Lejos de implementarse a la brevedad habiendo pasado varios meses el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía han continuado poniendo obstáculos y particularmente han implementado un relato insensato y mezquino procurando debilitar al CASMU y alentando resistencias y temores que erosionan su prestigio institucional y el de sus autoridades.
Esto se ha hecho sin siquiera cuidar las formas como lo ha denunciado hace unas horas el Presidente de AFCASMU (Asociación de Trabajadores de la Institución), quién ha revelado en un reportaje radial que la Dra. Karina Rando, Ministra de Salud Pública, entregó a algunos medios el contenido de su informe, aún antes de hacerlo conocer ante la Comisión Parlamentaria.
Eso sí, pidiendo encarecidamente que embargaran la información suministrada hasta que se conociera por parte de la Comisión Legislativa. No satisfecho con enmendarle la plana al Parlamento, el Ministerio de Salud Pública sabotea ahora la transición, persistiendo en generar dificultades al CASMU en las escasas semanas que restan hasta que las autoridades de gobierno sean sustituidas por las nuevas autoridades elegidas en las elecciones del último domingo de noviembre.
El viernes pasado, en misiva dirigida al presidente de CASMU, los tres interventores solicitaron una serie de aclaraciones respecto al flujo de fondos proyectado.
Preocupa al Dr. Gerardo Lorente, la Dra. Sandra Lorenzo y al Cr. Juan Carlos Simonelli que aún con el ingreso del “último tramo” BROU, “en los meses de marzo y abril 2025 podría haber dificultades para el pago de salarios”.
La principal preocupación manifestada por los interventores es que “no se considera una posible baja en la cantidad de los afiliados, tal como viene sucediendo en la institución desde hace un tiempo”.
Se trata de la enésima instancia de la “batalla del Excel” que viene enfrentando a la mutualista con la sucesión de ministros, veedores, interventores y múltiples operadores interesados en su caída.
Paradojalmente, ninguna autoridad se atreve a dudar de la calidad de la atención médica de una de las tres principales instituciones de asistencia de salud en nuestro país. Claramente, la única manera de prolongar la incertidumbre pasa por fogonear los temores de falta de pago ante médicos, trabajadores, proveedores y organismos del Estado. Ahora bien, todo indicaría que con las mejores cabezas financieras del país analizando en detalle los flujos de caja desde hace al menos un par de años, no deberían surgir dudas sobre cómo es que está construido el Excel y cuáles son los supuestos. Después de todo, en un país con población estable y escasa movilidad de afiliados entre mutualistas, el negocio de la salud es de los más estables y predecibles. En todo caso, y como es harto evidente para todo aquel dispuesto a analizar el problema con un mínimo de honestidad intelectual, el problema es de naturaleza económica.
Resumidamente, desde el punto de vista de los ingresos es evidente que las cápitas no dan para la calidad de los servicios de salud exigidos por la ciudadanía; y desde el punto de vista de costos, existen situaciones estructurales del sistema que dificultan la competencia por los servicios de atención especializada, lo que hace que los costos sean inflexibles a la baja.
Ambos requieren de una fuerte impronta desde el Ministerio de Salud Pública, algo que ha brillado por su ausencia durante la actual administración y que ha sido reiteradamente reclamado por la oposición, la Federación de Funcionarios de la Salud y el Sindicato Médico del Uruguay.
Resulta difícil no conectar el pedido de informes de los interventores con el hecho que el BROU aprobara en su sesión de directorio del jueves el último tramo del préstamo a CASMU contra la garantía estatal aprobada por la Ley 20.325 del 23 de agosto de este año.
Es evidente que estaban esperando que el BROU no lo aprobara y ante la resolución favorable del Directorio los interventores tuvieron que salir a hacer el pedido de apuro.
Pero lo cierto es que el Directorio del BROU lo aprobó con los votos de cuatro directores uno del Frente Amplio, otro de Cabildo Abierto , otro del Partido Colorado y uno del Partido Nacional y sólo con el voto contrario del representante del grupo del Presidente Lacalle Pou, Cr. Salvador Ferrer.
El hecho que el presidente del BROU, el Ec. Salvador Ferrer, se abstuviera de votar el préstamo podría darnos una indicación de las preferencias de la Torre Ejecutiva al respecto.
No sería la primera vez que desde el Piso 11 se instruye a un director del banco estatal a votar en contra de préstamos a CASMU. El préstamo salió aprobado de todas formas por 4 a 1 y eso se llama en castellano goleada.
Pero volvamos al pedido de los interventores. Hacen bien en expresar su preocupación por la baja de afiliados. En efecto, se trata de una variable fundamental para el equilibro económico de cualquier mutualista. Más precisamente, como se trata de un país con menos nacimientos que muertes, la única manera de incrementar el número de afiliados es sacándoselo a otra mutualista. Para ello se puede competir en servicio, y es a esto que apuntaba CASMU con Medis Group, lo haya hecho bien, mal o más o menos. Algún competidor ha optado por obtener con los jerarcas del MSP y la JUNASA lo que se ha llamado “transferencias administrativas” de afiliados, como las logradas a costa de la liquidada Casa de Galicia.. Así fueron transferidos más de 45.000 usuarios bajo un pretendido “criterio objetivo” que infame y falsamente el Dr. Daniel Salinas y el Cr. Alberto Yagoda intentaron atribuir al exministro Daniel Olesker.
