Cardamagate: excusas, falacias y las eminencias grises detrás del opaco proceso

Luego del golpe de tablero del presidente Orsi, que denunció hechos de apariencia delictiva en torno a una de las garantías presentadas por el astillero Francisco Cardama S.A., el Partido Nacional (PN) se puso espalda con espalda con la empresa gallega, para ejercer una férrea defensa del proceso de selección del astillero de Vigo, minimizar el aparente fraude de la garantía -de fiel cumplimiento- apócrifa aceptada durante el anterior gobierno y esgrimir un maniqueo contrataque contra la actual administración.

En una conferencia de prensa realizada por el directorio del PN el pasado lunes 27 de octubre, el senador y exministro de Defensa Nacional, Javier García, manifestó que la resolución del Gobierno de Orsi de iniciar un proceso de rescisión del contrato con la empresa Cardama supone “regalar nuestro mar al crimen organizado y amputarnos la posibilidad de custodiarlo”. “El Frente Amplio acaba de decidir no tener patrulleros en el mar, regalárselo al crimen, regalárselo a quienes van a robar nuestra riqueza, nuestro trabajo y nuestra pesca”, aseveró.

Es menester recordar que, si el mar uruguayo sigue desprotegido, no es por culpa de la actual administración, como dijo García, sino por un cúmulo de irregularidades y dilataciones que rodearon el opaco proceso de compra de las OPV para la Armada, anunciado en 2021, con un llamado internacional en 2022, que preveía que una de las patrulleras oceánicas llegue a Uruguay en junio de 2024.

Javier García - Diego Lafalche FocoUy

Diego Lafalche / FocoUy

Las atendibles sospechas sobre la decisión de dejar desierta una licitación en la que participaron astilleros estatales y privados de vasta experiencia en construcciones navales y que se haya optado por una empresa desfinanciada y sin expertise en la construcción de Offshore Patrol Vessel (OPV) —buques demandados por la fuerza de mar desde hace casi dos décadas y que el sistema político parecía haber contemplado con responsabilidad—, ameritan un detallado repaso del proceso por el cual el exministro de Defensa y varios almirantes de la Armada decidieron improvisar en la adquisición militar más importante de la historia de Uruguay, eligiendo por barata, y supuestamente más rápida, la opción más experimental.

La injerencia de EEUU que dejó desierta la licitación

En febrero de 2022, astilleros de primer nivel internacional como Lürssen (Alemania), Fassmer (Alemania), CSTC (China), Kership (Francia) y Damen (Países Bajos) se presentaron al llamado abierto convocado por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Del concurso, las ofertas consideradas válidas según los criterios técnicos establecidos en el pliego de 90 páginas fueron CSTC, Damen y Kership.

Para analizar las ofertas había una comisión técnica con autoridades de la Armada, y otra financiera con contadores de los ministerios de Economía y de Defensa.

La oferta que resultó ganadora fue la de China Shipbuilding Trading Co (CSTC), que cotizó las dos OPV en U$S 199 millones. El tema parecía cerrado. Se había optado por la experiencia del astillero estatal chino que presentó una propuesta que estaba dentro de los parámetros de precio que el Gobierno de Luis Lacalle Pou había anunciado a fines de 2021: U$S 100 millones por cada patrullera oceánica.

El primer obstáculo —impuesto desde el norte de América— era que el equipamiento, como los motores, fueran “occidentales” (concretamente de Caterpillar, de fabricación estadounidense), al igual que otras partes de los buques; supuestamente para no quedar atado a la tecnología de otras naciones.

No obstante, en el caso de China, el Parlamento avanzaba en un acuerdo marco de cooperación en Defensa y suministros de equipamiento militar con la República Popular China, el cual quedó aprobado por la Cámara de Senadores en agosto de 2022 y por la de Representantes en diciembre de ese año, lo que suponía un respaldo técnico importante a la decisión de comprarle las OPV al astillero CSTC.

Sin embargo, la decisión inicial comenzó a transitar aguas turbulentas por aspectos más geopolíticos que técnicos o económicos, como quiso justificar Javier García.

