Antel sufre los golpes bajos del gobierno

El argumento presidencial que acompañó esta decisión fue que las cinco empresas de cable presentaran una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 56 de la Ley de Medios (19.307), promulgada en el año 2014. En términos generales, el mencionado artículo establece que “las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos”. Las empresas reclamaron, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) asintió el reclamo y el Poder Ejecutivo otorgó las licencias anunciando “más libertad para elegir”.

Vulneración

Cinco empresas cableras están de parabienes, pero las licencias que les fueron otorgadas para abarcar también el mercado de internet generaron polémica en la interna de Antel, en el Parlamento y en las redes sociales. Para el director del ente por el FA, Daniel Larrosa, con esta resolución "estamos entregando el negocio del futuro". Entrevistado en el programa Legítima Defensa, el jerarca sostuvo que el mercado de internet en el hogar, mediante medios físicos, hasta ahora fue 100% de Antel y que esta decisión “vulnera” al ente. "Tender redes físicas tiende a ser un monopolio natural porque es muy difícil que otra empresa construya esas mismas redes. La fibra óptica la hizo el Estado uruguayo, y después de 10 años de evolución se le permite entrar a otros".

Según Larrosa, el mercado de internet permite la captura de datos de los hogares uruguayos y esos datos "adquieren cada vez más valor en el mundo". "Tienen valor comercial y también pueden tener valor para políticas públicas. Es parte de lo que se le quita ahora a Antel". "Estamos entregando un negocio de futuro. De todo lo que se viene con el hogar inteligente, y aplicaciones internas del hogar".

El jerarca contó que por los motivos mencionados planteó presentar recursos de revocación ante el Poder Ejecutivo, pero que su propuesta no contó con apoyo debido a la mayoría oficialista que tiene el directorio, integrado por Gabriel Gurméndez, presidente, y por Robert Bouvier, vicepresidente. "Si Antel fuera una empresa extranjera, ya estaría en un juicio. Cambiaron las reglas del juego después de 10 años y 850 dólares de inversión".

Además, cuestionó que no se buscó un consenso y que se rompió una "tradición de años" mediante la norma "que tiene menos valor". "Con una resolución presidencial se quiebra todo un modelo que viene de hace un siglo y que heredamos del batllismo, no lo inventó el FA, es un modelo mediante el cual el Estado brinda servicios esenciales, como lo es internet en el siglo XXI". Asimismo, criticó que el gobierno justifique la decisión haciendo referencia a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley de Medios vigente, "El artículo 56 no dice que se las tengas que dar [a las licencias], que tengas que quebrar una política de telecomunicación de hace años".

Por su parte, el director ejecutivo de Observacom, Gustavo Gómez, opinó que esta resolución responde a las necesidades del sector empresarial, a quienes se refirió como "los malla oro de los medios", que siguen acumulando poder. “Tienen un poder de audiencia enorme, un poder económico muy grande -que ya es desbalanceado respecto a otros competidores de su sector como los medios del interior-, estableciendo un abuso de posición dominante en cualquier negociación que hagan por el fútbol o por la transmisión de las señales [...] y tienen un poder político enorme".

Para el experto, con esta decisión "Lacalle chico termina consolidando lo que Lacalle grande hizo en el año 94 cuando la discusión no era sobre la licencia de internet, sino del cable". "En Montevideo se abrió un llamado a interesados, con criterios definidos, y luego existió discrecionalidad para elegir, solo ocho pasaron los requisitos y se terminaron dando cinco licencias de las cuales cuatro fueron para empresas que tenían televisión abierta". El especialista aclaró que sus declaraciones no eran un "ataque", sino "una descripción". "Es un gobierno que llegó prometiéndole a los dueños de los medios responder a sus necesidades y reclamos".

Mal negocio

Otra de las recientes decisiones del gobierno que impactarán sobre Antel tiene que ver con un contrato millonario mediante el cual la empresa estatal les comprará contenidos a canales privados (Canal 10, Canal 4 y Canal 12) para que formen parte de la plataforma Vera, pero que solo se podrán visualizar en dispositivos celulares. Este decreto, que está siendo analizado por el Tribunal de Cuentas (TCR), establece que Antel les pagará a estos medios 1,2 millones de dólares por año, a cada uno, durante tres años, para que formen parte de la grilla de Vera TV.

