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Política Florida | Penadés | Partido Nacional

Bien cuidados

El penal de Florida es la cárcel de los blancos

Penadés goza de privilegios en Florida, porque no está ni siquiera en el pabellón de los ofensores sexuales.
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La cárcel vip de Florida –un establecimiento penitenciario modelo, cuyas condiciones de confinamiento son de mínimo rigor, con quinta donde se cultivan frutas y verduras, invernadero, taller de carpintería, salón de clase, cocina, gimnasio, biblioteca, consultorio, celdas individuales, baños privados con duchas de agua caliente, televisión por cable, estanterías y zapateras, entre otros servicios– se transformó en un privilegiado espacio de alojamiento para los delincuentes del Partido Nacional.

Allí están presos el procesado excustodio presidencial Alejandro Astesiano, D.I.F.R, un oficial sin antecedentes de la Guardia Republicana imputado por narcotráfico, que era chofer y persona de confianza política de Santiago González, el cesado exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y, ahora, el pedófilo exsenador Gustavo Penadés.

Penadés goza de privilegios, porque no está ni siquiera en el pabellón de los ofensores sexuales –a donde son derivados los delincuentes de su calaña–, que es de máxima seguridad. ¿Por qué usufructúa condiciones de reclusión mejores que otros imputados tan deleznables como él?

El procesamiento con prisión de Penadés –medida cautelar prevista en el artículo 34 de la LUC, que él mismo votó– por 22 delitos graves, salpica al Partido Nacional y al Gobierno, porque ampararon en sus filas a un abyecto delincuente, que se aprovechaba de las necesidades económicas de sus víctimas para satisfacer sus más bajos instintos, y se valió del Estado para armar una trama de seguimiento a los testigos.

En ese contexto, su prontuario es demoledor: once delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados por un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor, todo en reiteración real.

No es creíble que sus compañeros nacionalistas –muchos de ellos amigos personales– ignoraran las espurias actividades de Penadés, quien militó en esta colectividad durante 40 años y ocupó cargos electivos por 28 años. En efecto, reclutaba a sus víctimas a la vista de todos, en las puertas del propio Palacio Legislativo.

Las dos figuras del gobierno que quedaron en falsa escuadra son el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quienes manifestaron que confiaban en la inocencia del acusado, porque son amigos de él. El secretario de Estado debe ser investigado por su indudable responsabilidad en el involucramiento del Ministerio en la trama, que configura el delito de entorpecimiento a la Justicia.

Nadie espera que Heber, el ministro con peor imagen del gabinete por su deficiente gestión y su sospechosa participación en el caso Marset, abandone su cargo, porque es un caradura y está blindado por el presidente.

Este escándalo de proporciones, que desde hace seis meses recorre el mundo con grandes titulares en la cadena CNN, El País de Madrid y la BBC de Londres, se suma, naturalmente, a la trama delictiva del caso Astesiano y al otorgamiento de un pasaporte al narco Sebastián Marset, que le permitió huir y aún permanece prófugo. En apenas 43 meses, este gobierno dilapidó todo el capital político y diplomático acumulado durante las administraciones del Frente Amplio, con ominosos casos delictivos que comprometen la imagen del país.

La participación del gobierno en la maniobra armada por el hoy encarcelado Penadés, quien hasta último momento conservó una importante cuota de poder, es una grave derivación de una causa judicial impactante. En efecto, la fiscal Alicia Ghione informó que la incautación de celulares y las escuchas telefónicas permitieron determinar la configuración de una “estafa procesal”, por la participación y colaboración de policías, a raíz de lo cual fue procesado el director del exComcar, Carlos Darwin Tarocco.

El presidente Luis Lacalle Pou se limitó a comentar –en tono lacónico– que “es un día triste”. Su escueta reflexión parece ininteligible, porque lo único nuevo es el procesamiento de Penadés con prisión. Está triste porque su amigo está preso, pero no por las víctimas del degenerado.

También resultan “conmovedoras” las lágrimas de cocodrilo del senador blanco Sebastián Da Silva, quien pidió perdón. Debería disculparse por todas las barbaridades que ha perpetrado su gobierno.

El Partido Nacional, que expulsó a Penadés –quien pasó en seis meses de ángel a demonio–, afirmó que el exparlamentario “deshonró al partido”. Obviamente, no lo deshonró por practicar la pedofilia en reiteración real, sino porque permitió que sus repudiables prácticas de corrupción cobraran estado público. ¿Quién le va a creer al partido más corrupto del sistema político uruguayo? En perspectiva histórica, la colectividad oribista no tiene crédito.

¿Nadie en el Partido Nacional le advirtió a Penadés que si se revelaban sus repugnantes prácticas de sodomización de menores se terminaría su carrera política? Obviamente, no estamos diciendo que se le segregara o señalizara por su condición de homosexual, sino por sus conductas abiertamente depravadas.

Los blancos son siempre los últimos en enterarse de todo. Se enteraron tarde que Astesiano era un delincuente y que tenía anotaciones penales ante de asumir como jefe de la custodia presidencial; se enteraron tarde que Marset era un narco requerido al punto que le otorgaron un pasaporte que le permitió fugarse; y se enteraron tarde que Penadés era un pedófilo, abusador de menores y violador.

Los descargos de los blancos nos inducen a recordar a “Los santos inocentes”, la célebre novela del escritor español Miguel Delibes, que fue adaptada al cine en 1984 por Mario Camus. Por supuesto, no son inocentes, y menos santos, pese a que muchos de ellos comulgan todos los domingos en una iglesia y, lo que es peor, se confiesan. No nos gustaría estar en el lugar de los curas.

Aunque los actos realmente aberrantes perpetrados por Penadés corresponden a la esfera privada, nadie podrá negar que el acusado usó su poder para perpetrar estos desaguisados.

El exparlamentario, que les pagaba a sus víctimas por favores sexuales, también les prometía trabajos en el Estado. Es decir, que abusaba del poder que le otorgaba su investidura y, lo que es aún más repulsivo, medraba con las necesidades materiales de adolescentes en edad liceal, procedentes de familias en situación de vulnerabilidad.

Este no es el primer escándalo de estas características que se suscita en el Partido Nacional. En julio de 2013, la jueza Karen Ramos dispuso el procesamiento con prisión del exsecretario general de la Intendencia de Paysandú, el nacionalista Horacio De Los Santos, por un delito de abuso de funciones, al consensuar el desarrollo de un fiesta con drogas, alcohol y actos inmorales en un predio municipal conocido como “La Casita del Parque”. En las orgías participaban menores de edad. Este hombre ocupaba el segundo cargo en importancia en el gobierno departamental.

Asimismo, el empresario Diego Susena, imputado por abuso de menores en el marco de la Operación Océano, quien se ha fotografiado con Luis Lacalle Pou y Laura Raffo, integró la lista 40 del Partido Nacional. También el empresario Ariel Pfeffer, otro de los implicados en la megacausa, ha posado para la foto con referentes blancos.

Estas prácticas aberrantes parecen ser comunes en el Partido Nacional, que se ufana de su “honestidad y transparencia”, pese a que sus integrantes son mentirosos contumaces. En este, como en otros casos, el que calla otorga y el silencio es sinónimo de complicidad e impunidad.

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