Una herramienta para la reinserción
Durante el evento por la firma del acuerdo, la ministra Lazo contó que la iniciativa surgió de una vista de Orsi a la Colonia Berro en 2025, donde los jóvenes consultaron por las tareas de los funcionarios del ámbito militar. También dijo que el proyecto se ajusta a los objetivos de la Convención sobre los Derechos del Niño, en especial en la protección de niñas, niños y adolescentes “en condición de vulnerabilidad”, y a la Ley Marco de Defensa Nacional, en cuanto al rol social del ministerio. Para la jerarca, este convenio “es sumar un recurso más a las herramientas de reinserción, de capacitación laboral y en materia de valores”.
Por su parte, el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, reconoció que “como país, tenemos un problema gigante de seguridad” y “que lo tenemos que resolver entre todos”, por lo cual el directorio consideró “inaudito que una institución tan fuerte como el Ejército Nacional, que está presente en todo el territorio nacional, en el aire, en el mar y en la tierra, no tuviera algo para decirnos y para colaborar”. En tal sentido, celebró “que el ejército se incorpora a nuestra tarea”.
En defensa del acuerdo, apeló a datos que, según afirmó, se mantienen inalterados desde hace casi una década. Señaló que el 85% de la población atendida por el organismo, 8 de cada 10 jóvenes, “no terminó el ciclo básico”, una proporción que —según dijo— se repite desde 2018 sin variaciones significativas. Para el jerarca, tal estancamiento evidencia una deuda estructural: “Pasaron casi 10 años y nosotros, como país, no supimos mover una décima esa aguja. Y no hay ninguna chance, o muy poca chance, en el mundo de la inteligencia artificial, que chiquilines que no terminaron el ciclo básico, la tengan fácil para resaltarse en la sociedad y no volver a la INISA, que es lo que queremos. Entonces, para mover esa aguja tenemos convenios con ANEP, con UTU, Primaria, Secundaria, Inefop, con todas y todos los que se quieran sumar. Y también con el Ejército”.
Saavedra también recordó que el Inisa tiene la “obligación” concretar la reinserción social de los jóvenes en conflicto con la ley, lo que definió como “un propósito complejo” que implica “mover la cabecita y el corazón de los jóvenes que están bajo nuestra responsabilidad”. Para resolver ese desafío, insistió, “tenemos que usar todos los recursos e instituciones a disposición”. Detalló además que los cursos “van desde tocar en una banda, carpintería, mantenimiento, distintas instancias que tiene el Ejército”.
Grave error, disciplinamiento militar, injerencia y otras yerbas
A pesar del respaldo presidencial, el convenio generó opiniones disidentes en la clase política, incluso dentro del Frente Amplio. Desde el sector Casa Grande (FA), liderado por Constanza Moreira, se emitió un comunicado encabezado por la frase “las medidas socioeducativas para adolescentes deben basarse en los derechos humanos, no en lógicas de disciplinamiento militar”. En el texto, califican la iniciativa como “un grave error” e “incompatible con el enfoque de derechos humanos”. El sector advirtió que el disciplinamiento militar, orientado a la “obediencia y la jerarquía”, resulta ajeno a los objetivos socioeducativos que requieren los jóvenes en conflicto con la ley. Casa Grande también cuestionó el enfoque de género del programa y señaló que existe una exclusión explícita de las mujeres en las instancias de capacitación. Al respecto, sostuvo que el programa “presenta una clara discriminación por razones de género, al excluir a las mujeres de las instancias de capacitación”, lo que, según indicó, reproduce prácticas históricas de las Fuerzas Armadas contrarias a los principios de igualdad y no discriminaciones vigentes. Para el partido, “Uruguay debe darse un debate profundo y democrático sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad actual y sobre la pertinencia de su creciente involucramiento en áreas que no les son propias”.
Otro de los pronunciamientos en contra de este acuerdo llegó por parte del senador socialista Gustavo González, quien dijo a Canal 5 que la educación militar “es históricamente vertical”, “para eso nació”, sugiriendo que tales convenios deberían priorizarse con otro tipo de instituciones. “A mi me gusta la educación participativa, con integración social. El trabajo educa, pero yo lo haría con la UTU”. Además, sostuvo que el acuerdo “hiere sensibilidades”, ya que “el ejército tiene muchas cosas para decir, por ejemplo, de los desaparecidos”. Y añadió “Educar teniendo desaparecidos yo no lo veo".