En enero de 2023, el entonces ministro de Defensa anunció que la licitación quedaba desierta, debido a que el monto de la oferta de la empresa china excedía el presupuesto que el Gobierno preveía gastar. Llamativamente, el Gobierno se excusaba de que tenía pensado comprar dos OPV por U$S 100 millones, contradiciendo su mensaje inicial y alejado de la cotización global de las naves.

El ministro de Defensa negó en ese momento que existieran presiones de Estados Unidos (EEUU) y apuntó que “Uruguay es un país soberano e independiente, que toma sus decisiones de acuerdo a su mejor interés y al mejor interés del Uruguay”.

Pero esos dichos caerían en saco roto, al conocerse el contenido de una carta que el Gobierno de EEUU envió, a través de su embajada en Uruguay, al senador nacionalista, Carlos Camy (entonces presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores) transmitiendo su "preocupación" por la posible compra de insumos militares a China, en el medio de las crecientes tensiones con Taiwán.

García y Richardson

Quien era jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson -de varias visitas a Uruguay-, tuvo un rol preponderante en esta sutil operación.

Varias de las empresas concursantes presentaron recursos, descontentos por la decisión del Gobierno uruguayo de anular el concurso internacional. El astillero chino CSTC (cuya oferta había sido considerada como la mejor opción), puso sobre la mesa que los buques patrulleros oceánicos podían ser muchos más baratos que los U$S 100 millones de dólares cada uno, si ellos ponían su propia tecnología, algo que estaba respaldado por el acuerdo binacional en materia de Defensa entre ambos países.

Pero este cambio no fue aceptado por el gobierno de Lacalle Pou, y lo que primó fue la presión ejercida por EEUU.

Un llamado poco claro y la sospechosa visita previa a Cardama

Tras quedar por el camino el primer proceso, la anterior administración comenzó una nueva búsqueda de una oferta que satisficiera las necesidades de la Armada. Desierta la licitación y descartados dos buques usados propuestos por Noruega, en abril de 2023, el Ministerio de Defensa lanzó en mayo de 2023 a un tercer proceso de compra (directa por excepción), cuya especificidad técnica distó mucho del pliego de 90 páginas del concurso inicial.

Si bien algunas fuentes dijeron a Caras y Caretas que hay indicios de que ocurrió antes (incluso de la decisión de desestimar la oferta de CSTC), este fue el momento en el que aparece en escena el astillero gallego Francisco Cardama S.A.

Fue el capitán de navío Marcelo da Silva —uno de los hombres de confianza del excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson— quien se comunicó telefónicamente con los representantes de distintos astilleros para pedirles que presenten ofertas a partir de algunas escasas directivas.

Una informalidad que sorprendió a los encumbrados astilleros, que pidieron recibir por escrito las pautas del nuevo procedimiento para poder discutir los términos con la empresa. El plazo establecido también era extrañamente acotado, puesto que las propuestas debían ser entregadas al comando antes de que terminara la tercera semana de mayo.

Finalmente se presentaron siete astilleros de varios países: Francisco Cardama y Gondán (España), Hyundai (Corea del Sur), Cotecmar (Colombia), CSTC (China), Damen (Países Bajos) y Kership (Francia). Las ofertas fueron distribuidas el 22 de mayo a los siete almirantes que tuvieron solo tres días para definir su selección.

El viernes 26 de mayo de 2023, se realizó la famosa reunión para seleccionar un astillero. La decisión no fue unánime ni mucho menos: Cardama resultó ganadora tras ser elegida solamente por tres de los siete almirantes: el entonces jefe de la Armada Jorge Wilson, Héctor Magliocca y José Luis Elizondo (hoy comandante en jefe).

Quien era el jefe del Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso, fue el único que presentó un informe técnico y financiero de los astilleros concursantes, ubicando como mejor opción a Gondán y, como peor, la del astillero Francisco Cardama S.A.

