del país se ha venido implementando sobre la base de un largo conflicto político y social de carácter armado. Un contexto de guerra interna que tamiza y da sentido al grueso de las relaciones socio-económicas, cuyos principales actores –organizaciones insurgentes, paramilitares, criminalidad organizada y fuerzas policiales, militares y de seguridad del Estado– interlocutan de formas variadas con los sujetos políticos y empresariales que operan en el país. Y que, en definitiva, subsumen las lógicas empresariales estándar en las dinámicas de la guerra, generando sinergias entre actores políticos, empresariales (locales y transnacionales) y armados.

El caso colombiano se ha destacado por los vínculos entre las élites políticas, las empresas transnacionales que invierten en el país –incluyendo sus cadenas de subcontratación– y las organizaciones paramilitares que actúan en connivencia con sectores militares, policiales y de inteligencia. Este conglomerado vertebra la estrategia del Estado colombiano dirigida a anular a los actores que pudieran entorpecer la llegada de inversiones extranjeras. Es una alianza, por tanto, que opera contra los posicionamientos críticos en torno al modelo económico y el rol preponderante de las empresas transnacionales. Y que cobra especial virulencia cuando se trata de anular por la fuerza resistencias sociales a megaproyectos específicos.

Estamos pues ante una alianza cuya acción garantiza, mediante la violación sistemática de los derechos humanos, la seguridad de las inversiones extranjeras en Colombia y, de forma más general, las posiciones de poder de unas élites que han controlado el país ininterrumpidamente desde hace mucho tiempo. En este contexto, se ha generalizado la necesidad por parte de personalidades populares y de izquierda de recurrir a los llamados “esquemas de seguridad”, frente a la amenaza de grupos paramilitares en constante mutación como las Águilas Negras o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Grupos cuya actividad ha desembocado en el asesinato selectivo de casi 340 excombatientes de las FARC-EP acogidos a los Acuerdos de La Habana, y de más de un millar de líderes y lideresas sociales desde 2016. Asimismo, junto con el recrudecimiento de la represión oficial en el contexto del Paro Nacional, ha resurgido el fenómeno de las masacres colectivas por parte de estos grupos irregulares.

Dado el vínculo histórico de estos grupos con ejército, policía y servicios de inteligencia, el reto del nuevo gobierno es doble: desactivar los grupos paramilitares irregulares y reorientar de forma integral estas instancias oficiales de seguridad, impulsando parámetros democráticos de respeto a los derechos humanos y readecuando estructuras y mandos para garantizar su lealtad al mandato democrático. Quizá en este terreno se juegue el destino del nuevo gobierno.

Diálogo con el ELN e implementación integral del Acuerdo de La Habana

Una de las consecuencias de la exclusión histórica de la izquierda del poder institucional en Colombia es el surgimiento de expresiones armadas insurgentes frente a la inexistencia de cauces pacíficos para la acción política. La conclusión definitiva de los procesos de paz con las dos principales organizaciones guerrilleras del país, FARC-EP y ELN, es un imperativo insoslayable para el primer gobierno de izquierda en la historia del país.

En lo que respecta a las FARC-EP, el acuerdo está ya suscrito desde 2016, solo queda su implementación efectiva en los cinco puntos principales que lo componen: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas. Y, sobre todo, establecer las medidas necesarias para garantizar la vida de los excombatientes reinsertados que están siendo objeto de un exterminio sistemático.

El diálogo con el ELN cesó en una fase prematura de su desarrollo, y requiere ser retomado hasta sus últimas consecuencias. El quiebre de la hegemonía cultural y política uribista que se ha consolidado en los últimos años supone una ventana de oportunidad sin igual para cerrar definitivamente el ciclo de confrontación armada entre el Estado y las insurgencias de izquierda. El estado de ánimo colectivo que dio lugar al ‘no’ en el plebiscito de 2015 ha sufrido un vuelco, y el uribismo guerrerista está en sus horas más bajas. Es el momento de acometer esta tarea estratégica.

