La clave no está en una única disposición, sino en la combinación de cambios que, en conjunto, debilitan los mecanismos clásicos de control del origen del dinero.
En caso de que el Senado apruebe el proyecto, el monto a partir del cual se considera evasión fiscal simple pasará de 1,5 millones de pesos no declarados a 100 millones, mientras que la evasión agravada comenzará a partir de los 1.000 millones, frente a los 15 millones vigentes.
Umbrales penales que desactivan la alerta temprana
Uno de los pilares del proyecto es la suba drástica del monto mínimo que habilita la persecución penal por evasión simple: de $1,5 millones a $100 millones. En términos prácticos, esto implica que movimientos de dinero que hasta hoy podían activar una investigación penal quedarán automáticamente fuera del radar judicial.
Para las economías criminales, que suelen fragmentar operaciones para evitar controles —una técnica conocida como “pitufeo”—, este cambio es crucial. El narcotráfico no necesita introducir grandes sumas en una sola operación: puede hacerlo en múltiples transacciones por debajo del umbral, todas legalmente “inocentes” desde el punto de vista tributario.
Consumos sin origen
El régimen simplificado para personas con patrimonios de hasta $10 mil millones elimina la obligación de justificar el origen de los consumos personales. Esto significa que un contribuyente puede comprar inmuebles, vehículos, realizar viajes al exterior o invertir en activos financieros sin que ARCA pueda preguntar de dónde salió el dinero.
Para el lavado de activos, este punto es central. La legitimación no requiere necesariamente declarar el dinero, sino poder gastarlo sin preguntas. Al eliminar el nexo entre consumo y renta declarada, la ley rompe uno de los principales mecanismos indirectos de detección de fondos ilícitos.
Prescripción corta, investigaciones imposibles
La reducción del plazo de prescripción de 5 a 3 años limita severamente la capacidad del Estado para investigar esquemas complejos. Las organizaciones narcocriminales suelen operar mediante entramados de empresas, testaferros y operaciones cruzadas que requieren tiempo para ser detectadas y probadas.
Con una ventana temporal más corta, muchas maniobras quedarían automáticamente fuera de alcance antes de que los organismos de control puedan reconstruir el circuito del dinero.
El pago como salvoconducto penal
El proyecto establece que el pago total de la deuda, con intereses y un recargo del 50%, bloquea la denuncia penal. En la práctica, esto transforma la evasión en una infracción “con opción de salida”, incluso cuando haya sido deliberada.
Desde la perspectiva del crimen organizado, el esquema es funcional: el dinero ilícito se utiliza, se invierte y, si eventualmente surge una observación fiscal, se paga el costo económico sin consecuencias penales. El riesgo judicial, uno de los principales desincentivos al lavado, desaparece.
Un vacío para la UIF y los controles antilavado
A diferencia del blanqueo de capitales de 2024, que obligaba a declarar activos ocultos y generaba información para la Unidad de Información Financiera (UIF), la Inocencia Fiscal permite usar dinero no declarado sin dejar rastro. No hay declaración, no hay regularización y, por lo tanto, no hay datos para cruzar ni alertas que analizar.
Este vacío informativo debilita todo el sistema de prevención del lavado, que depende de señales tempranas, reportes de operaciones sospechosas y consistencia entre ingresos, patrimonio y consumo.
Un cambio de lógica con impacto sistémico
En conjunto, la ley no solo reduce la presión fiscal, redefine el concepto de control estatal sobre el origen del dinero. Al priorizar la presunción de licitud por sobre la verificación, el sistema pasa de prevenir a reaccionar, y lo hace con herramientas más limitadas y plazos más cortos.
Para especialistas en delitos económicos, el riesgo es claro, sin necesidad de blanquear formalmente, el narcotráfico podría insertar fondos en la economía real, transformando dinero ilegal en consumo legítimo. Todo, bajo el paraguas de una ley que promete inocencia, pero que podría terminar garantizando impunidad.