El partido Unidad Popular (UP) también emitió este jueves declaración en la que manifestó rechazo al convenio que calificó como “injerencista”. Señalaron que, si bien el acuerdo se presenta como "uno más de los tantos convenios que el INISA tiene con diversas organizaciones para desarrollar políticas de rehabilitación, formación y reinserción social", en este caso, "no se trata de cualquier institución", ya que "las FFAA son parte del aparato represivo del Estado” y “un brazo de la violencia del sistema capitalista - imperialista imperante”. “Sus tareas pasan esencialmente por el control, el combate militar y la represión, nada más lejos de los valores y fines de la educación", agregaron. Señalaron, además, que la rehabilitación y reinserción de los privados de libertad debe ser competencia del Ministerio de Educación y Cultura.
Para descomprimir la polémica, la senadora Bettiana Díaz (FA) salió al cruce de las críticas calificando el acuerdo como “más positivo de lo que ha trascendido”. En conferencia de prensa, se refirió a la necesidad de despejar “alarmas públicas” al asegurar que se trata de cursos en escuelas técnicas —en áreas como carpintería, mantenimiento o enfermería— y no de instrucción militar. “Es un delirio pensar que esto tiene que ver con enlistar gurises en el Ejército”, afirmó, cuestionando además que no se ve el mismo nivel de “horror” cuando estos cursos son dictados por organizaciones religiosas.
Fuera del ámbito estrictamente partidario, el convenio despertó la preocupación de organismos sociales y de control. El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) emitió una declaración en la que calificó de “peligroso que se valore a las Fuerzas Armadas como un ente de capacitación e inserción social”. Para la organización, en el ámbito militar persiste una “cultura institucional autoritaria” que utiliza el temor como herramienta de disciplina, lo que entra en conflicto directo con la restitución de derechos.
La Federación Uruguaya de Magisterio–Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) también se pronunció en contra del convenio y manifestó “profunda preocupación” por la falta de diálogo antes de concretar “decisiones de este tipo”. El sindicato rechaza que la formación de adolescentes del INISA sea impartida desde las Fuerzas Armadas, ya que “se trata de una institución que tiene deudas profundas con el pueblo, hay información que siguen ocultando y hay criminales que no han respondido por sus actos durante la última dictadura cívico-militar”. De acuerdo al sindicato, existen organismos estatales como la ANEP, UDELAR y UTEC que cuentan con formación, experiencia y presencia en todo el territorio para cumplir tareas de formación.
Además, FUM-TEP cuestionó las respuestas que no abordan las causas estructurales de la privación de libertad de adolescentes y reclamó un análisis más profundo de la problemática social que atraviesan. En ese sentido, sostuvo que “la realidad de menores en situación de privación de libertad obliga a profundizar el análisis de las causas y no a impulsar medidas sin ningún tipo de fundamento”. Sostuvieron que estos jóvenes son “víctimas de una sociedad desigual, fruto de falta de políticas estatales que prioricen erradicar las desigualdades de origen”, por lo que insistieron en la necesidad de avanzar en medidas de redistribución de la riqueza, como la iniciativa de aplicar una sobretasa al patrimonio del 1% más rico.
Asimismo, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), a través de su presidenta Mariana Mota, adelantó que el organismo estudiará el texto detallado del convenio una vez que sea público para evaluar su alcance y pertinencia.
El orden como promesa
En ese marco de controversia política y cuestionamientos desde distintos ámbitos, Caras y Caretas entrevistó al sociólogo Luis Eduardo Morás para aportar una mirada analítica sobre el acuerdo. Para Morás, la decisión del Estado de recurrir a las Fuerzas Armadas para la formación socioeducativa de adolescentes en conflicto con la ley no puede leerse de manera aislada del clima social en el que se inscribe. Según señaló, la propuesta “calza a la perfección con los deseos del sentir mayoritario de una sociedad sedienta de orden”, que encuentra en la institución militar “una promesa de disciplina y autoridad para quienes se visualizan como los grandes protagonistas de todas las violencias”. En ese sentido, advirtió que “cualquier estudio de opinión pública mostraría la amplia adhesión que despierta en la población, lo cual no la convierte necesariamente en una buena propuesta de política pública”.
Desde su perspectiva, el principal problema radica en que “la legislación vigente establece que las medidas aplicadas a adolescentes deben ser de carácter socioeducativo, implementadas por educadores especializados en la materia y con pleno respeto de los derechos de los adolescentes”. A su juicio, “lo que se sabe de la propuesta no parece apuntar hacia esos aspectos”.
