Acerca de la calidad del agua y de la imposibilidad de la desalinización una vez se construya la planta potabilizadora, Ruibal respondió que este fenómeno se produce 75 días cada una treintena de años. Sin embargo, el abogado que representa a las organizaciones sociales, Juan Ceretta, respondió que “los estudios que sostienen que los episodios de salinidad no superan los 70 días no toman en cuenta la evolución del río en los últimos años, a tal punto que un informe al respecto fue ocultado por OSE”.
Además —siguió Ceretta—, si están tan seguros de que eso no ocurre nunca, ¿por qué establecieron en el contrato que si se da un episodio mayor a 70 días las empresas no son responsables? En el capítulo del contrato firmado con el consorcio Aguas de Montevideo, bajo el subtítulo “Riesgo de cantidad, calidad y continuidad de abastecimiento de agua bruta” se exonera de responsabilidad a la empresa si hay más de 70 días de salinidad. Añadió: “Es de una abusividad tan grande este contrato, que rompe los ojos”.
El artículo 47 y los riesgos asumidos por OSE
El Plan Arazatí también es cuestionado desde el punto de vista constitucional. El artículo 47 de la Constitución incorpora la Reforma del Agua aprobada mediante plebiscito en el año 2004. “Tenemos informes de constitucionalistas avalando el Proyecto Arazatí porque la planta la operará OSE”, dijo Ruibal, y admitió que “en el origen la planta potabilizadora la operarían las empresas privadas, pero este punto luego fue modificado. Las empresas tendremos la toma de agua del Río de la Plata, pero el proceso de potabilización lo harán empleados públicos. Rotundamente no violamos la Constitución”, subrayó Ruibal, y agregó que el problema del Plan Neptuno “es que se politizó”. Ceretta respondió a Caras y Caretas que “la gestión de la toma de agua bruta está a cargo de los privados y el mantenimiento de la planta también”, y agregó que, “según la Ursea, el abastecimiento de agua potable incluye todas las etapas, desde la toma de agua bruta hasta la potabilización y distribución, por eso viola el 47 de la Constitución. Se está ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable”, dijo Ceretta.
El presidente de la empresa Saceem se refirió, además, a las arcas de OSE cuando el servicio descentralizado comience a pagar el canon establecido en el contrato. “Los casi 900 millones de dólares no afecta la contabilidad de OSE porque el riesgo se transfiere al sector privado”. El capítulo 6.1 del contrato firmado, al que accedió Caras y Caretas, indica los riesgos que deberá asumir OSE, entre ellos eventuales sobrecostos a partir de modificaciones solicitadas por el contratante, expropiaciones y servidumbres y hallazgos paleontológicos. En tanto, desde el sindicato de OSE los trabajadores señalan un panorama distinto. Carlos Larrosa, presidente de FFOSE, insistió en que “se viola el artículo 47 de la Constitución porque el consorcio tendría propiedad sobre una planta de agua potable más allá de que la operen trabajadores de OSE. No es un argumento”. Larrosa recordó que “el artículo 47 fue aprobado mediante una reforma popular que establece que el servicio de agua potable no se puede dividir para definir que una parte sea privada y otra pública”. El dirigente sindical dijo que el Plan Arazatí es inviable para OSE.
Acerca de la firma del contrato entre el Gobierno de Luis Lacalle Pou y el consorcio privado, algunas posiciones vertidas por jueces involucrados en su estudio sostienen, según pudo conocer Caras y Caretas, que la firma se trata de un acto de gobierno y, por tanto, si el Poder Judicial se pronuncia sería una suerte de injerencia de un poder del Estado sobre otro.
