Habrá un referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre en Venezuela. Será para que la población se pronuncie respecto al territorio en disputa con su vecino país Guyana: 160.000 kilómetros cuadrados que Caracas afirma, en base a mapas de la colonia, le son propios y le fueron arrebatados en el siglo XIX por el entonces Imperio británico.
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El llamado a las urnas ocurre en el medio de tensiones entre Caracas y Georgetown que llevan varios años. El inicio de las mismas puede situarse a partir del descubrimiento de grandes reservas petroleras en el 2015 por parte de la transnacional ExxonMobil, que convirtió al país agrícola y pobre situado entre Venezuela, Guyana y Brasil, en lo que será una nueva potencia petrolera en pocos años.
El conflicto escaló desde entonces: en 2018 Guyana recurrió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), instancia no reconocida por Caracas para mediar en su conflicto con el vecino país; en 2020 la CIJ se declaró competente para abordar el diferendo; en 2022 la diplomacia venezolana introdujo objeciones antes la CIJ; y en 2023 ésta falló en contra de los planteos de Caracas.
Finalmente, en setiembre pasado, ocurrió un nuevo punto de inflexión para Caracas, a partir de la licitación de 14 bloques petroleros por parte de Guyana, avanzando así en la próxima explotación de las aguas internacionales en disputa. Fue allí cuando el gobierno de Nicolás Maduro anunció la realización de un referéndum consultivo que tendrá lugar este próximo 3 de diciembre.
Cinco preguntas
Los venezolanos acudirán a las urnas a votar “sí” o “no” en cinco preguntas. La primera y la segunda tendrán por objetivo ratificar lo que ha sido la posición histórica de Venezuela: rechazar el Laudo Arbitral de 1899 que Guyana toma como base para reclamar el territorio en disputa, y reconocer el Acuerdo de Ginebra de 1966 en el que Venezuela, Gran Bretaña y Guyana, entonces todavía excolonia británica, reconocían la existencia de una controversia sobre la soberanía de esos 160.000 kilómetros cuadrados.
La tercera pregunta del referéndum será respecto de la CIJ, para desconocer la jurisdicción de la misma en la controversia. El hecho podría significar que Venezuela opte por no presentar defensa en la CIJ al no reconocerle potestad en la materia, regresando a su posición inicial antes del 2022.
¿Qué sucedería si la CIJ, parte de Naciones Unidas, zanjara a favor de Guyana? Venezuela no reconocería entonces un fallo sin apelación posible, mientras que Guyana, Naciones Unidas y quienes apoyan a la nueva meca petrolera sí, y darían el diferendo por zanjado.
Finalmente, la cuarta y quinta pregunta versan sobre la disposición de Venezuela a “oponerse por todos los medios a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente de delimitar”; y la creación del Estado de la Guayana Esequiba con la cedulación de sus habitantes. Es decir, nacionalizar a quienes viven en un territorio hoy bajo gobierno guyanés, sin precisión sobre cómo se llevaría adelante esa decisión.
Alianzas asimétricas
Guyana cuenta con apoyos diplomáticos visibles: el Gobierno de Estados Unidos que ha venido multiplicando acuerdos de seguridad y defensa con Georgetown, el de Gran Bretaña, la Mancomunidad de Naciones, la Comunidad del Caribe y la Organización de Estados Americanos. Todos defienden el “derecho soberano de Guyana a desarrollar sus propios recursos naturales”, como lo definió Washington.
“Se acabó el tiempo de la negociación, no habrá necesidad de dialogar con Nicolás Maduro, no habrá reunión entre Maduro y el presidente Irfaan Ali (…) dejemos que la CIJ decida, que la CIJ sea el juez y emita un fallo definitivo sobre esta controversia”, afirmó el martes el gobierno guyanés, quien le solicitó a la CIJ que ordene “medidas preventivas” contra el referéndum venezolano.
Guyana cuenta con otro aliado determinante: ExxonMobil, principal empresa petrolera estadounidense que está a la cabeza de las exploraciones y explotaciones en el país. ExxonMobil es quien descubrió los grandes yacimientos que pueden convertir a Guyana en un actor de peso en el negocio petrolero, situado lejos del conflictivo Medio Oriente y cerca de las costas estadounidenses.
Venezuela parece en cambio estar en mayor soledad diplomática en el enfrentamiento con su vecino que es parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión de Naciones Sudamericanas, y es un Estado Asociado del Mercosur. Esa posición de la diplomacia caraqueña tiene varias causas, una de ellas el negocio petrolero, donde, por ejemplo, China participa de la explotación petrolera en Guyana vía la National Offshore Oil Corporation.
El momento político
El referéndum ocurre en el marco de los acuerdos políticos entre el Gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria opositora celebrados en Barbados en octubre, a los cuales les siguió la decisión de Estados Unidos de levantar gran parte del bloqueo económico sobre la industria petrolera, gasífera y de oro de Venezuela.
Los avances se encuentran, sin embargo, en zona de amenazas, ya que Washington afirma que revertirá los avances si a fin de noviembre no se han habilitado a todos los candidatos opositores, especialmente María Corina Machado, que ganó las primarias opositoras el pasado 22 de octubre. El gobierno subrayó que tal habilitación no ocurrirá en vista de las acciones cometidas por Machado, por lo que existe una pregunta central: ¿qué sucederá a fin de mes si la candidata sigue inhabilitada?
La oposición que participó en Barbados se comprometió allí a defender la soberanía territorial venezolana, por lo que debería, según lo firmado, acompañar el referéndum del próximo 3 de diciembre. Otros sectores, en cambio, podrían no hacerlo, en particular Machado, en vista de que apoyar la votación sería quedar bajo una política impulsada desde el Gobierno y organizada por el Consejo Nacional Electoral.
Una de las preguntas alrededor del referéndum consultivo será cuánta gente irá a votar. El Gobierno apuesta por lograr una convocatoria suprapartidista, es decir bajo la bandera de la unidad nacional, que le permita ampliar la base votante más allá del chavismo. Quedan más de tres semanas para saber si logrará ese objetivo en una votación alrededor de una disputa por un territorio que lleva más de un siglo en disputa, y pasó a ocupar un lugar geopolítico central a partir del descubrimiento de sus grandes riquezas petroleras.