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Mundo fallo | discapacidad | sanciones

"No hay plata"

Gobierno de Milei no cumplirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno no solo desafía un fallo judicial, sino que también pone a prueba la vigencia efectiva de las decisiones del Congreso.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Tras la orden judicial que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, el conflicto entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial sumó un nuevo capítulo que expone tensiones institucionales de alto voltaje político. El fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, fijó plazos concretos y apercibimientos claros. Sin embargo, desde la Casa Rosada la respuesta fue tajante: no cumplirán plenamente con la sentencia porque, insisten, “no hay plata”.

La resolución judicial no deja demasiado margen de interpretación. El magistrado exigió al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que acrediten avances reales en la aplicación de la ley, bajo amenaza de sanciones. Aun así, el Ejecutivo parece decidido a tensionar al máximo los límites del sistema republicano. Cerca del Presidente admiten que, de verse obligados, acatarían el fallo solo de manera parcial, con “las herramientas disponibles”, una definición que en la práctica se traduce en un cumplimiento formal, pero no sustantivo.

El trasfondo del conflicto es político y presupuestario. El oficialismo fracasó en su intento de derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad durante el debate del Presupuesto 2026 y ahora evalúa enviar un nuevo proyecto al Congreso para modificar una norma vigente que fue aprobada por mayoría parlamentaria. La estrategia evidencia una disputa de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, con el Poder Judicial como árbitro incómodo.

Posibles sanciones

Mientras tanto, las posibles sanciones contra funcionarios como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, o la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, parecen no generar mayor inquietud en Balcarce 50. La minimización del impacto judicial contrasta con la gravedad social del asunto: miles de personas con discapacidad continúan percibiendo pensiones insuficientes y dependen del Estado para sostener tratamientos básicos.

En este escenario, el Gobierno no solo desafía un fallo judicial, sino que también pone a prueba la vigencia efectiva de las decisiones del Congreso y el alcance real de los derechos sociales en un contexto de ajuste extremo. El desenlace marcará un precedente político clave sobre cómo se gobierna en tiempos de escasez.

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