Pobres los pobres

Reconocen que se trata de desafíos que han implicado un «gran avance institucional», pero «no quedaron exentos de dificultades o incluso, en algunas ocasiones, de posibles efectos perversos que no permitieron avanzar en todas las dimensiones esperadas».

También deslizan cuestionamientos hacia el Plan de Equidad, ejecutado por el gobierno frenteamplista desde el año 2008, reconociendo que «logró importantes avances en temas como inclusión educativa y políticas de infancia y adolescencia», pero no «ha logrado ser sostenible en el tiempo y ha redundado en que el ministerio continúe hasta ahora asumiendo responsabilidades y financiando intervenciones en áreas que exceden sus competencias».

Menos recorta Dios y perdona

La actual administración advierte que «se encuentra planificando y dando los primeros pasos hacia una revisión programática del rol del ministerio como rector y articulador de las políticas sociales en general, y velador de la garantía de los derechos de las poblaciones más vulnerables en particular», así puede leerse en el informe citado.

Por otro lado, agregan que se viene un «cambio profundo en las estrategias de gestión, administración y en la implementación de procesos innovadores de control y garantía, que permitan un accionar más efectivo y eficiente». Para cumplir estos objetivos, hacen referencia a tres ejes sobre los cuales se enfocarán: focalización o «mejora de puntería», «concentración» y «mejora de la gestión». Sobre este proceso, expresan que la intención es «promover trayectorias hacia la autonomía de las personas, que eviten la dependencia crónica del Estado».

Explican también que alcanzar el ajuste presupuestal determinado implicaría una  «mutilación de las posibilidades de atender a las situaciones de pobreza extrema, y al casi impedimento de abordar ningún tipo de desarrollo de habilidades hacia trayectorias autónomas en las personas y hogares más vulnerables».

Detallan que las áreas que padecerían las restricciones impuestas por gobierno son: las transferencias monetarias a los sectores de menores recursos, el apoyo alimentario,  el sistema de cuidados en hogares con personas con dependencia severa y bajos recursos y la respuesta a las situaciones de especial vulneración de derechos, entre las cuales incluyen a personas en situación de calle, víctimas de violencia, abuso y maltrato.

Estas proyecciones las realizan sobre un escenario muy adverso, que ellos mismos advierten en el comunicado, al decir que la emergencia sanitaria y la retracción económica generarán «impactos significativos en el mercado laboral, asociados a fuertes consecuencias en la pobreza y el acceso a derechos básicos como la alimentación y la vivienda». Indican que el Mides, la OPP y el MEF «estiman que la incidencia de la pobreza en hogares en 2020 será 35,6% mayor a la de 2019 alcanzando a cerca de 100.000 hogares (8% del total)». En síntesis, se proyecta que el aumento de hogares bajo la línea de pobreza pasaría de 5,3% en 2019 a 8,3% en este año, y la pobreza, de 8,8% en 2019 a 11,9% en 2020.

Al justificar la decisión respecto a las áreas del recorte, hacen referencia al «contexto de la situación de vulnerabilidad en la que tiene lugar esta planificación». Afirman que «en el período marzo-junio de este año, el Mides ha incrementado la cantidad de consultas recibidas por parte de la población en un 66% respecto de igual período del año pasado», subrayando que hay un «amplio conjunto de personas que nunca antes se había acercado al Mides en busca de algún apoyo u orientación».

Además, señalan que la mayoría de las consultas que recibió la cartera fueron por alimentación y transferencias monetarias y que la cantidad de personas que utilizaron «alguna de las modalidades de alojamiento» gestionadas por el ministerio aumentó a 3.359 en marzo-junio, a diferencia del año pasado, que fueron 2.745.

El informe también hace referencia a los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia basada en género. Aseguran que la demanda pasó de 1.986 mujeres en 2019 a 3.939 en junio de este año.

Las «mejoras» de Bartol

Entre los planes del ministro de Desarrollo y su equipo de asesores está el lograr reducir la cantidad de usuarios de la Tarjeta Uruguay Social (TUS), en el entendido de que fue creada en el año 2006 para asistir a las 60.000 familias más pobres y que debido a derivaciones de otros programas, esa cobertura se fue «desvirtuando». Sobre este punto, argumentan que «es prioridad para la actual administración la mejora de la gestión de las transferencias monetarias en términos de eficiencia y focalización, con lo cual se prevé una reducción considerable de su presupuesto en un plazo razonable».

