Ecuador y la ofensiva contra los derechos de la naturaleza
El 8 de agosto salió en el New York Times un artículo denunciando los retrocesos ambientales en uno de los países más “imaginativos en diversidad” y que describe las reformas de Daniel Noboa como "el asalto más serio a la protección ambiental y la integridad constitucional en la historia reciente de Ecuador". Esto se da porque una de las medidas más recientes, al igual que la de su par neoliberal argentino, fue la disolución del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica el 24 de julio de 2025, transfiriendo sus competencias al Ministerio de Energía y Minas. El artículo lo califica como "un claro caso de poner al zorro a cuidar el gallinero". En un país donde las energías no son renovables y se trata de expandir la exploración y extracción de petróleo y minerales en la Amazonía, poniendo en riesgo ecosistemas muy vulnerables que además albergan comunidades indígenas que han sido perseguidas y atacadas por el gobierno de Daniel Noboa.
Por otra parte, la Ley de Fundaciones es un proyecto de ley de emergencia que otorga al Gobierno poderes para vigilar y cerrar organizaciones de la sociedad civil por "cualquier actividad que viole los derechos fundamentales... o la seguridad del Estado". Esto apunta directamente a las ONG ambientalistas y organizaciones indígenas que critican las políticas extractivistas.
Para avanzar en el embate a las políticas ambientales, la nueva Ley de Áreas Protegidas abre la puerta a la privatización de parques nacionales y reservas forestales, arrebatándoles a las comunidades locales su capacidad de gestión.
Todo esto ha sido acompañado de una fuerte respuesta popular desde las organizaciones indígenas y ambientales. La resistencia se centra en la Corte Constitucional, que ya había sentado un precedente global al reconocer en 2021 los derechos de la naturaleza en el bosque de Los Cedros. Organizaciones y comunidades indígenas confían en que la Corte pueda tumbar partes de este "paquete desastroso".
El artículo en el New York Times es un llamado explícito a la comunidad global a apoyar a los defensores ambientales ecuatorianos, cuyo trabajo se da en "condiciones que se deterioran rápidamente", con comunidades que son asediadas por fuerzas de seguridad privadas que contratan las empresas mineras antes de las Consultas Previas e Informadas para amedrentar a los que pretenden asistir para defender sus recursos.
Finalmente, en Brasil se está dando una pulseada dura entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. En estos días el presidente Lula vetó 63 artículos de una ley de licenciamiento ambiental aprobada por un Congreso dominado por la bancada ruralista. Las leyes vetadas, como la Ley de Licencias Ambientales, buscaban agilizar radicalmente la aprobación de proyectos de infraestructura. Lula vetó puntos críticos que permitían el inicio de obras con una simple declaración de impacto de las empresas, sin autorización previa estatal y eliminaban restricciones para las consultas previas a comunidades indígenas. Además estas leyes pretendían reducir la protección de la Mata atlántica, un bioma del que queda menos del 12 % de su cobertura original y que el propio Gobierno considera en estado crítico. La Presidencia justificó los vetos para garantizar la "protección ambiental" y la "seguridad jurídica", advirtiendo sobre el "riesgo de daños irreversibles".
El Congreso aprobó la ley bajo la presión de legisladores ruralistas que reclaman un marco "más eficiente" (es decir, menos restrictivo). Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y organizaciones ecologistas advirtieron que la ley contenía "excesivas concesiones" a las empresas y debilitaba los controles. Lamentablemente la batalla continúa, ya que el Congreso puede revertir los vetos de Lula si consigue mayoría absoluta.
Estas tres realidades pintan un panorama claro: una ofensiva coordinada ideológicamente para desmantelar el Estado regulatorio ambiental. Mientras Milei lo hace por decreto y ley, Noboa por la fuerza bruta de la concentración de poder y el agronegocio brasileño por la presión legislativa, el objetivo es común: convertir los bienes comunes naturales en mercancía sin restricciones.
La buena noticia es la resistencia. Los fallos judiciales en Argentina, la defensa constitucional en Ecuador y los vetos presidenciales en Brasil demuestran que este camino no es inexorable. La defensa de la democracia y la justicia socioambiental son, en este momento, la misma lucha. El resultado de este pulso definirá, no solo el modelo económico de la región, sino la supervivencia misma de sus ecosistemas fundamentales.
¿Qué papel puede tomar Uruguay en la encrucijada ideológica de la COP30?
Los recientes informes sobre las regresiones ambientales en Argentina y Ecuador, sumados a la pulseada entre el Gobierno de Lula y el Congreso en Brasil, colocan a Uruguay ante una encrucijada diplomática de enorme magnitud, precisamente cuando se prepara para coliderar las negociaciones de la región en la COP30 de Belém (Brasil) en 2025.
Uruguay ha buscado, como parte de su tradición de política exterior, una estrategia sorprendente de "desideologización" y pragmatismo. Busca tender puentes y actuar como un mediador confiable, evitando alineamientos automáticos, muchas veces favoreciendo alianzas con socios inexplicables como el Gobierno de Daniel Noboa. Sin embargo, el contexto regional actual fuerza una elección casi imposible de eludir: ¿cómo puede Uruguay negociar codo a codo en el Grupo ABU (Argentina, Brasil, Uruguay) cuando las políticas ambientales de sus socios son diametralmente opuestas y representan modelos de civilización en pugna?
