El ejemplo de todo lo que está mal en la política

El día que asumió había prometido “realizar varias campañas públicas” aunque los criterios de distribución del dinero, el verdadero sentido y conveniencia de esas campañas nunca fueron explicados. Porque, además, el legislativo no tiene nada para publicitar y sus recursos financieros son aportados por la intendencia.

Pero los documentos a los que accedió Caras y Caretas muestran la arbitrariedad con que se destinaron esos fondos.

Por ejemplo, la empresa Marengreen S.A., propietaria de la FM Cadena del Mar, cuyo titular ante la URSEC es Francisco Sanabria, expropietario de Cambio Nelson, recibió el equivalente a 50.000 dólares entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de este año.

En tanto, a Rodrigo Silva, gerente de esa emisora y testaferro de Sanabria, se le adjudicaron en el mismo período otros 10.000 dólares.

FM Milenium, una radio adjudicada a un testaferro de Sanabria, también recibió sumas importantes.

Además, el periodista Marcelo Umpierrez, que se desempeña como productor y periodista en Cadena del Mar, y a su vez es corresponsal de Telenoche 4, recibió en este año 776.530 pesos; es decir 61.000 pesos por mes.

Algunas de sus facturas establecen que se prestó “servicio de promoción institucional en redes, radio, TV y notas”.

También recibieron publicidad, entre muchos otros, un periódico de Rocha, dos de Montevideo y otro de Lavalleja; una periodista montevideana; dos radios comunitarias de Maldonado y varios medios, productores y periodistas del departamento.

Aunque ninguno iguala lo que cobraron las radios vinculadas a Sanabria.

Por si fuera poco, el presidente de la Junta Departamental ordenó un gasto de 16.000 pesos para unas placas y cartel de reconocimiento a la Liga Mayor de Fútbol, que también él preside.

Dos ediles, uno blanco y otro frentista, dijeron a Caras y Caretas que “hay dos ediles blancos y uno frentista que cobraron publicidad para una página web inexistente”. El nombre de la persona señalada como quien cobraría ese dinero para los ediles figura en el listado en nuestro poder, pero fue imposible ubicarla para corroborar la información.

¿Quién es Darwin Correa?

Militante nacionalista desde hace muchos años, Darwin Correa cobró impulso político cuando se sumó al grupo encabezado por el actual diputado herrerista y exedil, Rodrigo Blás.

Durante el primer gobierno de Antía (2000-2005), Correa integraba el sector que lideraba el edil herrerista Alfredo Lara. Ambos fueron durísimos opositores a la gestión del intendente. Lara terminó como director en el primer gobierno del frenteamplista Oscar De los Santos y Correa apenas se desempeñó como tercer suplente de Blás en la Junta.

Con el regreso de Antía al gobierno, Correa pasó a ser un ferviente defensor de la gestión. Creció económicamente y ahora no vacila en obtener beneficios de la Intendencia para dos instituciones deportivas que integra. Recientemente se adjudicó un predio público para que se construyera un lugar de entrenamiento para la Liga Mayor que preside. También el club de rugby Los Lobos obtuvo un predio en el fraccionamiento del mismo nombre ubicado en la Rambla de la Brava y Avda. Roosevelt.

A principios del año 2014, la periodista Mónica Robaina denunció en el semanario Brecha una trama de defraudación contra la DGI por un monto estimado en unos 500.000 dólares.

El principal protagonista era Rodrigo Blás, quien, a través de su inmobiliaria, vendió el fraccionamiento Valle Di Saronno, contiguo a Laguna del Diario, subfacturando cada lote. Junto a él estaba Correa, entonces edil, que estaba a cargo de la sucursal de Blás Propiedades en la ciudad de Maldonado.

Una inspección de la DGI le encontró a Correa varias cuadernolas en las que constaban los montos de las ventas y lo verdaderamente declarado.

Después de más de un año de investigación, el organismo recaudador le aplicó una multa cercana a los dos millones de dólares al titular de la inmobiliaria, es decir Rodrigo Blás, y además lo embargó para cobrar los adeudos.

A la vez, presentó una denuncia penal contra el titular y varias personas integrantes de la misma empresa, entre los que estaba Correa, acusándolos de haberse organizado para defraudar a la DGI.

El 15 de mayo del 2019 el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, resolvió archivar el caso, a pesar de que encontró culpable a Blás. La decisión se basó en el artículo 11 de la instrucción de priorización de la persecución penal en el sistema no acusatorio. Lo curioso es que el mismo día que Pacheco archivó, la instrucción de Fiscalía cambió. Si Pacheco lo hubiera tomado en cuenta, Blás habría terminado procesado.

A fines del 2020 Correa, descontento con una intervención en el pleno de la Junta por parte del edil Nelson Lages (FA), aprovechó que este salió de sala y lo golpeó desde atrás provocándole lesiones, además de la rotura de un vidrio.

En mayo del 2021 el juez Diego González lo procesó como “autor penalmente responsable del delito de lesiones personales intencionales”.

El pasado mes de agosto las mujeres políticas del Frente Amplio de Maldonado lo denunciaron públicamente por “ejercer violencia política y de género”.