Morás también puso el acento en el perfil de la población a la que estaría dirigido el convenio: jóvenes que no cometieron infracciones violentas graves ni presentan problemas de consumo de sustancias. Para el sociólogo, ese recorte excluye justamente a quienes enfrentan las mayores dificultades de inserción social y se dirige a personas con quienes “es posible trabajar desde los saberes y estructura disponibles en el Inisa o por convenios con instituciones educativas”.
El sociólogo recordó los resultados de un censo realizado en el año 2016 por un equipo de investigación con apoyo del Programa Justicia e Inclusión de la OIT*, que identificó a un 15% de jóvenes y adolescentes que reunían simultáneamente dos condiciones críticas: no haber culminado la educación primaria y no contar con ningún antecedente laboral, ni siquiera en el empleo informal. Según explicó, es en ese segmento donde “el vínculo con la actividad delictiva se hace más sólido y comprometido y difícil de revertir”, lo que demanda intervenciones institucionales más profundas y específicas, muy distintas a las previstas en el acuerdo cuestionado.
Consultado sobre los riesgos de vincular a adolescentes infractores con el Ejército, Morás diferenció entre los efectos materiales y los simbólicos. Afirmó que resulta difícil anticipar el impacto concreto del convenio sin conocer en detalle sus contenidos, pero advirtió que los riesgos simbólicos “ya son tangibles”, ya que el acuerdo “habilita a una institución a desarrollar actividades que no hacen parte de sus atribuciones naturales”, extendiendo su influencia a ámbitos donde ya existen recursos especializados.
En ese sentido, alertó sobre el mensaje que se instala con el “fuerte y continuo descrédito que los medios de comunicación reproducen hacia las instituciones educativas, a las cuales se les reprocha el fracaso en trasmitir habilidades y valores entre los adolescentes”, mientras se presenta a las Fuerzas Armadas como capacitadas para cumplir ese rol. Para Morás, esta lógica contribuye a legitimar la idea de que “los valores específicos que transmite una institución militar resultan beneficiosos y aplicables para la vida civil de los jóvenes y del conjunto de la sociedad”, lo que considera “un riesgo” porque “alimenta las voces que piden que los militares colaboren en otros ámbitos, por ejemplo, en la seguridad pública”.
Desde la óptica de los derechos humanos y garantías de protección, el sociólogo sostuvo que el acuerdo plantea interrogantes relevantes, ya que se trata de una institución caracterizada por la verticalidad del mando y el rigor disciplinario. Aun cuando el texto del acuerdo pudiera establecer controles y garantías, sostuvo que eso “licuaría el efecto esperable del pasaje por una institución militar que no es deliberativa ni participativa”.
*Estudio de trayectorias de vida de adolescentes en conflicto con la ley con particular énfasis en la relación delito – trabajo, 2016.
Viejas respuestas, nuevas preguntas
Para el antropólogo Nicolás Guigou el acuerdo entre Inisa y Defensa es la reedición de un enfoque histórico que apela a las FFAA como herramienta de disciplinamiento frente a la infracción juvenil, sostenido por distintos actores políticos. “El joven infractor rompe la disciplina social y entonces, ¿qué mejor que enviarlo al ejército que es una estructura disciplinada para, justamente, disciplinarlo?”.
Desde su perspectiva, el acuerdo expresa, en parte, la sensación de fracaso de políticas anteriores y un retorno a mecanismos clásicos de control. “Es como que fracasó todo lo demás entonces, vamos a los mecanismos clásicos de disciplinamiento”, resumió, y evocó incluso una frase de su infancia para ilustrar el trasfondo cultural de esa mirada: “Cuando yo era chico te decían ‘si te portás mal te mando al colegio militar’, era como un castigo”.
Guigou señaló que la propuesta no se limita a la enseñanza de un oficio o una capacitación, sino que se inscribe en una lógica más amplia, atravesada por una “mentalidad militar”, por lo que es necesario “pensarlo dos veces”. Esto, afirmó, abre una serie de interrogantes de fondo: “¿Es una función del ejército reinsertar jóvenes infractores?, ¿será la institución más adecuada para llevar adelante estos programas de reinserción y disciplinamiento? La respuesta es que no”, afirmó.
