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Mundo Colombia | bananera | Chiquita Brands

Histórico fallo

Las bananas de la muerte en Colombia

El pasado 10 de junio, un tribunal federal de La Florida falló contra la compañía bananera Chiquita Brands por la financiación de grupos paramilitares en Colombia entre 1997 y 2004.

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La compañía Chiquita Brands fue condenada a pagar una indemnización de 38,3 millones de dólares a un grupo de ocho familias de la zona bananera, al noroeste de Colombia.

El caso de Colombia muestra de manera clara que el sistema capitalista, en su configuración más duradera, ha utilizado a su favor las condiciones de su entorno, cualquiera que estas sean. El aprovechamiento de estas condiciones va desde la compra de conciencias, servidores públicos, rompehuelgas y creación de sindicatos amarillos, hasta la creación y financiación de grupos armados que mantengan a raya a cualquier forma de organización social por medio del asesinato de sus dirigentes o, si lo ven necesario, la reconfiguración demográfica de poblaciones enteras.

Chiquita Brands es la heredera de la tristemente célebre United Fruit Company, que durante décadas dejó a su paso por el Caribe insular y centro y sudamericano una estela de muerte y miseria a nombre del progreso, que a la vez fue el progreso de sus propios intereses, los que siempre son puestos ante la opinión pública como los intereses generales.

La violencia impulsada por la United Fruit Company se extiende en el tiempo desde el bombardeo y desembarco de marines a Villa Duarte, Santo Domingo, en 1904, o el episodio de la masacre de las bananeras, que desde 1928 dejó una huella indeleble en el Caribe colombiano y cuya memoria aún no ha podido ser reconstruida en su totalidad, ya que el número de trabajadores asesinados no ha logrado ser establecido ni siquiera con una cifra aproximada y el estimado estaría entre los 300 y los 1.800 o más, ya que luego de la masacre los trenes mismos de la compañía fueron usados para sacar decenas de cadáveres para ser arrojados al mar o abandonados en lugares alejados del sitio de los hechos.

Con estos antecedentes de vieja data, es posible ubicar cuál ha sido el carácter de este tipo de empresas en países con recursos naturales en abundancia y un clima político agitado. Para nadie es un secreto que Colombia ha sido uno de los más representativos casos de esa exuberancia natural administrada en medio de un entorno particularmente violento. La zona bananera que inició en el siglo XIX siendo un pequeño sector cerca de Santa Marta sobre el mar Caribe, con las décadas se fue extendiendo principalmente al sudeste de esa ciudad, llegando a abarcar una gran zona que comprendió dos departamentos. Allí es importante hacer una salvedad, ya que la zona de influencia bananera es mucho mayor a la zona de cultivo del banano, por lo que la dinámica de una zona mucho más grande ha sido generada a partir de las lógicas comerciales asociadas al cultivo de bananas en Colombia, que a pesar de hacer parte de las cadenas productivas de un negocio multimillonario, se han caracterizado por ser poblaciones muy carenciadas, alejadas de los grandes centros administrativos y manejadas por poderes locales de tipo feudal.

Esta zona, en términos geográficos, es conocida como el Urabá, que comprende parte de los departamentos de Antioquia y Chocó y limita con Panamá por el inhóspito Tapón del Darién. Durante los años 60 y 70, en la medida que el negocio bananero se expandía, con él se expandían las poblaciones y a ellas llegaban cientos de campesinos arrojados de otras regiones por la violencia y que veían en el trabajo en las haciendas bananeras una oportunidad, si no de crecimiento, por lo menos de supervivencia. A finales de los años 70 los trabajadores y trabajadoras del banano eran miles y la precariedad laboral trajo como consecuencia el crecimiento de la organización sindical, que venía sustentada por una larga tradición de organización política desde mediados de los años 40, y a partir de las lógicas propias de la exclusión en las zonas rurales más alejadas, la existencia de guerrillas de izquierda durante esta época llegó a ser bastante notoria, principalmente por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Esta realidad hizo que a inicios de los años 80 el movimiento político alternativo Unión Patriótica encontrara en el Urabá uno de los lugares con mayor adhesión a su plataforma y, de forma casi inmediata, en las elecciones de 1986 las principales localidades de la zona bananera quedaron con un importante número de alcaldes, concejales y representantes a diferentes entidades de elección popular que pertenecían a este nuevo partido. Por este motivo, esa fue una de las zonas de Colombia más afectadas por la violencia paramilitar cuando a mediados de los 80 se desató la cacería contra esa Unión Patriótica, lo que terminó en el exterminio por el que el Estado colombiano fue encontrado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de enero de 2023.

Aunque la sentencia de Chiquita Brands se da por hechos ocurridos entre los años 1997 y 2004, existen indicios que apuntan a su participación en hechos de violencia en la región muchos años atrás. Sin embargo, es importante desentrañar un poco las lógicas con las que operó la violencia en ese lugar, pues no se trató de una simple entrega de recursos de forma sistemática a grupos armados presentes en la región, sino que tuvo un entramado mucho más complejo.