«Cabe señalar que otros ahorros posibles en esta línea necesariamente repercutirán en la reducción del ingreso disponible por parte de hogares de menores recursos, en su amplia mayoría ubicados bajo la línea de pobreza», agregan.

Es así que mediante un «programa de mejoras» que, entre otras cosas, propone ajustar el Índice de Carencias Críticas (ICC) y modificar los sistemas de altas y bajas del programa, el Mides planea retirarles la tarjeta a unos 6.000 beneficiarios de forma inmediata. Por otro lado, tienen previsto migrar desde la tarjeta hacía una app (Tuapp) mediante la cual podrán controlar que «los beneficiarios solo puedan adquirir los productos seleccionados por el Mides».

Asimismo, anuncian que el programa de Asistentes Personales para personas con discapacidad severa continuará trabajando con la población actual, pero cerrará sus inscripciones.

Otra de las novedosas propuestas de la nueva administración es «ir hacia un sistema de subsidios de cupos-cama» mediante el cual un sector privado provee el servicio y el Mides lo paga. «Que Mides gestione implica mayores gastos y menor oferta y que beneficiarios potenciales queden afuera», argumentan.

Rodeando lo turbio

Juan Pablo Labat, exdirector de Evaluación y Monitoreo del Mides, dialogó con Caras y Caretas sobre los aspectos «más graves» que expone el documento en cuestión. Para comenzar, señaló que «el gobierno viene diciendo que no van a reducir las políticas sociales y que tanto el escenario del MEF como el del Mides implican reducirlas».

Observó que el documento «mezcla asuntos técnicos con asuntos políticos y utiliza los primeros para justificar los verdaderos propósitos». A su entender, se trata de un relato que justifica el ajuste en función de conceptos imaginados. Lo que justificaría, según las autoridades, la reducción de las políticas sociales es una mejora en la eficiencia y para ello se ponen en juego un conjunto de acciones e instrumentos que no apuntan hacia ese lugar desde una perspectiva de políticas sociales». De acuerdo a Labat, lo sustantivo del ahorro presupuestal proviene de recortar las transferencias monetarias y ello se justifica en la «necesidad» de un proceso de refocalización sin hacer mayor énfasis en la  mejora del sistema. «Los aspectos principales que trata el documento tienen que ver con la cobertura de los programas y no con los propósitos de las políticas. Y eso en políticas sociales es la peor de las recetas. Si no se sabe dónde se quiere ir, qué objetivos se van a buscar, ¿cómo es posible definir cambios en los instrumentos?», se preguntó.

«Planifican volver a los 60.000 hogares de 2006 para los que fue construido el programa sin valorar un propósito actual, para un país que es muy diferente, que tiene otra agenda. Las políticas sociales de aquella época en el mundo entero bregaban por los registros de pobres y las transferencias monetarias condicionadas. Hoy las propias agencias internacionales que proponían eso han hecho una gran autocrítica y proponen pisos de protección social; el propio Fondo Monetario pide ampliar el gasto en los más pobres», agregó.

Además, cuestionó que la focalización que pretenden realizar sea a partir de la implementación de un formulario web, considerando que ayudaría a corregir eventuales errores, según la actualización del instrumento que encomendó el gobierno anterior (ICC). «Quienes hemos trabajado en esto sabemos que sostener una focalización a partir de instrumentos electrónicos no es una buena idea, pero lo es mucho menos el ajustar una focalización a partir de esos procedimientos. Es un hecho ilusorio y riesgoso. Ningún entendido en la materia puede sostener esa idea, que es nada menos que en la que se basará el eventual ahorro».

El exjerarca también hizo referencia al cierre de postulaciones del programa de asistentes personales. «En el propio documento se muestra quiénes son los beneficiarios de este programa: el 87% son personas que acceden al subsidio total, lo que denota su condición socioeconómica. Cerrarlo es cerrar la aspiración a la población más pobre del país al Sistema de  Cuidados. Se trata de personas que se encuentran en condición de precariedad económica y que el programa implica un cambio sustantivo en sus vidas».

Labat realizó un paréntesis para hablar sobre el programa Uruguay Trabaja que «si bien no está explícito en el documento, sabemos por otras fuentes que van a ser recortadas las prestaciones socioeducativas y otro conjunto de beneficios que hacen a la calidad de esta programa, con lo cual se van a reducir significativamente las prestaciones». «Si hay algo en que podemos aplicar la palabra ‘mutilaciones’, es en Uruguay Trabaja», afirmó.

