Caso Besozzi: Ministerio del Interior investiga falla en cadena de custodia de las escuchas telefónicas

La fiscal actual del caso fundamentó su pedido de sobreseimiento en el estándar probatorio que se debe alcanzar en la instancia de juicio oral, a pesar de que, como refirió la propia defensa del intendente Besozzi: “La fiscal tenía hasta un año más para investigar”. Por su lado, el senador Eduardo Brenta (FA) dijo que “la gravedad de este caso es que se perdió la cadena de custodia del 90 % de los audios. Ahora serán el Ministerio del Interior, la Policía y la Fiscalía los que deberán investigar cómo y por qué se perdió la cadena de custodia de esos audios”. Tras la opinión del senador, el intendente Guillermo Besozzi lo llamó para recriminarle su posición acerca de los audios. Caras y Caretas supo que el senador frenteamplista dijo que fueron sus propios abogados quienes aludieron a la falta de cadena de custodia. Acerca de los audios en los que se basó la investigación de la causa Besozzi, Caras y Caretas, en su edición del 6 de febrero pasado, adelantó que las escuchas que se registraron no fueron encriptadas por la Policía científica de Soriano advirtió en esa edición Nelson Rosa, abogado de Guillermo Besozzi y, por tanto, la cadena de custodia que los audios requerían no fue respetada. El resultado es que los audios no podrían presentarse en un juicio oral porque sería una prueba rebatida por la defensa del intendente, dijo el abogado Nelson Rosa. En tanto, este jueves Caras y Caretas supo que el Ministerio del Interior consultó de forma urgente a la Jefatura de Policía de Soriano detalles del proceso de encriptamiento que deben tener los audios en una investigación.

Asuntos que la fiscal Vago dijo que no se comprobarán

Entre los asuntos que fueron objeto de formalización porque se verificó apariencia delictiva estuvo el del Camino Rincón del Ruiz. La fiscal Luisa Vago indicó que durante la construcción de instalaciones para el acopio de carne el particular Sebastián Golly advierte que le falta un caño más y para ello se comunica telefónicamente con el intendente para que se lo faciliten. La fiscal Vago escribe en su texto que no surge de la escucha telefónica ni de las referidas declaraciones que el intendente imputado Besozzi ni el director de Obras imputado, Pedro Nocetti, les hayan solicitado algo a cambio de los arreglos en Camino Ruiz, ya sea de índole político o económico. La fiscal sostuvo que la Asesoría Jurídica de la Intendencia de Soriano, con fecha 29 de diciembre de 2025, corroboró que existió la solicitud formal correspondiente, pero la fiscal agregó: “Es dable destacar que, si bien el llamado telefónico no es el medio idóneo para realizar solicitudes de este tipo, no puede afirmarse que dicho acto sea arbitrario, puesto que se cuenta con los expedientes administrativos originados en base a lo solicitado por los particulares”. Agregó la fiscal que “debe tenerse presente que la comunicación refiere a arreglos o mejoras en caminos vecinales o accesos a fincas y a colaboraciones para un emprendimiento local que, dadas sus características, redunda en beneficio para la comuna, ya que genera empleo”, todo lo cual es competencia de la Intendencia, motivo por el cual se pone en conocimiento al jerarca máximo de este organismo.

Otro de los hechos con apariencia delictiva por el cual se formalizó a Besozzi es el referido a facturas impagas a la empresa de maquinarias propiedad de Darwin Nieves cuya esposa, Raquel Mengen, es funcionaria municipal. Ante el no pago de facturas porque en principio se entendió que se estaban pagando más horas de las correspondientes, Raquel Mengen reclamó directamente a Besozzi. Cabe mencionar, dijo la fiscal, que en el presente caso no surge de la conversación telefónica ni de las declaraciones recabadas que los imputados hayan pagado horas de trabajo que no fueron trabajadas a dicha empresa para obtener una retribución que no le fuera debida. “El solo hecho de que Nieves y Mengen tengan un club político de la fracción política del intendente, que sería lo que podría inferirse de las escuchas telefónicas, no encarta como retribución no debida exigida por el delito penal”. La fiscal Vago dijo que los particulares Nieves y Mengen negaron en sus declaraciones que el intendente haya solicitado algún tipo de retribución para mantener continuidad de las contrataciones.