Los contralmirantes Miguel de Souza, Gustavo Luciani y Mario Vizcay tampoco eligieron a Cardama como la mejor opción para construir dos OPV para la Armada. De Souza se inclinó por la colombiana Cotecmar (que en este período ya entregó OPV como las que pretendía Uruguay); Luciani por la oferta de la china CSTC, aduciendo que ya había sido aprobada por una comisión asesora y otra técnica; mientras que Viscay se abstuvo, porque advirtió que “la mano venía direccionada".

En los pasillos de la Armada es un secreto a voces que Wilson, entonces comandante en jefe de la fuerza, explicaba a sus súbditos que "el ministro (Javier García) me dijo claramente: es esto, o nada", en referencia al astillero Cardama. Estos supuestos dichos podrían haber quedado como un simple rumor si no fuera por una visita que encendió las alarmas entre los otros astilleros concursantes.

Una semana antes de contemplar las ofertas, el subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, junto a Marcelo Da Silva —jefe de gabinete de Wilson que realizó los llamados a los representantes de las empresas— aprovecharon un viaje a España para visitar el astillero Cardama en Vigo.

Sospechosamente, fue la única visita a las instalaciones de una de las empresas participantes, lo que causó desconcierto y desconfianza de varios representantes de los otros astilleros interesados que también habían cursado invitaciones similares sin obtener respuestas de Uruguay, por lo que sintieron que se estaba manifestando preferencia por uno de los competidores.

Gerardo Moreira

Las eminencias grises detrás del proceso

Aún más sospechosa fue una cena realizada en Montevideo, el mismo día que el Ministerio de Defensa decidió adjudicarle (por 3 votos entre 7 almirantes) la construcción de las OPV a Cardama. De la velada de celebración participaron quien fungió de representante de Cardama en Uruguay, Gerardo “Bocha” Moreira (expiloto de la Armada radicado en Canadá quien ya cobró una jugosa comisión de aproximadamente U$S 2 millones) y su excompañero de promoción y amigo, Héctor Magliocca, quien fue ascendido a la Dirección General de Material Naval en enero de ese mismo año.

A pesar de la expeditiva decisión tomada dos meses atrás (o tal vez más), fue recién el 17 de julio de 2023 cuando el exministro García anunció en conferencia que el astillero Francisco Cardama S.A. había sido la seleccionado para construir las OPV.

Un mes después, el contralmirante Musso, contrario a esta decisión, adelantó su pase a retiro. Lo mismo hicieron durante este año de Souza, Luciani y Viscay.

En la interna de la Armada, llamó poderosamente la atención que, para una adquisición naval de esta envergadura, para las decisiones técnicas del contrato no se consideraran las opiniones de expertos electrónicos ni maquinistas. En cambio, se decidió dejarlas en manos de políticos, lobistas, abogados y contadores.

Para el seguimiento, el Ministerio de Defensa designó una comisión asesora integrada por los dos que habían visitado Cardama (Elgue y Da Silva), el director general de la secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez (según afirmaban en la interna militar, el “verdadero ministro de Defensa”, debido a que todo acuerdo económico de la cartera debía pasar antes por su oficina.

También formaron parte de dicha comisión y cumplieron un rol clave en el proceso de contratación de Cardama, el ya mencionado contralmirante Héctor Magliocca y el director de Recursos Financieros del Ministerio, el contador Damián Galó.

MDN

Como ha sucedido en otros negociados del anterior gobierno, hubo más dirigentes políticos y empresarios que participaron en la jugada.

El nexo entre el “Bocha” Moreira y los exjerarcas de Defensa pertenecientes a lista 40 del PN (Javier García y Fabián Martínez) se dio a través de un amigo común, el diputado nacionalista Álvaro Dastugue, sin dejar de lado que Moreira también fue compañero de promoción y es amigo, del CN Gonzalo de Ocampo, quien fuera Edecán del expresidente Luis Lacalle Pou.

A su vez, quien también habría participado de las gestiones a favor de Cardama es el empresario gallego Alberto Iglesias —imputado por apropiación indebida de fondos de Casa de Galicia— antiguo representante del astillero, que le pasó la posta al “Bocha” Moreira.