Lo que sí omiten mencionar los interventores es que la volatilidad en el número de afiliados de CASMU ha dependido mucho más de su propio accionar y de las constantes, imprudentes, irresponsables y malintencionadas declaraciones públicas de la ministra Karina Rando, del subsecretario José Luis Satdjian y de la directora de la JUNASA, Alicia Rossi que de cualquier otra iniciativa que pudiera emprender la directiva de CASMU en un contexto en el cual un día sí y otro también las autoridades hablan mal de la mutualista.
Basta como ejemplo recordar cuando la ministra Rando expresó ante los legisladores que integran la Comisión de Salud que “lamentablemente” las inspecciones realizadas en puerta de emergencia arrojaban buenos resultados para la mutualista. Con reguladores así, CASMU no debe temer a sus competidores, sino a la boca de la ministra y sus adláteres que no se sabe bien por qué, aunque ningún extremo es descartable, juegan a la demolición del CASMU.
Analicemos la información objetiva sobre la evolución de los afiliados.
Al 30 de junio de este año CASMU tenía un total de 180.075. Durante el primer semestre del año la cifra se había mantenido estable en ese entorno, con un mínimo de 179.900 en febrero, y un máximo de 180.104 en marzo, una diferencia de sólo 204 afiliados entre máximo y mínimo. Esto quiere decir que cuando el 2 de julio el MSP emitiera su nefasta ordenanza intimando al CASMU a presentar información en 10 días bajo riesgo de intervención y liquidación, el número de afiliados se encontraba en niveles estables y cercano a los máximos para el año.
Es gracias a la inefable ministra Rando y su equipo, que para fines de julio los afiliados habían caído a 179.592, marcando un nuevo mínimo para el 2024 y un descenso en el mes de 483 afiliados, más del doble de la amplitud observada en todo el semestre anterior entre máximo y mínimo. En agosto se perderían 863 afiliados más, en septiembre 820, en octubre 370 y en noviembre 297.
Pasando raya, desde que el 2 de julio pasado se acelerara la funesta y deliberada campaña mediática contra CASMU, la mutualista lleva perdidos 2.833 afiliados. En términos de dinero, esto implica una pérdida de ingresos anuales entre 3 y 4 millones de dólares. Si los interventores quisieran hacer bien su trabajo, deberían empezar por convencer a las autoridades del ministerio de ser más cuidadosos en sus diatribas contra la tradicional mutualista.
Es de esperar que esta “batalla de Excel” despierte la atención de los equipos del gobierno entrante que planifican la transición, ya que la prioridad del gobierno del Frente Amplio parece ser la de lograr la estabilidad de CASMU, como lo viene expresando muy bien la Dra. Cristina Lustemberg, ministra designada de salud pública.
Cualquier otra “iniciativa” burocrática que sea emprendida por estos días por parte de una administración que promovió abiertamente la desestabilización de CASMU debe ser mirada con mucha atención porque como es sabido y ya se ha visto con el Plan Neptuno y con el Hidrógeno Verde de ANCAP, la transición está llena de trampas y muy probablemente de “negocios“ que aún no se han cobrado.
Como ya ocurrió con Casa de Galicia, los daños económicos de desestabilizar una mutualista son estimables.
Al Estado uruguayo le costó la friolera de U$S 50 millones la liquidación y posterior reparto de la mutualista gallega. Con estos antecedentes, hoy podemos decir que cualquier intento por liquidar CASMU resultaría en pérdidas para el Estado uruguayo que superarían los U$S 150 millones.
¿Quién va a pagar la cuenta si algo sale mal? ¿Karina Rando? ¿Satdjian? ¿El director de secretaria, el Cnel. Gustavo Cardoso? ¿Cabildo Abierto por haber designado a la ministra y gran parte del equipo del MSP?
Lo más grave de todo es que desde el punto de vista institucional, es que resulta evidente que desde el MSP se le intenta enmendar la plana al parlamento, que actuó con rapidez y claridad, dejando en claro que CASMU no puede ser objeto de reparto, como lo fuera Casa de Galicia hace tres años, en otra víspera de Navidad. La emisión de la garantía estatal no se puede demorar un día más sin que ello implique violentar la decisión del Parlamento
Los funcionarios del CASMU , los usuarios y el Sindicato Médico deberían reclamar la emisión de la garantía estatal de inmediato si no quieren lamentar un desastre.
Son los que más tienen para perder y ya debieran saberlo luego de las experiencias anteriores y no caben especulaciones porque no hay otra opción si no se quiere repetir una muerte anunciada.
