Empresarios, cocaína, dólares: Uruguay, tierra de posibilidades

El negocio del narcotráfico exige no solo una importante infraestructura, sino también dinero y contactos relevantes. Ningún improvisado podría largarse solo a introducir y exportar centenares y hasta miles de kilos de cocaína. No existe nadie en nuestro país con capacidad financiera como para “invertir”, por ejemplo, 6 millones de dólares en comprar 2000 kilos en Bolivia. Y a ello habría que sumarle los costos de traslado, infraestructura, coimas y envío. Por lo que está claro para la Policía y Fiscalía que el negocio uruguayo es el acopio, exportación y lavado de activos. Y que también todos trabajan para organizaciones extranjeras.

En el año 2019, el empresario Martín Mutio, hijo de una acaudalada familia, “exportó” 4500 kilos de droga que fue decomisada en el puerto de Hamburgo. A fines de ese año la Brigada Antidrogas encontró 6000 kilos de cocaína en un campo ubicado en Soriano, propiedad del empresario sojero Luis Gastón Murialdo. Presuntamente la droga sería enviada a Togo en África.

En mayo del 2022 la Fiscalía de Ciudad de la Costa logró desmantelar una organización que enviaba “mulas” con cocaína a España y lavaba el dinero en “un importante mercado gastronómico” ubicado en Pocitos, según expresa el dictamen fiscal. Doce personas fueron condenadas por diferentes figuras de tráfico de drogas y lavado de dinero.

El 11 de julio del año pasado y en el marco de la operación Los Titanes, la policía detuvo en su casa de La Tahona a Jorge Pérez Bentancor, empresario maderero, acusado de integrar una banda junto a cuatro colombianos y cuatro uruguayos en cuyo poder se encontraron 265 kilos de cocaína, ingresada desde Paraguay.

A principios de enero de este año fue detenido en Fray Bentos el empresario “sin actividad constatable” Gonzalo Fierro, mientras trasladaba 400 kilos de cocaína.

El pasado fin de semana la policía detuvo al empresario Eduardo Aquino, como responsable de la exportación de 2160 kilos de la misma droga hacía el puerto de Amberes donde fue incautada. Este hombre se dedicaba a importar perfumes y lociones desde Francia, que luego enviaba a Paraguay.

Sin contar a los de la Costa de Oro, cuatro personas, todos empresarios, acopiaron 13.125 kilos de cocaína que en Europa valdría unos 35.000 dólares el kilo, aunque es variable según el destino final. Pero la suma total muestra la magnitud del problema que enfrentan las autoridades: casi 500 millones de dólares.

Claro que no es esa la cifra que embolsarían los “exportadores” uruguayos. Por ejemplo, la Fiscalía probó que a Murialdo narcos bolivianos apenas le pagarían 250.000 dólares por usar su campo para acopiar la droga.

Vínculos con el crimen organizado

El pasado fin de semana, La Diaria publicó un documento interno de la Policía en el que se propone “un plan operativo contra organizaciones criminales y grupos delictivos” y que la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional envió a otras dependencias del Ministerio del Interior en diciembre de 2023.

La mencionada Dirección comprende a seis direcciones generales: Información e Inteligencia, Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, Hechos Complejos, Apoyo Tecnológico y Seguridad en el Deporte y tres unidades, Investigación y Análisis Penitenciario, Cibercrimen, Vigilancia de Puertos y Aeropuertos.

El documento señala que “las organizaciones uruguayas que se dedican al narcotráfico desempeñan tareas logísticas y operan como soporte de organizaciones criminales internacionales que envían estupefacientes a nuestro país por vía aérea, terrestre o fluvial, principalmente desde Bolivia, Paraguay y Argentina”.

Agrega que “una vez que la droga entra a Uruguay, estos clanes locales se encargan del traslado, acopio, seguridad y posterior envío de la droga hacia otros mercados. Las tareas son realizadas por distintos grupos: por ejemplo, uno se encarga de recibirla y trasladarla a un punto de acopio y otro se dedica a la logística de la exportación a Europa, incluyendo transporte interno, armado de empresas vinculadas a la actividad portuaria y hasta mecanismos para el lavado de activos”.

Sin embargo, no todas las jerarquías policiales parecen coincidir con éste análisis. La Diaria recuerda que en una entrevista con El Observador del 27 de enero, el director nacional de Policía, José Azambuya, dijo que “ninguna de las bandas que operan localmente tiene capacidad de traer droga y sacarla por el puerto de Montevideo” y aseguró que “estos grupos familiares tampoco participan en la logística de grandes cargamentos que se envían al mercado europeo”.

Pero el documento de Investigaciones plantea una postura diferente.