El grupo ABU se encuentra bajo muchísima tensión por sus posturas totalmente diferentes frente a las políticas ambientales. El grupo está hoy fracturado desde sus cimientos. Argentina es el alumno aplicado de las recetas del neoliberalismo extractivo; como vimos antes, existe un desmantelamiento metódico de la institucionalidad ambiental. Un país que degrada su ministerio, congela fondos para bosques nativos y flexibiliza leyes de glaciares mediante DNU no puede ser un socio creíble en una negociación que busca aumentar la ambición climática. Su postura en las negociaciones probablemente será obstructiva, buscando diluir language sobre financiamiento climático y transferencia de tecnología, ya que su modelo depende de la explotación intensiva de recursos. Por otra parte, el anfitrión de la COP30 trata de elevar sus ambiciones como país, pero internamente se encuentra sumamente fragmentado para encontrar acuerdos gubernamentales en políticas ambientales. Si bien el Gobierno de Lula intenta, mediante vetos, mantener un piso de protección ambiental, la presión constante de un Congreso dominado por el agronegocio y la bancada ruralista es enorme. Brasil llega a la COP30 con una credibilidad menguada y una autoridad moral fracturada. Su capacidad de liderazgo está condicionada por su lucha doméstica. Un retroceso en la ley de licenciamiento, como el intentado, sería un pésimo mensaje semanas antes de la COP.
Uruguay se encuentra en el medio de este fuego cruzado. Por un lado, tiene una matriz eléctrica renovable envidiable y ha avanzado en una estrategia nacional de carbono neutralidad. Por el otro, su sector agroindustrial —clave para su economía— genera presiones similares a las del agronegocio brasileño. Sumado a esto, existen las presiones de los sectores energéticos que pujan para el lado del extractivismo tradicional a través de la exploración marítima de petróleo y el extractivismo verde del hidrógeno y sus derivados.
La falacia de la "desideologización"
El intento uruguayo de "desideologizar" su política exterior choca frontalmente con la realidad. El ambientalismo no es una ideología; es una necesidad de supervivencia avalada por la ciencia. Sin embargo, el negacionismo climático y el ultraneoliberalismo extractivo sí son una ideología. Una ideología que, como demuestran los casos de Argentina y Ecuador, prioriza la ganancia a corto plazo de élites económicas sobre la evidencia científica y el bienestar colectivo.
Al intentar equidistarse y no "ofender" a su socio argentino, Uruguay corre el riesgo de diluir su propia ambición. Para mantener la unidad del grupo, Uruguay podría verse forzado a suavizar su postura en temas clave, como la defensa de marcos regulatorios sólidos o la transición energética justa. O, por otra parte, podría ayudar a lavarle la imagen a regímenes regresivos, como el de Javier Milei o el nuevo socio de Uruguay, Daniel Noboa. La presencia de Uruguay en un grupo con Argentina le proporciona a este último una pátina de legitimidad que no merece. Le permite presentarse como un "socio negociador" dentro del sistema, cuando su política doméstica es un sabotaje activo a los objetivos del Acuerdo de París.
Por otra parte, Uruguay podría debilitar su posición en foros internacionales. Europa y otros bloques que avanzan en legislaciones "Green Deal" y mecanismos de ajuste fronterizo por carbono (como el CBAM) mirarán con extrema desconfianza a un país que se alía, aunque sea tácticamente, con Estados que desmantelan su protección ambiental.
La COP30 en Belém será el termómetro definitivo. Uruguay tiene dos caminos; el camino cómodo, mantener la ficción de la unidad del ABU a cualquier costo, actuando como un mero facilitador de un diálogo entre sordos, donde la retórica de Brasil y Uruguay chocará constantemente con la obstrucción de Argentina. El resultado sería una declaración regional débil, poco ambiciosa y que no refleja la urgencia de la crisis. O, por otro lado, podría optar por el camino estratégico en el cual Uruguay debe usar su capital diplomático para liderar de verdad. Esto podría implicar tener que presionar internamente al grupo ABU. Construir alianzas alternativas en América Latina y el Caribe (por ejemplo con Chile y Colombia) para impulsar posiciones más ambiciosas, dejando en evidencia el bloqueo interno. O también posicionarse como un puente real; ya no entre ideologías, sino entre la ambición y la acción. Mostrar su transición energética como un ejemplo de que el desarrollo económico y la sostenibilidad son posibles, un mensaje potente frente al falso dilema "empleo vs. planeta" que esgrime el neoliberalismo extractivo.
La "desideologización" es, en este contexto, un espejismo peligroso. Uruguay no puede ignorar que sentarse a negociar el futuro del planeta con un gobierno que, como el argentino, o el ecuatoriano, han hecho de la negación ambiental su bandera, es en sí mismo un acto de alto contenido ideológico: legitima un modelo depredador. La verdadera política exterior pragmática y de Estado sería aquella que, defendiendo los intereses nacionales de largo plazo de Uruguay en un planeta estable, tenga la valentía de marcar claras líneas rojas y buscar alianzas con quienes realmente compartan el objetivo de evitar la catástrofe climática, aunque eso signifique repensar la composición de su grupo de negociación. El costo de la comodidad diplomática hoy podría ser la inhabitabilidad económica y ambiental del mañana
