Mientras los conflictos se multiplican y los recursos destinados a la guerra alcanzan cifras astronómicas, la financiación para la ayuda humanitaria se reduce. Esa fue la advertencia lanzada por el coordinador de ayuda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.
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“El mundo está gastando fortunas en destruir vidas mientras recorta la ayuda para salvarlas”, denuncia la ONU.
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Ante los representantes de los Estados miembros, Fletcher denunció que el mundo está invirtiendo cantidades “asombrosas” de dinero en destrucción mientras disminuye el apoyo a las poblaciones más vulnerables. Según explicó, los gastos militares vinculados a los conflictos alcanzan alrededor de mil millones de dólares diarios, una cifra que contrasta con los recortes que sufren los programas de asistencia humanitaria.
“El mundo está gastando fortunas en destruir vidas mientras recorta la ayuda para salvarlas”, afirmó el funcionario, quien sostuvo que con apenas una fracción de ese dinero sería posible salvar millones de vidas en distintas regiones del planeta.
Durante su intervención, Fletcher advirtió que el problema no se limita al gasto militar, sino que refleja un deterioro más profundo del orden internacional. En su diagnóstico, las normas y mecanismos creados tras la Segunda Guerra Mundial para limitar los conflictos están siendo erosionados.
El responsable humanitario señaló que cada vez es más frecuente escuchar ataques contra la propia ONU o contra el derecho internacional, lo que debilita las estructuras diseñadas para contener las guerras. Según explicó, el debilitamiento de estos marcos normativos facilita que los conflictos se expandan y que más recursos se desvíen hacia el armamento en lugar de destinarse a la asistencia a civiles.
“Construir la paz es difícil, pero siempre es mejor y requiere más valentía que la alternativa”, sostuvo Fletcher, al tiempo que criticó a los líderes políticos que “exhiben su poder enviando a otros a morir”.
Líbano, ejemplo de una crisis regional
El coordinador humanitario utilizó la situación en Líbano como ejemplo de las consecuencias de ignorar el derecho internacional. Según los datos presentados ante el Consejo, el país enfrenta una grave crisis humanitaria vinculada a la escalada regional entre Israel y Irán.
En apenas diez días, el conflicto dejó más de 570 muertos y alrededor de 750.000 personas desplazadas dentro del territorio libanés. La infraestructura sanitaria también se ha visto duramente afectada: 49 centros de salud debieron cerrar y al menos 25 hospitales fueron atacados. Además, 16 trabajadores sanitarios murieron en medio de los combates.
La situación humanitaria se deteriora rápidamente. El precio de los alimentos se ha disparado, varias rutas marítimas están bloqueadas y el ingreso de ayuda internacional enfrenta retrasos que pueden extenderse hasta seis meses.
Fletcher describió al país como “agotado por las guerras de otros” y afirmó que la población libanesa no pide caridad sino “oxígeno” para poder resistir el impacto de los enfrentamientos regionales.
Denuncias sobre Irán
En paralelo a la sesión del Consejo de Seguridad, una misión investigadora independiente de la ONU presentó un informe sobre la situación en Irán, donde denunció que la población civil queda atrapada entre los efectos del conflicto y la represión interna. El documento menciona, entre otros episodios, un ataque ocurrido en junio de 2025 contra la Prisión de Evin que dejó 80 muertos, entre ellos mujeres y un niño. El informe sostiene que el hecho podría constituir un crimen de guerra.
La investigación también advierte sobre un fuerte aumento de las ejecuciones en el país: al menos 1.639 personas fueron ejecutadas en 2025, muchas de ellas por delitos relacionados con drogas y en procesos judiciales que habrían incluido confesiones obtenidas bajo tortura. Además, la misión denunció que las autoridades iraníes bloquearon el acceso a internet durante más de dos semanas, una práctica que según los investigadores ya se ha utilizado anteriormente para ocultar violaciones a los derechos humanos y limitar la difusión de protestas.