El contrato redactado en Vigo

El 15 de diciembre de 2023 se firmó en la sede del Ministerio de Defensa Nacional el contrato entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama, por la compra de dos Buques de Patrulla Oceánica (OPV), por un total de € 82,270 millones.

En un memorándum (informe sobre el contenido del contrato y reflexiones sobre el mismo) elaborado por el Estudio Delpiazzo Abogados, cinco días después de firmado el contrato con Cardama, se detallan una serie de reuniones entre las autoridades del Ministerio de Defensa y los asesores jurídicos.

Según reveló El País, del documento elaborado después de firmado el contrato, que reconstruyó cronológicamente las reuniones y modificaciones al borrador del contrato que se hicieron antes de la firma, se evidencia que dicho contrato “partió de una propuesta inicial presentada por Cardama, que —luego— fue adaptada a las particularidades de las construcciones de las OPV y del régimen jurídico uruguayo”.

Entre las principales comunicaciones, quedaron documentados 47 mails de intercambio entre Cardama y el ex director general de secretaría, Fabián Martínez, aunque esos correos fueron ocultados a Sandra Lazo, cuando la ministra de Defensa inició una investigación administrativa en torno al procedimiento de compra directa de las patrulleras oceánicas al astillero Francisco Cardama S.A.

Firma del contrato

Sanciones por mentiras y ocultamientos

Pero eso no fue lo único que fue ocultado a la secretaria de Estado. El último día de la anterior administración (27 de febrero de 2025), el excomandante Wilson omitió informarle acerca del segundo pago efectuado a Cardama, correspondiente al segundo hito previsto en el contrato. Las nuevas autoridades encabezadas por la ministra de Defensa, consideraron que no tenían los elementos suficientes para concluir que Cardama había cumplido en tiempo y forma con el segundo hito —la entrega del Plano de Cuaderna Maestra del primer buque— y en esa línea pidieron detalles más específicos del grado de avance de la obra para tener la garantía de que la segunda transferencia de 8,2 millones de euros por parte del Estado uruguayo el 27 febrero haya correspondido con los cumplimientos de Cardama.

Luego se comprobó que lo presentado por Cardama era un borrador de la cuaderna maestra y no la definitiva como exigía el contrato. Aun así, el ministerio y la Armada la tomaron como buena y se ejecutó el segundo pago al astillero sobre las últimas horas del gobierno pasado.

Debido a la falta de transparencia, mentiras y omisiones identificadas en un informe del 29/03/2025 de sus asesores Damián Rojas y Daniel Marsiglia, el 21 de abril de este año, la ministra Lazo decidió sancionar con arresto a rigor (confinamiento estricto en unidad militar, sin salida), a Jorge Wilson (quien era aún comandante en jefe de la Armada), por omitir las comunicaciones realizadas con Cardama el 27 de febrero.

También fue sancionado José Ruiz (director Gral. material naval), quien tenía a cargo la supervisión de los hitos del proyecto de construcción de las OPV, quien también faltó a la verdad y no entregó datos sobre los pagos a Cardama; a Miguel de Souza (director Gral. de finanzas del Ministerio) por demoras en citaciones y entrega de datos requeridos sobre el proceso de compra; y al CN Marcelo da Silva (exjefe de gabinete y secretario de Wilson), también por llegadas tarde a citaciones realizadas por Lazo y demoras en la entrega de información.

Los resultados de la investigación interna que estará pronta en las próximas semanas serán de gran importancia para lo que se viene, sobre todo pensando en la interpelación promovida por el PN, que puede resultar en boomerang para varios dirigentes nacionalistas que defienden a capa y espada el opaco procedimiento.

Los cuentos del gallego

Tras la firma del contrato, Cardama tenía 45 días para constituir las tres garantías, pero no pudo hacerlo y comenzó a poner excusas y pedir prórrogas. En total le fueron otorgadas siete, sin contraprestaciones para el Estado uruguayo, ante las varias excusas del dueño del astillero, Mario Cardama —entre ellas la guerra de Ucrania—; pero a pesar del llamativo incumplimiento, se siguió confiando en el gallego.