Allí se señala que “el tráfico de cocaína se ha convertido en una de las principales actividades del crimen organizado en Uruguay y que en los últimos años se ha constatado que el país se consolidó como un punto de tránsito de la droga sudamericana que se envía a Europa.

Los grupos locales combinan la actividad más lucrativa (el narcotráfico) con otras operaciones ilegales conexas como el contrabando, el tráfico de vehículos, la extorsión, el blanqueo de dinero, el tráfico de armas, la trata de personas, entre otras”.

El informe enumera características de estos grupos locales. “Sus estructuras jerárquicas están bien definidas, con líderes y subordinados que asumen roles específicos; utilizan la violencia y la coacción para ‘mantener el control sobre su territorio, enfrentarse a rivales y eliminar amenazas internas o externas. Esta violencia puede incluir asesinatos, secuestros, extorsiones y actos intimidatorios’”.

Este es precisamente el panorama que revelan innumerables asesinatos que se cometen cotidianamente, muchos de ellos con una saña impensada pocos años atrás.

Para algunas jerarquías policiales, “este fenómeno tiene una dimensión transnacional, ya que los grupos locales han logrado establecer redes y conexiones con organizaciones criminales nacionales e internacionales, aprovechando de esa forma las ventajas del comercio ilegal a escala global”.

El documento define las características de lo que denomina “grupos locales”, establece sus áreas operativas en la zona metropolitana. En lo que respecta a los grupos que ofrecen la logística a las organizaciones criminales internacionales, la policía afirma que “operan en todo el territorio nacional, sobre todo en los departamentos fronterizos para la recepción de la cocaína y en el resto para el tránsito, acopio y salida”.

“¿Por qué estas organizaciones llevan tantos años dedicadas al narcotráfico?”, se preguntan y responden: “La explicación es sencilla: hay una combinación perfecta entre alta rentabilidad y ganancias, poca exposición directa de los líderes, mitigación de riesgos y una gran demanda de consumidores”.

Tirando arena en el desierto

Así definió un ex alto jerarca de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas a la política que en la materia ha llevado adelante el Ministerio del Interior en los últimos cuatro años.

“El Ministerio ha destinado enormes recursos para combatir las bocas de pasta base. Hemos visto operativos con 100 policías, por ejemplo recientemente en Salto, para encontrar unos chasquis, pocos pesos y algunas armas. ¿Tiene usted idea del costo de ese operativo? Y el asunto es que cierran una boca y le abren otra enseguida”, sostuvo el oficial retirado.

“Es cierto que las bocas generan violencia, actividad delictiva y son un incordio para los vecinos. Pero deberíamos ser más creativos, porque la guerra contra las drogas está perdida, lo vemos en el mundo”.

–¿Y usted qué propone? –preguntó Caras y Caretas.

–Mire, la violencia ya costó la vida de niños y policías, además de personas inocentes heridas. Yo estoy convencido de que combatir bocas es inútil. Por lo tanto, la Policía debería establecer patrullas callejeras para que los vecinos no sean afectados. No creo que podamos hacer más. La política sobre drogas es un asunto de todo el Estado, no solo de la Policía. Pero si quiere algo más concreto, después de haber sido ferviente enemigo yo entendí que la única solución posible es liberalizar la venta de drogas. Nuestros políticos responden al clamor de la gente para que le resuelvan sus problemas de inseguridad. Y así surgen ideas como el aumento de penas, poner a los militares en la calle o los allanamientos nocturnos. Desde mi modesto punto de vista, ninguna es solución y alguna puede agravar el clima de violencia. Mientras tanto, los esfuerzos y recursos deberían focalizarse en enfrentar a las organizaciones que entran la droga y a las que lavan el dinero producto del ilícito.

Y agregó: “Vea, no tenemos una política firme de combate al lavado de dinero. El otro día leí que en Maldonado se construyeron 700.000 metros cuadrados. En números redondos eso son unos 2000 millones de dólares de inversión. ¿Usted me quiere hacer creer que toda esa inversión es legítima? O ¿que todos pueden justificar ese dinero? Por las dudas, no tengo conocimiento de que exista alguna investigación al respecto”, enfatizó.

“Las autoridades deben comprender que hay que seguir la ruta del dinero. Porque el narcotráfico es un negocio. Un negocio inmundo, pero negocio al fin, y si le quitamos el dinero y todo lo que invirtieron, les quitaremos capacidad operativa. Estamos asistiendo al involucramiento en el narcotráfico de empresarios, personas educadas, algunas en buena posición económica, con vínculos y conocimiento de la operativa comercial. Ya no son solo los pibes de los barrios marginales”, dijo el alto oficial policial retirado.