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ASOCIARMEDaniel Larrosa en "Legítima Defensa 2da Dosis" puso de manifiesto los severos impactos de las políticas del gobierno actual en Antel y otras empresas públicas.
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En "Legítima Defensa 2da Dosis" de Caras y Caretas, Daniel Larrosa, director de Antel en representación del Frente Amplio, abordó los problemas que enfrentan Antel y otras empresas públicas bajo la administración de Luis Lacalle Pou.
Larrosa subrayó que Antel, al igual que otras empresas públicas, ha sufrido considerables reveses debido a las políticas del gobierno. Particularmente, las restricciones en inversiones y la contratación de nuevo personal afectan gravemente las operaciones de Antel.
Detalló una reducción del 30-40% en términos reales de la capacidad de inversión de Antel, lo que ha retrasado su ingreso en nuevos mercados cruciales para su supervivencia. Además, Antel perdió 1300 trabajadores, incluidos 100 especialistas en telecomunicaciones e informática, sin ser reemplazados, lo que ha frenado su avance en servicios digitales.
La recientemente aprobada Ley de Medios, incluye disposiciones que favorecen a operadores de cable privados y emisoras, permitiéndoles competir con Antel en el sector de servicios de datos. Esta legislación consolida decisiones gubernamentales previas que otorgan licencias para la venta de internet a operadores de cable, permitiéndoles competir con Antel utilizando su infraestructura en detrimento de la inversión realizada.
Larrosa criticó las decisiones financieras de la administración, particularmente la asignación de $3 millones anuales a cada uno de los principales canales de televisión durante tres años. A pesar de que Antel incurre en una pérdida anual de $1 millón por estos arreglos, el gobierno persiste con esta política. Cuestionó además la lógica de mantener contratos que resultan en pérdidas significativas, sugiriendo que tales decisiones habrían enfrentado graves consecuencias bajo la administración del Frente Amplio.
Al ser interrogado sobre si estas acciones podrían constituir violaciones legales, Larrosa indicó que las decisiones tomadas por la administración actual podrían ser difíciles de defender legalmente. Enfatizó la inconsistencia de mantener contratos que resultan consistentemente en pérdidas, sugiriendo que podría ser necesario un mayor escrutinio de estas acciones.
