"Los datos de 2021 señalan claramente que ya no es posible considerar al Estado uruguayo como un modelo a seguir en materia de la protección de las libertades fundamentales en América Latina".
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Con esta afirmación casi lapidaria comienza el capítulo dedicado a Uruguay en el extenso informe anual de Voces del Sur, una red de organizaciones de la sociedad civil que monitorea las agresiones contra el periodismo en la región y que fue publicado días atrás.
Este informe se conoció casi simultáneamente al lamentable episodio que protagonizó Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, cuando reaccionó con un amenazante comentario hacia una periodista de TV Ciudad. El caso, como se recordará, tuvo una amplia repercusión en las redes sociales, y puso en evidencia los modos de interacción del oficialismo con la prensa.
El capítulo uruguayo
Bajo el título "El Estado uruguayo ya no es el gran protector de las libertades", este informe detalla que se registró un aumento del 90% en el número total de alertas entre los años 2020 y 2021.
Semejante deterioro no deja bien parado a los jerarcas e instituciones que componen al Estado uruguayo. Según este diagnóstico, esta grave situación fue impulsada “por un aumento de 450% en discurso estigmatizante, 400% en procesos civiles y penales y 67% en restricciones en el acceso a la información".
Y la conclusión es clara: esto "se interpreta como un deterioro del cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, que por años fue estandarte del Estado uruguayo”.
Por esta razón, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo), que es socia de Voces del Sur, encendió las alarmas sobre la "preocupante escalada de hostilidad hacia la labor de la prensa uruguaya", se indica en el informe.
¿Quién es el principal agresor?
De acuerdo a los datos recopilados y evaluados para el informe de Voces del Sur, el Estado uruguayo fue identificado como el "agresor en el 70% de las alertas".
La evaluación de este aumento de las agresiones a la actividad de la prensa es contundente y señala al gobierno de Lacalle Pou como principal responsable.
"Es innegable que el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou ha propiciado antagonismo hacia la prensa. Un ejemplo claro de ello, es la prevalencia de casos de discurso estigmatizante por parte de personas funcionarias públicas, ministras y senadoras. Las demandas judiciales a periodistas por parte de partidistas de Lacalle también son sumamente preocupantes".
En cuanto a la criminalización creciente, sigue el informe, "es relevante resaltar el caso de una demanda por difamación e injurias en contra de periodistas de la revista Caras y Caretas y del periódico La Diaria, presentada por la dirigente conservadora Pilar Silvestre. La denuncia acusó a las personas periodistas de haber impedido su designación en un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social con comentarios vertidos en un artículo publicado en 2020".
Este caso puntual es un ejemplo de la notoria tendencia a usar los recursos del sistema judicial para "inhibir las investigaciones periodísticas, una modalidad de Pleito Estratégico con la Participación (SLAPP, por su sigla en inglés) que ha sido una de las consecuencias más graves del discurso estigmatizante de los funcionarios públicos".
Desde las elecciones celebradas en 2020, el clima de enfrentamiento contra los periodistas que ha sostenido el Partido Nacional y la coalición multicolor "nunca disminuyó", sino que se "agudizó con la pandemia", ya que "los medios se volcaron a fiscalizar la respuesta gubernamental y a verificar el discurso público, incluyendo el de personajes políticos".
Género y diversidad
En otro tramo del informe se constata que CAinfo "registró 41 alertas por violencias en contra de periodistas hombres y 10 en contra de mujeres -un aumento en el registro de 116% y 150% respectivamente".
Esta organización explicó que "el mayor reto en el monitore de las violencias en contra de periodistas con perspectiva de género es la invisibilización y falta de representación en los medios de comunicación. Si bien hoy en el país existe una paridad de género entre periodistas -en donde las mujeres representan la mayoría de la base estudiantil de la carrera de periodismo- la mayoría de los puestos ejecutivos y directivos están ocupados por hombres recibiendo mejores salarios y mayor reconocimiento.
Las recomendaciones
El capítulo dedicado a la situación de las libertades en Uruguay cierra con un análisis que sigue el mismo tono de los ítems anteriores.
Dice el informe: "Es preocupante que una de las democracias más sólidas en la región se deteriore de manera tan rápida. La sociedad civil uruguaya y el Estado deben trabajar para proteger las libertades de prensa y expresión por encima de intereses partidarios. El presidente Lacalle Pou debe dar cuentas de las acciones de su gobierno y sus aliados políticos en contra de la prensa y frenar los avances de los miembros de su partido para criminalizar y estigmatizar a periodistas".
El informe completo
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