El Puerto de Montevideo vivió el año pasado momentos complicados y hoy vuelve a estar en el ojo de la tormenta. A fines de 2022, según informó la diaria, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) renovó por un plazo de 20 años a un depósito en el puerto de Montevideo que pertenece a Rilcomar SA, del Grupo Seré, empresa de la familia de Juan Seré Ferber, asesor del presidente Luis Lacalle Pou.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
De acuerdo al texto de la resolución, la extensión está “supeditada” a la intervención del Tribunal de Cuentas y a la aprobación del Poder Ejecutivo.
El mencionado medio recuerda que el Grupo Seré está conformado por cuatro firmas: Jaume & Seré, empresa dedicada a la gestión aduanera; Rilcomar SA, que se encarga de la gestión de mercadería; y Jauser y Skylake, que trabaja en la gestión de carga terrestre, marítima, aérea y multimodal con “servicio puerta a puerta”, y del transporte terrestre en Estados Unidos, respectivamente. Los directores de Jaume & Seré son Jorge Seré Ortiz, Jorge Seré Ferber y Juan Seré Ferber.
"A partir de una licitación pública en 1997, la empresa comenzó a explotar el año siguiente el depósito 2 del puerto. Por ese entonces la concesión se dio, en principio, por cinco años. Luego, en 2003, se extendió por una década, y así otra vez hasta 2023. Ahora, con la resolución del Directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP), se decidió otorgarle la concesión –que vencía el 31 de marzo de este año– por primera vez por 20 años, por lo que va a poder operar hasta 2043", informó la diaria.
"En ese contexto, el operador portuario planteó al ente que hará una inversión estimada en 1.080.000 dólares y una dotación de personal estable, lo que contó con el visto bueno del área de Infraestructura de la ANP, puesto que en un informe interno indicaron que la solicitud de un mayor plazo de concesión se acompaña de un monto de inversión también mayor respecto a los períodos anteriores”, agrega la nota.
Informan también que la inversión se desagrega entre infraestructura (45%) y eficiencia energética (33%) y que el informe técnico de la ANP pide que se concluyan las obras dentro del primer tercio del período solicitado, ya que las obras descritas redundan en el beneficio de uso para el concesionario.
El Directorio de la ANP determinó por unanimidad conceder la concesión por dos décadas. La directora del ente portuario por el Frente Amplio, Alejandra Koch, argumentó que el pedido de Rilcomar SA es similar al de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) –donde la empresa belga Katoen Natie tiene 80% de las acciones y el restante lo tiene el Estado– y criticó que, a diferencia de la primera, se le haya aceptado la extensión del área, pese a no haber una contraprestación.
De acuerdo a las declaraciones de Koch extraídas de la fundamentación: “Dicha prórroga fue realizada sin intervención de la ANP y sus sectores técnicos, sin resolución de Directorio y, por tanto, sin asesoramiento previo. Hoy, el informe jurídico acerca de la incorporación de nuevas zonas a una prórroga de concesión deja en claro que el área determinada en el proceso competitivo original no puede ser modificada y, por tanto, la prórroga de la concesión de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo no debió incluir nuevas zonas al área de concesión”.