Finalizando el gobierno de César Gaviria en 1994, por presión de diferentes sectores económicos y políticos, se creó una figura llamada Convivir, que eran cooperativas de seguridad privadas y dependían del Ministerio de Defensa. El fin de estas cooperativas fue presentado como prestar vigilancia y defender en particular las haciendas y en general los comercios de posibles ataques de grupos armados ilegales. Se crearon miles en todo el país, pero el Urabá fue una de las regiones que más Convivir tuvo registradas.

Estas cooperativas tenían permiso para adquirir armamento y portarlo, pero también tenían cierto nivel de respaldo institucional para ejercer funciones de policía en las regiones donde operaban, por lo que de alguna forma llegó a ser normal ver a los “convivires”, como fueron llamados sus miembros, interrogando o controlando el paso de la población por determinados lugares.

Desde el inicio, en las regiones de mayor conflicto fue claro que estas cooperativas eran una forma de legalizar grupos paramilitares que ya se encontraban operando, con lo que el nivel de impunidad de los mismos se disparó de manera exponencial y poco a poco pasaron a la ofensiva incluso en lugares donde no tenían permiso para operar, bajo la excusa de estar en persecución de guerrilleros o colaboradores de la guerrilla.

Finalmente, las Convivir fueron declaradas inconstitucionales en 1997 y desmanteladas en 1998. Sin embargo, en los años en que operaron se convirtieron en un factor determinante en el avance del paramilitarismo en todo el país y de cooperativas como “Papagayo”, “Abibe”, “Horizonte”, “Guaimara” o “Nuevo amanecer”. Surgieron los principales dirigentes de una de las estructuras más sanguinarias de los grupos paramilitares en Colombia: las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que serían la parte más importante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a inicios de los 2000.

Fue en este marco que la multinacional entregó los recursos en cuestión, recursos que en principio la defensa había tratado de alegar que fueron entregados como resultado de extorsiones, lo que convertía a la multinacional en víctima y no en victimario. No obstante, este argumento fue desvirtuado poco tiempo después, ya que quedó claro que los 1,7 millones de dólares que entregó la multinacional a los paramilitares fueron dados de manera voluntaria entre 1997 y 2004, como ellos mismos aceptaron durante un primer juicio en 2007.

La financiación se producía por medio de la destinación de 50 centavos de dólar por cada caja exportada, lo que claramente implicaba toda una logística organizacional para lograr que esos recursos llegaran a su destino final.

Los alegatos de la multinacional bananera apuntaron a que desconocían que los recursos pagados a los grupos paramilitares en Colombia tuvieran un destino diferente al de la protección de sus cultivos y sus funcionarios, sin embargo es un hecho que el tránsito entre las Convivir y las ACCU, así como la enorme operación desplegada por estos en todo el Urabá, que incluyó masacres, ataques sicariales, desplazamiento forzado de poblaciones enteras y todo un régimen de terror que incluía colgar de los ganchos en que se transportaba el banano a miembros del sindicato agrario o quemar con ácido a campesinos para que confesaran ser colaboradores de la guerrilla para luego ser asesinados delante de sus familias, fue gracias a los recursos derivados de las empresas bananeras como Chiquita, Dole y Del Monte.

La sentencia proferida por el juez de Florida hace referencia directa a ocho familias afectadas por el accionar de los paramilitares. Sin embargo, gracias a las instancias de verdad y justicia abiertas en Colombia, se ha logrado establecer que la cifra de personas asesinadas durante esta etapa por las ACCU-AUC sobrepasan las 4.000 solamente por parte de las unidades a cargo de Ever Veloza, alias HH.

Entonces, a pesar del carácter histórico de la condena proferida por un juez estadounidense contra una empresa constituida en Estados Unidos por crímenes cometidos fuera de su territorio, está lejos de reflejar los verdaderos alcances de la participación de estas empresas en el conflicto colombiano a nombre de la rentabilidad. Por ejemplo, como fue citado por la comunicadora Inna Afinogenova en su columna del programa La Base del 19 de junio pasado, un informe de la Organización de Estados Americanos fechado en enero de 2003 refiere el ingreso al Urabá de 3000 fusiles AK47 y un millón y medio de proyectiles calibre 7,62 provenientes de Nicaragua en 2001 por medio de un puerto propiedad de Banadex a donde llegó un barco de propiedad del conocido líder paramilitar Carlos Castaño, con lo que se confirma que el papel institucional de la empresa Chiquita Brands y su filial en Colombia Banadex fue de un proactivo y decidido apoyo al paramilitarismo en la región más que de una simple cuota pagada con regularidad.

Chiquita Brands ya anunció su desacuerdo con la sentencia y por consiguiente su intención de apelar la decisión del juez, ya que el precedente que se siente una vez establecida una última instancia será determinante para las miles de familias que han adelantado procesos similares a este, no solamente contra Chiquita Brands, sino contra otras empresas multinacionales que han sido señaladas de ayudar a conformar y financiar grupos paramilitares en Colombia, tales como Coca-Cola, Nestlé, British Petroleum y OXY Petroleum.

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