A un año y medio de las elecciones nacionales, el país continúa dividido en dos grandes bloques y cada voto contará y mucho en 2024. Por tal motivo, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó dos nuevos proyectos de ley relacionados con el voto exterior. En concreto, el senador Mario Bergara elevó, nuevamente, una propuesta para que se logre aprobar el voto consular, mientras que su par José Carlos Mahía busca que se modifique el artículo quinto de la Ley 13.882, que refiere a “ciudadanos con inscripción vigente en el Registro Cívico Nacional”, para que se flexibilice la posibilidad de que uruguayos que estén en el extranjero puedan levantar la exclusión de votar y de esta manera queden habilitados para hacerlo.
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El proyecto de ley de Bergara plantea en su exposición de motivos que “debe ser prioridad de todo Estado democrático velar y garantizar” el derecho al ejercicio del sufragio. En ese sentido, se basa en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 1948, entre otros documentos y organizaciones internacionales que se han expedido sobre el tema, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Organización Internacional para las Migraciones.
Según expuso el senador, “la diáspora uruguaya contribuye al desarrollo del Uruguay con aportes materiales como donaciones, remesas, envío de dinero para asistir daños ocasionados por desastres naturales, turismo e investigaciones científicas y tecnológicas; e inmateriales, organización de actividades culturales de interés nacional, talentos en áreas como la deportiva, musical y científica, entre muchas otras”.
Sostuvo que el avance de las telecomunicaciones y el “acortamiento” de las distancias “hacen del mundo un espacio interconectado”. Afirmó que el movimiento de personas es “creciente” y que “el mayor flujo de personas lleva a que los ciudadanos generen vínculos económicos, jurídicos y emotivos con otras naciones”.
Según se estima en el proyecto, hay cerca de 600.000 uruguayos fuera de fronteras, lo que representa 17% de la población del país. Es por eso que, según indica el proyecto, el Estado tiene la “obligación con respecto a sus ciudadanos que residen en el exterior de garantizar su derecho al sufragio”.
Si bien el tema ronda desde hace años en el Parlamento, desde el oficialismo aseguran que “el pueblo ya laudó” el tema, en referencia al plebiscito de 2009 en el que se intentó cambiar la Constitución, pero no se logró porque llegó a 37% y se necesitaba más de 50% de adhesiones.