Las elecciones generales de Brasil, programadas para el 4 de octubre de 2026, con una posible segunda vuelta el 25 de octubre, representan el evento político de mayor envergadura en la región. Este proceso renovará la presidencia, la vicepresidencia, 54 de los 81 escaños del Senado Federal y la totalidad de los 513 escaños de la Cámara de Diputados.
La dinámica electoral brasileña está profundamente condicionada por la situación legal del expresidente Jair Bolsonaro. Tras ser inhabilitado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) hasta 2030 por abuso de poder político y, posteriormente, sentenciado a 27 años de prisión por su participación en un complot de golpe de Estado en 2022-2023, la derecha brasileña se encuentra en un proceso de reestructuración forzosa. Este vacío ha permitido la emergencia de líderes que buscan heredar el capital político del bolsonarismo sin la carga judicial del expresidente.
Tarcísio de Freitas, actual gobernador de São Paulo por el partido Republicanos, se ha posicionado como el candidato más sólido de la oposición. Su gestión en el estado más poblado del país le ha permitido construir una imagen de tecnócrata eficaz. Paralelamente, la figura de Michelle Bolsonaro, ex primera dama, mantiene una alta favorabilidad, especialmente entre el bloque evangélico y los sectores más conservadores del Partido Liberal (PL).
Por su parte, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) buscará la reelección en un contexto de creciente polarización. Aunque su imagen positiva ha experimentado un crecimiento, las encuestas de finales de 2025 muestran que su intención de voto oscila entre el 35% y el 39%, lo que hace casi inevitable una segunda vuelta electoral.
El sistema electoral brasileño se enfrentará a retos tecnológicos significativos. El TSE ha iniciado audiencias públicas en febrero de 2026 para consolidar las normas sobre el uso de inteligencia artificial en la propaganda electoral y fortalecer la seguridad de las urnas electrónicas. La prohibición de donaciones de empresas desde 2015 otorga un papel predominante al Fondo Partidario, lo que beneficia a las grandes estructuras ya establecidas, como el PT y el PL.
Colombia por su parte vivirá un año electoral intenso en 2026, comenzando con las elecciones legislativas y consultas interpartidistas el 8 de marzo, y la primera vuelta presidencial el 31 de mayo. La prohibición constitucional de la reelección presidencial obliga a una renovación total del ejecutivo, lo que ha generado una proliferación récord de precandidatos, superando los 100 nombres inscritos en diversas plataformas.
El gobierno del izquierdista Gustavo Petro llega al final de su mandato con una agenda de reformas sociales (pensional, salud y laboral) que ha generado una profunda fractura en el Congreso y en la opinión pública.Esta polarización se refleja en el panorama de precandidatos. En el sector oficialista, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, se perfila como el sucesor natural, defendiendo la continuidad de las políticas de "Paz Total" y justicia social.
No obstante, la oposición de derecha y centro-derecha está movilizando una estrategia de coalición denominada "Gran Consulta por Colombia". Figuras como la periodista Victoria Eugenia Dávila, el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, y el abogado Abelardo de la Espriella —quien utiliza un discurso alineado con la seguridad y el orden similar al de Donald Trump— compiten por liderar un bloque que revierta el rumbo ideológico del país.
El proceso electoral en Colombia también integrará innovaciones tecnológicas, con un plan piloto de voto electrónico en 10 departamentos, supervisado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para mitigar riesgos de fraude y agilizar el conteo en zonas rurales afectadas por la inseguridad.
Perú
Perú se prepara para las elecciones generales del 12 de abril de 2026, un proceso que es visto por analistas como un intento de estabilización tras años de crisis ejecutivas recurrentes. La gran novedad de estos comicios es la implementación de la reforma constitucional de 2024 que restaura el sistema bicameral, ausente desde 1992.
El nuevo sistema legislativo contará con un Senado de 60 miembros, 30 elegidos por distrito electoral nacional y 30 por distritos electorales múltiples (uno por cada departamento, incluyendo la provincia constitucional del Callao y un distrito para peruanos en el exterior). Tendrá también una Cámara de Diputados de 130 miembros elegidos mediante representación proporcional para un mandato de cinco años.
La presidencia actual, ocupada de forma interina por José Jerí tras una serie de sucesiones constitucionales, enfrenta niveles de desaprobación históricos. En este escenario, las fuerzas políticas se están alineando prematuramente. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) buscará nuevamente la presidencia con un discurso de mano dura y apertura económica, mientras que en el extremo opuesto, el nacionalista radical Antauro Humala gana terreno en las regiones del sur con una retórica crítica hacia la influencia extranjera y las élites limeñas.
La restauración del Senado se percibe como un mecanismo para dotar de mayor reflexión a la producción legislativa y reducir la frecuencia de las mociones de vacancia presidencial, que han marcado la política peruana reciente.
Centroamérica y el Caribe
El panorama en Centroamérica y el Caribe para 2026 presenta contrastes dramáticos entre la consolidación democrática en Costa Rica, la incertidumbre total en Haití y el deslizamiento hacia un modelo de partido único en Nicaragua.
Costa Rica abrirá el calendario electoral americano el 1 de febrero de 2026. Con más de 20 partidos inscritos, la fragmentación política es el rasgo distintivo de esta contienda. Los temas centrales de la campaña incluyen la crisis de seguridad vinculada al narcotráfico transnacional, el costo de la vida y la reforma del Estado.
