Desempleo juvenil triplica al promedio y el Gobierno apunta a los sectores más rezagados con una nueva ley

Desigualdad en el acceso al trabajo

Araya destacó que la edad es uno de los principales factores de desigualdad en el acceso al trabajo. Según indicó, mientras la tasa de desempleo general ronda entre el 7% y el 8%, el desempleo juvenil se ubica cerca del 25%. Además, explicó que existen importantes diferencias por género. En los jóvenes varones la desocupación se sitúa en torno al 20%, mientras que entre las mujeres jóvenes alcanza aproximadamente el 30%.

El jerarca también advirtió sobre las brechas que afectan a otros colectivos. Las personas afrodescendientes, por ejemplo, presentan una tasa de informalidad cercana al 30%, por encima del promedio nacional de 22%. Asimismo, señaló que las mujeres con hijos a cargo enfrentan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral debido a las tareas de cuidado, una situación que no se refleja con la misma intensidad entre los hombres.

Nueva ley de empleo integral

Ante este panorama, la nueva ley de empleo integral, recientemente aprobada por el Parlamento, amplía el alcance de los beneficios para promover la contratación. La normativa incluye a personas menores de 30 años y mayores de 45, categorías que ya estaban contempladas en la legislación anterior, pero incorpora además a personas liberadas, privadas de libertad, personas trans, afrodescendientes, mujeres jefas de hogares monoparentales y personas con discapacidad.

Durante la discusión parlamentaria en la Cámara de Diputados se añadió un nuevo colectivo, los padres o tutores que tienen a cargo hijos menores de 15 años con discapacidad. Según explicó Araya, la incorporación surgió a partir de planteos realizados por organizaciones de la sociedad civil y fue respaldada por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el director nacional de Empleo reconoció que persisten dificultades en el cumplimiento de las leyes de cupos vigentes en el sector público. “Estamos muy lejos”, admitió al referirse a la incorporación de personas con discapacidad. Según indicó, cuando la normativa establece un mínimo del 4%, en la práctica los organismos públicos suelen ubicarse entre el 1% y el 1,5%, y sólo excepcionalmente alcanzan el 2%.

Araya consideró que el Estado debe realizar un mayor esfuerzo para cumplir con esas disposiciones y afirmó que una mayor inclusión en los organismos públicos también puede generar más oportunidades en el sector privado. “Cuanto más fuerte sea el cumplimiento de esas normativas, también se generan más oportunidades en el sector privado”, sostuvo.