El equipo económico del gobierno uruguayo entra en la recta final de la redacción de la Ley de Presupuesto para el período 2026-2030. Según trascendió a través del semanario Búsqueda, la propuesta tendrá un carácter austero y contempla un aumento global del gasto del orden de USD 140 millones para todo el quinquenio.
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El gobierno prepara un Presupuesto austero.
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Esta cifra representa un incremento moderado en relación al presupuesto actual y deberá ser distribuida a lo largo de los próximos cinco años. La cifra, sin embargo, parece insuficiente para satisfacer mínimamente las múltiples y crecientes demandas que se acumulan desde distintos sectores del Estado y de la sociedad civil.
Aunque el Ejecutivo no prevé recortes a los presupuestos ya existentes, sí anticipa que no podrá dar respuesta a todas las solicitudes de expansión del gasto.
Déficit fiscal y prudencia económica
Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto vienen trabajando bajo supuestos de crecimiento económico levemente superior al promedio de años anteriores. No obstante, se reconoce que el contexto internacional sigue siendo incierto, lo que obliga a mantener una postura fiscal conservadora. En los últimos 12 meses hasta mayo, el déficit fiscal alcanzó el 3,8% del PBI, un dato que condiciona la capacidad de maniobra del Ejecutivo.
En este marco, el gobierno plantea como alternativa buscar espacios de redistribución dentro del gasto actual, priorizando áreas clave sin aumentar significativamente el gasto total. Por otra parte, también se negocia con intendencias, con las que ya se acordaron montos a distribuir, y se mantiene la recepción de demandas presupuestales de ministerios y organismos públicos.
Ley de presupuesto en construcción y disputa
Frente a este escenario, las presiones sociales crecen. La Universidad de la República reclama un incremento del 52% respecto a su presupuesto actual, para expandir su cobertura, mejorar salarios e infraestructura. El PIT-CNT exige una recuperación del salario real y mayor inversión en cuidados, vivienda y empleo público; asimismo plantea fortalecer áreas desfinanciadas como salud mental y primera infancia. Desde ASSE y el Ministerio de Salud también se insiste en nuevas partidas para responder a la creciente demanda de servicios comunitarios.
En paralelo, el gobierno evalúa incluir en el proyecto la creación del Ministerio de Justicia, aunque aún no hay definición política sobre su alcance. Las negociaciones con los intendentes ya permitieron cerrar un acuerdo sobre transferencias departamentales, lo que genera expectativas de respaldo parlamentario, especialmente de diputados blancos del interior.
Cabildo Abierto ya manifestó su disposición a votar el presupuesto con ciertas condiciones, mientras que el Partido Colorado y el Partido Independiente exigen garantías de eficiencia y control del gasto. Aunque Orsi no ha pronunciado públicamente la fórmula, su equipo económico impulsa una estrategia que combine equilibrio fiscal con inversión pública selectiva.
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