Entre los aspirantes más visibles se encuentran Laura Fernández Delgado (centroderecha), Álvaro Ramos Chaves (socialdemocracia) y Fabricio Alvarado Muñoz, líder evangélico que ha adoptado una retórica de seguridad inspirada en modelos conservadores regionales. De no obtener ningún candidato el 40% de los votos, se celebrará una segunda vuelta el 5 de abril de 2026.
En Nicaragua, el panorama para 2026 es de una profunda ambigüedad legal. Originalmente, la Constitución fijaba las elecciones presidenciales para noviembre de 2026. Sin embargo, la Asamblea Nacional ratificó en enero de 2025 una reforma constitucional que amplía los periodos de todos los cargos electos a seis años. Esta reforma implica que las elecciones presidenciales y legislativas se retrasarán formalmente hasta 2027 o 2028.
Haití es quizás el caso más frágil del continente. Tras una década sin procesos electorales regulares y sumido en una crisis de seguridad sin precedentes dominada por bandas armadas, el Consejo Presidencial de Transición ha convocado a elecciones generales para el 30 de agosto de 2026.
El éxito de estos comicios depende de la capacidad de crear un padrón electoral confiable en un país con cientos de miles de desplazados internos. De concretarse, la segunda vuelta se realizaría el 6 de diciembre de 2026.
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos
Aunque no hay elección presidencial en Estados Unidos en 2026, las elecciones de medio término del 3 de noviembre tendrán un impacto sísmico en la política global y en las relaciones con América Latina. Estarán en juego la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado (33 regulares y 2 especiales).
El mapa electoral del Senado para 2026 favorece estructuralmente al Partido Republicano, ya que los demócratas deben defender escaños en estados competitivos como Michigan, Georgia, New Hampshire y Minnesota, mientras que la mayoría de los escaños republicanos se encuentran en estados históricamente sólidos.
El resultado de estas elecciones determinará la capacidad del ejecutivo estadounidense para implementar políticas de asistencia exterior, gestionar la crisis migratoria en la frontera sur y mantener el financiamiento a aliados estratégicos como Ucrania.
Europa
Fuera del continente americano, el año 2026 también presenta eventos que redefinirán el equilibrio de poder en Europa y Asia, donde los movimientos conservadores y nacionalistas continúan su ascenso.
En abril de 2026, Hungría celebrará elecciones parlamentarias que son vistas como el mayor desafío para el Primer Ministro Viktor Orbán desde su regreso al poder en 2010. Tras cuatro supermayorías consecutivas, Orbán enfrenta por primera vez a un bloque opositor cohesionado bajo el partido Tisza, liderado por Péter Magyar, quien ha logrado capitalizar el descontento por la alta inflación y la corrupción percibida.
El desenlace en Hungría tendrá implicaciones directas para la Unión Europea, ya que determinará si Budapest continúa bloqueando las decisiones de seguridad del bloque o si se produce un retorno hacia posturas más integracionistas.
Suecia acudirá a las urnas el 13 de septiembre de 2026. El proceso evaluará la durabilidad del pacto de gobierno que permite a la derecha tradicional gobernar con el apoyo externo de los Demócratas de Suecia (extrema derecha). Mientras tanto, en Alemania, una serie de elecciones estatales en Baden-Württemberg, Renania-Palatinado y Sajonia-Anhalt servirán como termómetro para medir el crecimiento de Alternativa para Alemania (AfD) de cara a las próximas elecciones federales.
Asia y África
En Asia, Bangladesh celebrará elecciones generales el 12 de febrero de 2026, las primeras tras la caída del régimen de Sheikh Hasina en 2024. El país se encuentra en un proceso de redefinición constitucional bajo un gobierno interino, enfrentando tensiones entre sectores laicos y coaliciones islamistas que buscan mayor influencia en el nuevo orden.
En África, Uganda vivirá una jornada el 15 de enero de 2026, donde Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, buscará un séptimo mandato. El entorno preelectoral ha estado marcado por la represión a líderes de la oposición como Bobi Wine, lo que sugiere que el proceso carecerá de los estándares internacionales de competitividad.
Más allá de los nombres y las fechas, la dinámica política de 2026 estará marcada por tres factores transversales que están transformando la naturaleza misma de las campañas electorales.
"AI Slop" en las campañas, voto en el exterior y seguridad
Se proyecta que 2026 será el primer año en el que el uso masivo de contenido generado por inteligencia artificial, conocido como "AI slop", sature las redes sociales durante las campañas electorales. La facilidad para crear deepfakes y propaganda negativa a bajo costo presentará un desafío sin precedentes para los tribunales electorales de Brasil y Colombia, que ya están redactando normativas específicas para exigir el etiquetado de estos contenidos.
Para países como Colombia, Brasil y Honduras (que celebrará elecciones en 2025 impactando el inicio de 2026), el voto de las comunidades en el exterior se ha convertido en un factor decisivo. En Colombia, más de 972,000 ciudadanos están habilitados para votar fuera del país, una cifra que puede inclinar la balanza en una contienda fragmentada.
La integridad de los censos electorales será motivo de escrutinio. En Perú, el cierre del padrón está previsto para el 14 de octubre de 2025, mientras que en Colombia, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha alertado sobre la necesidad de depurar las bases de datos para evitar la suplantación y garantizar que los cambios de residencia sean legítimos.
En conjunto, los procesos electorales de 2026 configuran un escenario de definición histórica. Las urnas decidirán la orientación de los sistemas políticos frente a la desigualdad, la concentración del poder y el impacto de la tecnología en la democracia. La magnitud y simultaneidad de estas elecciones obligan a leer el año como un umbral porque lo que emerja de este ciclo marcará los límites y las posibilidades de la gobernanza democrática en la próxima década.