Gómez sostuvo que está bien que Antel utilice sus capacidades para involucrarse en el tema de los contenidos audiovisuales, pero no de esta forma. "La decisión es sorpresiva y llama la atención. Los canales 4, 10 y 12 son señales importantes de Uruguay y todo cablero que quiera una oferta vendible los tiene que tener, es el poder de negociación fuerte, y van a negociar con cables del interior en paquete. El experto opinó que se trata de un “mal negocio", porque “no se sabe a cuánta gente puede resultarle atractivo", ya que el contrato prohíbe la transmisión de las señales en televisores -utilizando dispositivos como el Chromecast- laptops o en computadoras de escritorio. En tal sentido, señaló que Antel tendrá que deshabilitar esas posibilidades [de ver contenidos en pantallas grandes] que tienen actualmente los usuarios. "Si la gente quiere ver algún tipo de programación de canales abiertos como el informativo o entretenimiento, frente a la opción de verlo en una pantalla grande, de 32 pulgadas para arriba, o a través del celular, cualquier persona con sentido común optaría por la pantalla grande". Y añadió: "Es muy poca la población a la que se le va a ofrecer ese servicio. Está bien que tenga las señales y potenciar Vera TV, pero para que se vea en todos los dispositivos y competir de igual a igual, en alta definición y en pantalla grande, para el celular es mala decisión".

En la misma línea, Larrosa opinó que el mencionado contrato es “un mal negocio” y aseguró que "fue una negociación secreta" y que no todos los integrantes del directorio participaron de la discusión. "Solo la conocía el presidente y algunos gerentes. Yo me enteré una semana antes de que se tomara la resolución. Me hicieron una presentación y me dijeron que se venía negociando desde Julio del año pasado. Me contaron la evolución de los precios y la buena negociación que se había hecho, me entregaron el expediente y tuve una semana para analizarlo".

Explicó que votó en contra de este negocio por considerar que "no hay mercado para eso" y que la evaluación económica deja "dudas enormes”. "Apenas cerraban los números- según las cuentas de ellos- según las mías daban negativo". Detalló que se trata de un servicio destinado a todos los usuarios de Antel, quienes se tienen que suscribir, pero no pagarán para usufructuarlo. En tal sentido, cuestionó por dónde se desquita la inversión que realizará el ente que, a su entender, “es mucha plata”.

A su vez, sostuvo que la retribución del nuevo servicio “se basa en hipótesis muy vagas” referidas a brindarle satisfacción al cliente y a retener a aquellos que podrían estar pensando en cambiarse de empresa, pero con una propuesta poco atractiva, ya que son contenidos para ver únicamente en celulares. "Una pantalla chica no compite [...] lo mira determinada gente que no está dispuesta a mirar una hora la pantalla de un celular".

Desprotección

Por su parte, el director por el FA de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Pablo Siris, aclaró que el tema de los contratos que hace Antel para la plataforma Vera, u otras, no son competencia del organismo, por lo cual este puede intervenir. No obstante, afirmó que existe el debate interno y que “se han planteado dudas” respecto a la coincidencia de las últimas dos decisiones que tomó el gobierno.

En relación con habilitación a cableoperadoras para la venta de datos, manifestó que su postura difiere a la que prima en el directorio, en el entendido de que “existe normativa que impide la resolución: el artículo 4 de la ley de creación de Antel”, que determina los servicios que debe prestar Antel en régimen de monopolio.

Consultado sobre el dinero que mueve la transmisión de datos, expresó: “Es el negocio en franco crecimiento en nuestro país. Solo durante el 2021 la transmisión de datos a través de la telefonía se duplicó y a través de telefonía fija aumentó casi un 60%”. El jerarca aseguró que las llamadas, los sms, la larga distancia internacional y el roaming son servicios “en franca decadencia” y que los datos se han transformado en el núcleo central del negocio de las telecomunicaciones. “Cada uruguayo en promedio consume 1024 gigabytes por año, es una enormidad. Que no tengamos la posibilidad de percibir eso cuando hacemos el análisis de hacia dónde va el negocio de las telecomunicaciones, nos pone en una situación de desprotección respecto a un negocio de tanta importancia”, añadió.

Para Siri, debería existir “una gran preocupación” -no solo por parte de las reguladoras, empresas públicas y operadores de telecomunicaciones- sobre cómo se procesan las decisiones que hacen al futuro de las telecomunicaciones, así como al presente concreto.