Mario Cardama

Cardama recorrió medio mundo siendo rechazado, primero por los propios bancos españoles y luego de otros países, inclusive intentó conseguir garantías de empresas uruguayas como Abitab y el propio Banco de Seguros del Estado (BSE), quienes rechazaron otorgársela pese a que era un negocio con el Estado uruguayo. Fue el propio Alberto Iglesias quien intentó convencer, sin éxito, al presidente del BSE José Amorín Batlle. Tampoco una llamada del propio García logró el cometido.

Al anunciar la adquisición de las dos patrullas oceánicas (OPV) por 82,270 millones de euros en julio de 2023, el entonces ministro García justificó la elección de Cardama destacando que su oferta garantizaba la llegada de los buques a Uruguay en un tiempo récord, con ambas unidades previstas para el año 2025. Una al principio de año y otra a fin de año. Recordemos que el plazo de entrega fue un aspecto clave por el cual García justificó la selección del astillero Cardama para la construcción de las OPV.

Sin embargo, esa promesa se hundió rápidamente por la demora de más de once meses para presentar los avales que permitían ejecutar el contrato de construcción.

Finalmente, Cardama, quien se excusó incansablemente de “problemas administrativos”, llegó a Uruguay con tres propuestas de garantías, una de ellas fue la elegida por el transitorio ministro Armando Castaingdebat, que días después le preguntaron en una entrevista en Desayunos Informales a qué banco pertenecía la misma, pero el jerarca no recordaba el nombre. Se trataba de la ficticia EuroCommerce, y esta fue aceptada sin problemas por Fabián Martínez (exministro en las sombras que ahora trabaja en el despacho del senador García) a pesar de que esta no era más que empresa de papel.

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A partir de la decisión del Gobierno de Yamandú Orsi de iniciar el proceso de rescisión del contrato con Cardama, por la que decidió cobrar la garantía de fiel cumplimiento que había vencido (que activaba el contrato y el supuesto inicio de la construcción), quedó en evidencia que ese primer hito también fue un fraude y Cardama recibió los primeros 8,2 millones de euros de forma irregular.

Por si esto fuera poco, el mismo día de la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva de la cúpula de Presidencia, Mario Cardama mandó un mail con la supuesta renovación de la misma garantía, trucha. Días después se excusó de que el estafado por EuroCommerce fue él.

Pero este capítulo de la novela negra tenía más; el semanario Búsqueda contactó días atrás al escribano Luis Calabuig de Leyva, quien supuestamente acompañó con su firma dicho aval. El notario español admitió que el acta que certificaba la garantía de Cardama con el MDN por las patrulleras “debe ser una falsificación”, por lo que no dudó en ponerse a disposición de las autoridades uruguayas para aclarar la irregular situación.

Como último, pero no por eso menos importante, está el supuesto avance de la construcción de la primera OPV por parte de Cardama, por el cual el astillero ubicado en Vigo ya recibió aproximadamente el costo de 70% de una patrullera.

Mario Cardama salió en varios medios asegurando que estaba construido el 58% del acero del primer buque. Pero más cardamista que el propio gallego fue Javier García, quien repitió como un loro que una de las OPV tenía un avance de obra total de un 60%.

Avance OPV

Ese cuento también naufragó rápidamente tras los recientes informes enviados por los inspectores uruguayos enviados por el MDN que van todos los días al astillero de Vigo. Estos revelaron que apenas están ensambladas 11 de las 42 piezas de acero y no 19 como debería tener según el contrato. No está construida ni el 20% de la primera OPV, según la información entregada por la propia empresa en Vigo.

El tema está en la Justicia penal tras la denuncia realizada hace una semana por el Gobierno. El fiscal que investigará el presunto fraude será Alejandro Machado, quien también deberá dilucidar la responsabilidad de anteriores jerarcas y funcionarios del Gobierno en la destrucción de documentos públicos para ocultar la opaca trama detrás del otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, quien sigue gozando de las debilidades la Armada uruguaya para defender los mares, lo que le facilita poder cargar cocaína en buques en altamar.