Correa es además de edil y operador inmobiliario, presidente de la Liga Mayor de Fútbol de Maldonado. En agosto del 2022 la Organización del Fútbol del Interior (OFI) lo suspendió por 17 partidos por amenazar a un árbitro.

La sanción implicaba la prohibición del ingreso a los partidos que disputara la Selección de Maldonado en todas sus categorías y en cualquier escenario que juegue el equipo.

Esta misma semana anunció su intención de postularse como candidato a diputado. No son pocos los que consideran que con sus generosas adjudicaciones de publicidad también estaba aportando para su campaña electoral.

Vale señalar que en este mismo período de gobierno hubo otro edil blanco que en ejercicio de la presidencia, y en plena pandemia, repartió otros 500.000 dólares en publicidad.

Los ediles se votaron su propio sueldo

En julio del 2015, apenas asumió el nuevo gobierno encabezado por el intendente Enrique Antía y a propuesta de varios ediles blancos, la Junta decidió votar un sueldo para cada edil.

La decisión es violatoria de la Constitución de la República, del Estatuto del Funcionario Público, el gasto es observado todos los años por el Tribunal de Cuentas y la JUTEP encabezada por Ricardo Gil Iribarne condenó “por ilegal” lo que denominó “sueldo oculto”. Pero, además, es ilegal por donde se lo mire, ya que ninguna autoridad electa puede votar su salario, sino que éste se establece en el período anterior.

Entonces dijeron que ese monto “podía ser usado para alquilar locales partidarios u otras actividades”. La JUTEP también descalificó ese argumento porque era “una forma ilegal de financiar a los partidos políticos”.

La propuesta de los blancos fue acompañada por los ediles frentistas que respondían a Darío Pérez y por uno de los dos ediles colorados.

Hoy ese sueldo supera los 100.000 pesos, no paga aportes al BPS ni tampoco IRPF. En realidad, ni siquiera se sabe qué ediles lo cobran y qué pasa con el dinero.

Todos los meses el presidente de la Junta ordena depositar en una cuenta bancaria y a un nombre determinado por cada bancada, que no necesariamente es edil, una cifra que surge de multiplicar el sueldo por la cantidad de ediles. Luego cada una hace el reparto.

Este año el legislativo departamental gastó poco menos de 1.000.000 de dólares con ese único destino. El dinero, como todo el presupuesto de la Junta, lo aporta la Intendencia de Maldonado. El Tribunal de Cuentas lo ha observado siempre, pero como no existe ninguna sanción los ediles lo reiteran una y otra vez.

Un ciudadano de origen colorado, indignado con esta situación, presentó en el año 2019 una documentada denuncia ante la fiscalía a cargo de Schubert Velázquez. Sin embargo, el fiscal tuvo la investigación encajonada más de un año, nunca citó a nadie y a mitad del año pasado ordenó el archivo.

A mediados de diciembre del 2022 Velázquez fue trasladado a Montevideo para hacerse cargo de la fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 1° turno.

Conflicto de intereses

La comisión de Obras de la Junta Departamental es el organismo más codiciado por la mayoría de los ediles.

Allí se trata todo lo referido a nuevas construcciones, fraccionamientos y desarrollo urbano del departamento. También se consideran y aprueban las excepciones a las ordenanzas requeridas por los inversores. Normalmente el plenario del legislativo vota todo lo aconsejado por su comisión.

Cinco ediles blancos miembros de la Comisión de Obras son operadores inmobiliarios.

Después de dejar la presidencia Darwin Correa, socio en Blás Propiedades, volvió a integrar dicha comisión, de la que es miembro desde el 2015.

Javier Sena es inmobiliario y presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este. Fue quien propuso “regalarle” 40 metros más de altura al proyecto Cipriani.

Luis Artola es un poderoso empresario que opera en varios rubros, también el inmobiliario, y es el propietario de un exclusivo club privado que funciona en la costa sobre la parada 3 de playa Mansa.

Alejandro Infante, ahora presidente de la Junta, es empresario inmobiliario igual que Pedro Gava, principal de una de las inmobiliarias más importantes de Piriápolis.

En tanto, el edil Christian Estela, también integrante de la referida comisión, debe ser el más conocido de todos a nivel nacional. Aparece periódicamente en los videos de Zin TV diciendo “le dio pa’ que tenga, pa’ que guarde y pa’ que ponga a enfriar”.

Curioso personaje que hace unos 20 años operaba un pequeño almacén en el barrio San Antonio, lugar de trabajadores ubicado en la periferia de la ciudad. Al final del primer gobierno de Antía pasó a residir en la avenida Roosevelt frente a sanatorio Mautone. Para explicar el cambio dijo públicamente que “un amigo le regaló un jacuzzi y no tuvo más remedio que construir una casa arriba”.

Un testigo lo acusó como “prestamista” durante las audiencias judiciales que terminaron con Ricardo Dutra, director de Cultura del primer gobierno de Antía, preso por una millonaria estafa realizada desde su profesión de escribano.

En el segundo gobierno de Antía, Estela pasó a operar el parador municipal Papa Charlie, ubicado en parada 8 de la Brava. La adjudicación está a nombre de su esposa y recientemente fue extendida por 10 años más.

Pero en ese juego perverso de pago de favores por votos, en la propia Junta se menciona que la pareja de un edil frentista también tiene autorización para operar un parador costero.