Además, sostuvo que el convenio también refleja una determinada concepción cultural sobre la pobreza y la juventud, asociada a la idea de que el orden y el control deben primar sobre lo socioeducativo. En ese marco, cuestionó qué valores se pretende transmitir y si el Ejército cuenta con la formación necesaria para llevar adelante un programa de reinserción.
Si bien reconoció que el convenio “podría aportar en algunos casos”, subrayó que cualquier iniciativa de este tipo “debería estar acompañada y tener el contralor de otras instituciones. ¿Qué pasa si cometen una falta? ¿Cómo van a ser tratados en el marco del Ejército? Yo no lo sé, pero creo que para eso está la sociedad civil, para pensar este tema, intervenir y también monitorear”.
El antropólogo también planteó la necesidad de analizar previamente las condiciones internas de la propia institución militar. “Muchas veces las instituciones, sobre todo en Uruguay, suelen ser idealizadas y también sus problemáticas”, advirtió, asegurando conocer “varios casos de soldados que iniciaron con el consumo problemático, por ejemplo, de pasta base, en el servicio, aunque lógicamente les dieron la baja”. Además, expresó reparos respecto a la cercanía de adolescentes privados de libertad con personas vinculadas al uso de armas y cuestiones bélicas. “Como siempre digo, estos jóvenes, muchas veces, son muy inteligentes, observan mucho, escuchan. No sé si está bueno que sean parte de un entorno en el cual pueden aprender determinadas cosas que no son favorables para el resto de la sociedad”.
Para Guigou, el debate central no pasa únicamente por el orden o la disciplina, sino por comprender la complejidad de las trayectorias de vida de los jóvenes infractores. “Estamos hablando de poblaciones donde hay precariedad desde todo punto de vista, económica, afectiva, vincular. Muchos de esos jóvenes vienen de núcleos donde son violentados y donde cometer delitos está naturalizado”, sostuvo, y agregó que esas carencias “difícilmente puedan abordarse solo desde una lógica disciplinaria”.
Guigou también vinculó esta discusión con antecedentes históricos y culturales más amplios, recordando propuestas pasadas de incorporar instrucción militar en la educación secundaria. En el contexto actual, marcado por el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, fue categórico: “Creo que la instrucción militar no es la que tienen que recibir”.
Para Guigou, el escenario actual —con un aumento sostenido de la población carcelaria, la violencia asociada al narcotráfico y trayectorias juveniles marcadas por la exclusión— exige un enfoque integral que atienda lo afectivo, lo psicológico y lo vincular, además de la capacitación laboral. A su juicio, la iniciativa responde más a una señal política que a una solución estructural. “Lo veo como una acción performática política, para hablar para la tribuna. No creo que sea la mejor solución”, concluyó.
“No se obliga ni se militariza”
Ante las objeciones que advierten un riesgo de disciplinamiento militar, el presidente del Inisa rechazó de plano tal relato y remarcó el carácter voluntario de la iniciativa. “Es un absurdo. ¿De qué punto del acuerdo infieren eso? No se obliga a nadie, no se militariza a nadie”, dijo a Caras y Caretas, al tiempo que enfatizó que la decisión final queda en manos de los propios adolescentes. “Se les va a presentar una propuesta formativa. Después son los gurises los que eligen. Algunos irán, otros no. No hay más misterio que ese”, resumió, enmarcando el acuerdo dentro de “una planificación educativa integral”.
En esa línea, sostuvo que parte de las objeciones provienen de organizaciones que, según su visión, no se interiorizaron en el contenido del convenio ni dialogaron con el organismo. “Después alguna organización, sin haber leído el convenio y sin venir a hablar con el Inisa, puede tener alguna percepción crítica. Están en su derecho. Yo me quedo con el abrumador apoyo que hubo: nada menos que el presidente de la República, nada menos que el Ministerio de Defensa, nada menos que el Poder Ejecutivo”, sentenció.
Para reforzar su argumento, explicó que las actividades se desarrollarán en la Colonia Berro y bajo la responsabilidad directa del Inisa, descartando cualquier forma de trato violento o autoritario. “¿Qué se piensan, que yo voy a permitir que porque agarren mal una tenaza arreglando los galpones los agarren de las orejas y los pongan contra la pared?”, cuestionó. A su entender, algunas críticas suponen una desconfianza injustificada. “En algunos casos es una falta de respeto a las instituciones de la República”, afirmó, y agregó: “Imagínense si las instituciones democráticas del Uruguay van a aprobar que yo permita que hagan cualquier cosa con los adolescentes”.