Para ello convendría atender a tres ejes que ya había planteado el ELN en los primeros estadios de la negociación: participación de la sociedad, garantías para el ejercicio de la acción política y transformaciones para la paz; estas últimas centradas en incidir en el modelo extractivista y corporativizado que domina la economía colombiana, sobre todo en el ámbito minero-energético. Tres ejes que, a diferencia de los gobiernos de Santos y Duque, interesados en reducir el eventual desarrollo de los mismos a la mínima expresión, confluyen en una parte no menor con el propio programa de gobierno del Pacto Histórico. No en vano, y pese a los múltiples compromisos cruzados que han posibilitado la victoria electoral, este documento señala como ejes principales de su articulado cuestiones como la superación de la economía extractivista, la lucha contra el cambio climático, la democratización de las múltiples esferas de la vida social, económica y política del país, etc.

Avanzar en la negociación con el ELN no solo podría revertir en los beneficios derivados de la paz misma, sino que puede espolear la implementación del propio programa del Pacto Histórico fortaleciendo y traccionando sus aspectos más transformadores. Por el momento, el programa de gobierno del Pacto Histórico contempla expresamente retomar las negociaciones, y la organización insurgente ha mostrado públicamente su disposición. El entorno, por tanto, es favorable y puede dar lugar a un escenario de paz histórico.

¿Y desde este lado del charco?

La solidaridad internacional con Colombia ha sido y es muy importante en Europa, de la mano de una numerosa comunidad de personas exiliadas por su militancia de izquierdas. Se impone dar continuidad a esta solidaridad y actualizarla para adecuarla al nuevo contexto.

En este marco, es el momento de que este ejercicio internacionalista dé un salto cualitativo, pasando de la visión resistencialista y muchas veces pesimista que impregnaba la mirada respecto al escenario colombiano –donde muchas veces pareciera que no cabía mucho más que esperar a la siguiente atrocidad cometida por el poder– a una mirada que dimensione el escenario absolutamente novedoso que representa el primer gobierno izquierdista de la historia del país. La primera obligación de la solidaridad internacionalista parece clara: apoyar los esfuerzos del proceso sociopolítico de transformación abierto por implementar una agenda institucional-popular que incluya los cuatro retos antes enumerados: cerco al capital transnacional, lucha contra los megaproyectos, fin del terrorismo de Estado y culminación del proceso de paz con las insurgencias guerrilleras. Y, de manera más general, acompañar al movimiento popular diverso (sindical, en defensa de las comunidades, feminista, ambientalista, barrial) en este proceso complejo.

Pero hay otra tarea internacionalista estratégica para acompañar el despliegue de esta agenda de cambio: mantener a raya a “nuestras” propias empresas transnacionales y gobiernos en su disposición respecto al nuevo gobierno y los eventuales cambios que modifiquen la posición de poder de estas corporaciones en el país. Una tarea determinante, dado que estas empresas no están en absoluto interesadas en ninguna medida que limite la alfombra roja que la institucionalidad colombiana viene estableciendo para favorecer su aterrizaje en el país.

Durante años la solidaridad internacional ha realizado un importante trabajo de denuncia del papel cómplice que, en un contexto de violencia narcoparamilitar como el de Colombia, han jugado y juegan numerosas empresas transnacionales, así como el apoyo económico y político en materia de internacionalización que desde los Estados de origen de esas corporaciones se les ha brindado para la captura de mercados en territorio colombiano. Un apoyo que obvia completamente la dimensión vinculada al cumplimiento del marco internacional de los derechos humanos, centrando el foco de manera marcadamente unidimensional en el acaparamiento de los mercados locales.

Frente a este contexto, y en previsión de que el desarrollo del programa de gobierno pudiera afectar, siquiera parcialmente, a la ventajosa posición que estas empresas ocupan en Colombia, debemos prepararnos para la confrontación aquí, en el lugar de origen de tales empresas y de los gobiernos que las apoyan económica y diplomáticamente. En defensa de una agenda popular que solo puede pasar por la expropiación de las capacidades, los recursos y los privilegios que tienen las empresas transnacionales que operan en Colombia. Incluidas las “propias”.

Por Gorka Martija (vía Ctxt)

Gorka Martija (@TMcMartiman) es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

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