Señaló que los 45 días de plazo que tenía la empresa –sin antecedentes en la construcción de buques de este tipo– para presentar sus garantías se transformaron en 11 meses. "Es relevante porque una de las circunstancias por las que se había elegido a esta empresa es que iba a construir en 18 meses", indicó.
Detalló que en los 11 meses la empresa inició siete procesos de validación de garantías, que fueron rechazadas en su totalidad, en algunos casos porque no se cumplían los requisitos del contrato y en otros porque las empresas rechazaron ser garantes.
Sostuvo Díaz que la garantía de Cardama "debía cumplir un plazo de 42 meses, pero la misma alcanzó un año, la que debía ser renovada 30 días antes del vencimiento". "Durante el año 2023 y 2024 la empresa tuvo solamente un empleado, no registra prácticamente actividad. Del análisis de sus cuentas surge que no tiene prácticamente actividad. Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude ante el Estado uruguayo y esta garantía no existiría", aseveró Díaz.
Por su parte, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez dijo que se debe "esclarecer este tema" ya que "las luces rojas se encendieron durante la administración anterior". "Es un hecho muy grave, estamos muy preocupados. El día de hoy vencía oficialmente la garantía, por eso del lunes hasta hoy se buscó resguardar los recursos del pueblo uruguayo en un contrato millonario, y garantizar la posibilidad de que el gobierno uruguayo pueda resarcirse de la mejor manera posible si se confirmaran todas estas situaciones que están planteadas en el marco de la Justicia", indicó Sánchez.
Procedimiento irregular
Con respecto a los procedimientos de pago, Díaz señaló que es una de las cuestiones a determinar ya que "no sigue con las reglas del contrato". Y agregó que "el Estado uruguayo hará lo posible para recuperar los dineros públicos que están en juego. Estábamos en una situación de orfandad. Ya que teníamos una garantía que, según nos dicen los informes, la empresa están en un proceso de liquidación por inactividad, que sus cuentas no reflejan ningún tipo de actividad y no figura en los registros como una empresa financiera y parte de la información que está en su página web es engañosa", explicó.
Sánchez agregó que el Estado "realizó tres transferencias que en suma son de US$ 30 millones".
"Cuando se firmó la garantía con el Estado uruguayo esta empresa no tenía ningún trabajador registrado. Solo tuvo un trabajador en el año 2022. Esto muestra que los funcionarios que trabajaron en esto en su momento no tomaron los recaudos necesarios para establecer que quien garantizaba este contrato tuviera las condiciones para hacerlo", comentó.
