“Fue motivo del debate de la discusión de la Ley 20.130, también fue un elemento que estuvo presente en la campaña electoral y en el diálogo social”, detalló. “Ahora es la oportunidad que se tiene de darle la posibilidad a personas que llegan a los 60 años de edad y por diversos motivos no tienen la posibilidad de poder seguir trabajando y esto les genera esas condiciones”, resaltó Castillo.
“Lo que acabamos de presentar a la dirección del Frente Amplio, es lo que hicimos ayer también con la bancada de senadores y diputados del FA en el Parlamento” y a partir de mañana “con las organizaciones sociales que también tendremos la misma visita”, puntualizó. “Ahora se va a abrir un debate parlamentario”, complementó.
El cálculo para menores ingresos
“El 30% de las personas, las más vulnerables estarán protegidas haciendo que sus condiciones de jubilación sean iguales o incluso en la mayoría de los casos mejores que las que tenían antes de la vigencia de la 20130, para el resto de las personas los incentivos son para que permanezcan hasta a los 65 años”, analizó Oddone.
“Por el hecho de beneficiarse, con el retiro anticipado, las personas no van a poder trabajar”, matizó. De las 30 mil personas que se jubilan al año “unas 5 mil por año, son las que estarían alcanzadas por el suplemento solidario”, acotó.
El régimen especial que se prevé “es de acceso universal, da la libertad a todas las personas” de elegir y despeja “una incertidumbre para el sistema”, evaluó. Además de evitar hacer retiros anticipados por sectores, que puedan variar, también “se quita la discreción del Poder Ejecutivo de cuál índice utiliza para actualizar el suplemento solidario, que es el componente que contempla a las personas más vulnerables”, argumentó.
La ley actual deja abierta la posibilidad de que se utilice “el IPC [Índice de Precios del Consumo, o inflación] o el Índice Medio de Salarios (IMS) o cómo está hoy, una semisuma”, expresó. Una semisuma implica una ecuación entre los dos indicadores económicos, la inflación no necesariamente es acompañada por la evolución de los salarios, pudiendo perder valor de compra.
“Estamos muy satisfechos con el proyecto de Ley que hemos incorporado y creemos que ahora la discusión parlamentaria seguramente va a seguir enriqueciendo”, auguró. En los próximos días el gobierno se reunirá con los miembros del Comité Fiscal Asesor, y con los reportantes al Comité de Expertos de la Regla Fiscal “que son las personas que siguen desde una mirada económica estos temas”, indicó.
“Por supuesto que toda solución genera desacomodos en algún otro punto”, advirtió. “Lo que nosotros hemos vigilado es proteger a la población más vulnerable y a su vez que el régimen siga siendo sostenible financieramente”, resaltó. “Que era un elemento central para poder consolidar cambios que se habían introducido en el pasado”, dijo.
¿Y los 30 años de aportes?
“El nivel de informalidad entre las personas mayores de 60 años es un nivel relativamente elevado, al igual que en los jóvenes, en torno al 40% según la Encuesta Continua de Hogares”, opinó Oddone. La informalidad influye directamente en la cantidad de años de aporte, así como los ingresos registrados que influyen en el cálculo de la jubilación.
“No creemos que la ley vaya a incentivar” la informalidad pero “es un problema que no va a resolver”, reconoció. “Seguramente tenemos que trabajar desde otros instrumentos para atacar ese problema que la oposición, y quienes lo han levantado, tienen un punto que puede ser considerado”, admitió.
La población en general
“Para las personas que no están en ese colectivo” del 30% con menores ingresos “la ley lo que intenta es incentivarlos a que se mantengan hasta los 65 a través de “la tasa reemplazo”, señaló Oddone. “Al final del día lo importante es que la ley reafirma que la edad de retiro normal son los 65 años”, sentenció.
“Muchos países del mundo, Noruega, Finlandia, Canadá, Estados Unidos, Suiza, tienen la edad de retiro de 65 años y habilitan mecanismos para que las personas que no pueden trabajar entre los 60 y los 65 años, ya sea por condiciones físicas o porque no consiguen trabajo, puedan retirarse anticipadamente”, justificó. Este es “un típico caso de países con transición demográfica hecha, de rentas relativamente altas, que son los países que acabo de mencionar”, complementó.
“Nosotros decidimos presentar dos proyectos de ley, uno es este de la edad de retiro y el otro es sobre las AFAPs”, comentó. El de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional “lo vamos a estar presentando antes del 30 noviembre”, concluyó.
Legitima Defensa
La posibilidad de la jubilación a los 60 años de edad con 30 años de trabajo es uno de los puntos centrales del debate sobre las modificaciones al sistema previsional. Sin embargo, la propuesta también abre interrogantes sobre el monto de las prestaciones, las condiciones de acceso y las diferencias que podrían establecerse entre quienes opten por el retiro anticipado y quienes continúen trabajando hasta los 65 años.
Para Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), la discusión debe contemplar la situación de quienes ya no pueden continuar trabajando, así como el impacto que una jubilación anticipada puede tener sobre sus ingresos. En ese sentido, cuestionó que la posibilidad de retirarse antes de los 65 años esté condicionada a una reducción de la prestación. La ATSS es el sindicato de trabajadores del Banco de Previsión Social.
En entrevista en el programa Legítima Defensa 2da. Dosis, de Caras y Caretas, dijo, al referirse a las tasa de reemplazo, que "el 36, el 45% es un daño real a las jubilaciones". La tasa de reemplazo es el porcentaje del salario que se percibe como jubilación. Según explicó, en determinadas condiciones una persona que se retire a los 60 años con 30 años de aportes podría pasar de una tasa del 45% a una del 36%.