«El aumento de eficiencia del programa significa generar, a partir del recorte de sus prestaciones, algunos cupos más. Ese era el programa que se había suspendido para pasarlo a las intendencias y hoy nos queda claro que se paró para ahorrar la plata del programa. Finalmente va a terminar siendo ejecutado por las mismas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que tanto criticaron y ensuciaron a través de la prensa porque el propósito de pasarlo a las intendencias naufragó en el océano de las buenas o las malas intenciones».

Otro de los planteos que Labat consideró «novedoso» es el de «realizar ajustes contracíclicos en las políticas sociales mediante un mecanismo en conjunto con Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). «Proponen que las prestaciones económicas  podrían expandirse en momentos de contracción del empleo y reducirse cuando se experimenta un crecimiento. Esto parecería un criterio de focalización razonable, pero se distancia de todas las recomendaciones en políticas no contributivas, como la del Banco Mundial y todos los organismos multilaterales de crédito que fomentan el garantizar ingresos mínimos a las personas. Sería ir en el sentido contrario a lo aprendido por el mundo en las últimas décadas».

«Al abandonarse los propósitos de políticas basados en indicadores de la población, los programas podrían ajustarse o expandirse  según, por ejemplo, la variable empleo, pero no se habla en ningún momento de la insuficiencia de ingresos de las familias, elemento fundamental para el cual se crearon las transferencias monetarias. Los actuales gobernantes no se pueden desprender de los propios prejuicios que fundaron y no logran entender que los programas de transferencias monetarias, que no los inventó el Frente Amplio, no se crearon para atender a personas que no trabajan, sino para atender la insuficiencia de ingresos de los hogares». Para el sociólogo, «vincular las transferencias monetarias al desempeño de la economía, sin tener en cuenta la distribución del ingreso, parecería algo torpe o engañoso».

«Los objetivos de las política no se trasuntan en el documento. En ningún momento  explicita en detalle si los objetivos son reducir la pobreza, llevarla a algún valor determinado o atender a las personas que están en determinada condición social específica. Se limita a decir cuántos cupos van a tener en cada programa y a justificar que obedece a un ajuste presupuestal».

Otro problema del documento, según Labat, es que maneja «un conjunto de eufemismos», como por ejemplo el de «mejorar la puntería», que significa aplicar en conjunto los tres criterios de «focalización», «concentración» y «mejoras en la gestión» sin una adecuada supervisión, lo cual, a su entender, representa «un enorme riesgo» para las políticas sociales. «Si el control de la focalización no es bueno, como ha sido hasta ahora, las políticas son pasibles de fraudes. Por decirlo de alguna manera, sucede cuando la gente aprende a engañar al sistema y a llenar los formularios con lo que le conviene poner, cosa que no puede suceder cuando se opera por visitas a los hogares. Es así que los programas corren el riesgo de perder legitimidad y todo el sistema de políticas focalizadas cae junto a ellas. Una cosa es pasar a funcionamientos de declaración jurada programas y estructuras maduras con controles planificados probados y otra es intentar ajustar un programa de esta forma. Si les sale mal, todo el sistema de políticas focalizadas estructurado en estos 15 años, ejemplo latinoamericano, se habrá perdido».

Con respecto al eje de «concentración» (consolidación y reducción de la cantidad estrategias de trabajo evitando la dispersión de actividades), Labat opinó que «podría ser compartible», pero «hay que abrir los ojos» porque en muchos casos estamos viendo que «reducir las iniciativas» implica cerrar programas como el de Asistentes Personales o Uruguay Trabaja.

Sobre el planteo de las «mejoras de la gestión», opinó que es un «conjunto de buenas intenciones que puede ser también compartible, pero habría que ver en medidas para saber de qué se trata.

Para finalizar, Labat planteó una serie de interrogantes: «¿Por qué se escribió este documento? ¿Por qué se filtró? ¿Quién lo filtró? Viniendo de un gobierno organizado esencialmente desde una agencia de publicidad, da mucho para pensar. Sería bueno saber si esto es el producto de una confrontación interna; si fue un hecho para salvar la buena imagen del Mides, que igual va a ser amputado en un fuerte porcentaje de su presupuesto, o si efectivamente fue una fuga de alguien que pretendía detener la sangría presupuestal de la cartera y resolvió ponerlo en conocimiento público».

«Nadie escribe un documento de 30 páginas, con apoyo técnico, y lo comparte con 25 personas pensando que será reservado. Obviamente hay una operación interna en esto porque la publicación de este documento no favorece al gobierno en este momento», concluyó.