Por otra parte, entre los delitos en principio señalados en la formalización estuvo el de la libreta de conducir del particular Rubén Andriolo, de 87 años, quien reclama al intendente Besozzi que en el Municipio de Dolores nuevamente le obligaron a rendir una prueba práctica para renovar el documento, siendo que la prueba práctica ya la había rendido y aprobado en Mercedes. “En virtud de esto, el intendente se contacta vía telefónica con el director del Departamento de Tránsito y Transporte, a quien le comenta lo sucedido y le cuestiona el proceder de la administración ya que, a su criterio, el Municipio es uno solo, siendo incorrecto exigir pruebas en Dolores cuando las tenía aprobadas en Mercedes”. Si bien el llamado telefónico dijo la fiscal no es el medio idóneo para realizar solicitudes de este tipo, no puede afirmarse que dicho acto sea arbitrario, ya que la conducta del imputado se limitó a averiguar lo que había sucedido con el particular, a quien finalmente el intendente llamó para que rindiera la prueba. No fue solicitado por el intendente señaló la fiscal un beneficio a cambio de escucharlo o explicarle que debía rendir el examen nuevamente.

Fiscal no comprobó que Besozzi se apropiara de bienes de la comuna

Otro de los hechos que había sido señalado con apariencia delictiva es la entrega a Besozzi de un toro. La fiscal Luisa Vago dijo que “tanto de las escuchas telefónicas como de la declaración de Ricardo Correa surge acreditado que este último llevó al imputado Besozzi un toro adquirido por éste al padrón rural N.° 6384, el cual es de su administración debido a que Correa se encontraba casualmente de remate. Surge de las escuchas telefónicas que Correa le pidió a Besozzi tres metros de granza y dos de arena. Surge también probado que el intendente, ante dicha solicitud, contactó al director del departamento de Obras, Pedro Nocetti, quien le explicó a Correa el procedimiento para realizar una solicitud ante el Municipio de Dolores”. Lo que no se acreditó, dijo la fiscal Vago, es la apropiación de dichos materiales por parte del imputado Guillermo Besozzi en beneficio propio o ajeno.

También entre los delitos por el que fue formalizado el intendente de Soriano, y que la actual fiscal del caso pidió sobreseimiento, está el hecho número 8, titulado “Campaña electoral”. La fiscal indica que, “atento a lo restringido de las conversaciones telefónicas, que son el único medio de prueba con el que se cuenta, no será posible probar la existencia de delito alguno”. La fiscal dijo que no hay evidencia que pruebe que el imputado Cavallero solicitó dinero a otros funcionarios municipales, ya que sólo se cuenta con sus propios dichos al mantener una conversación informal con el intendente. La fiscal sostuvo que no pudo recabar testimonios porque no surgen de la escucha, única evidencia recabada, los nombres de los funcionarios que en su caso hayan sido obligados, “por lo que no se pudo avanzar tampoco en dicho sentido”.

El hotel de Raffo y la campaña

El 24 y 25 de abril de 2024, cuando la precandidata Laura Raffo y su acompañante, Felipe Bravo, se hospedaron en el Hotel Colón, Raffo en carácter gratuito, así dispuesto por el hotel por ser figura pública, y Bravo con un costo de 5800 pesos, abonando la factura la Intendencia de Soriano, la factura fue anulada por el gerente del hotel y luego cobrada a la Agrupación 903 a solicitud del intendente Besozzi, al tiempo que una situación similar sucedió el 17 y 18 de agosto de 2023 cuando Felipe Bravo se hospedó en el Hotel Brisas del Hum con un costo de 8.655 pesos con factura con crédito a abonar por la Intendencia de Soriano que también el intendente solicitó su anulación al gerente del hotel, aunque, relató la fiscal, el gerente finamente no accedió a tal pedido. También surge una reserva a nombre de la Intendencia de Soriano para Laura Raffo y Felipe Bravo en febrero de 2024, respecto de lo cual no se cuenta con facturas para acreditar finalmente quién hizo el pago. En mayo surge otra reserva por parte de la Intendencia a nombre de Laura Raffo y Felipe Bravo, la que fue abonada por la agrupación política 903. De la evidencia reunida sí surge la participación del imputado Alejandro Gil, director de Relaciones Públicas de la Intendencia de Soriano, quien además milita para Agrupación 903, quien hizo las reservas que “no superan el número cuatro”, indicó la fiscal, manifestando en su declaración que respondieron a un error administrativo de su autoría, recalcando que el intendente Guillermo Besozzi nunca le solicitó que hiciera reservas a favor de Raffo o su comitiva, y menos aún que sean abonadas por la Intendencia de Soriano. También declaró Ana María Arrón, secretaria del intendente y militante de la Agrupación 903, quien manifestó que por error le solicitó a Gil que reservara pero que nunca recibió órdenes del intendente para hacer esas reservas. La Fiscalía entiende que con la prueba que se diligenciará en juicio no es posible probar que los hechos imputados hayan sido desplegados por Guillermo Besozzi y Daniel Gastán.