El pliego establecía que la entrega de la primera de las dos embarcaciones debía efectuarse en junio de 2024, por lo que la firma del contrato debería estar pronta al menos 24 meses antes de esa fecha, que es lo que demorarían los armadores en construir y acondicionar un buque de las características requeridas por la Armada. Sin embargo, la licitación naufragó y la propuesta mejor considerada, de la empresa China Shipbuilding Trading Co (CSTC), fue desestimada por aspectos más geopolíticos que técnicos.
Desde allí comenzó un dilatado y opaco proceso del gobierno de Lacalle Pou para adquirir las patrullas oceánicas mediante el método de compra directa, que terminó el 15 de diciembre de 2023 con la firma con del contrato con el astillero español Cardama. Uno de los aspectos considerados fue el plazo de 18 meses que el astillero ubicado en Vigo prometió tener pronta la primera de las dos OPV.
Un astillero desfinanciado con flojos antecedentes navales
El exministro Armando Castaingdebat, ante las dificultades financieras que evidenció Cardama para encontrar un banco español o uruguayo que esté dispuesto a respaldar su propuesta, le extendió generosamente un año de prórroga (todo el 2024) para la presentación de los avales que debieron entregarse en 45 días.
Esto, sin ninguna contraprestación en beneficio del país, por lo que la demora por “problemas administrativos”, aludidos por Cardama, atrasó 12 meses el proceso, diluyéndose en la memoria que el plazo fue uno de los dos factores fundamentales por quienes consideraron como mejor opción al astillero gallego, frente a las capacidades demostradas por Hyundai, Gondan, Cotecmar, Damen, Kership o CSTC, a pesar de que el ubicado en Vigo no construía buques desde hace seis años, nunca construyó algo similar a una OPV y su principal actividad es la reparación y mantenimiento de barcos pesqueros, que es para lo único que tiene capacidad en su astillero, que ni siquiera tiene grúas pórtico para elevar las piezas de acero.
Tampoco su situación financiera (a partir de un informe de la consultora Dun & Bradstreet que indicó que el Astillero Francisco Cardama tenía un riesgo de quiebra alto, donde, en una puntuación de 1 a 100, donde 1 es el riesgo mayor, se le dio una puntuación de 2) demostraba ser fiable para llevar a cabo un proyecto con un valor 200 veces superior a la rentabilidad anual de la empresa que tiene una facturación anual menor al 20 % del valor de una OPV como la ofertada, lo que ponía sobre la mesa severas dudas acerca del respaldo económico que tenía el astillero para manejar el flujo de fondos, desde la compra del diseño hasta los materiales, mano de obra y sistemas a lo largo del proceso de construcción.
D&B Report - FRANCISCO CARDAMA SA (1)
Debido a esta complicada situación financiera, Cardama esperaba como agua en el desierto el primer pago de 8,2 millones de euros que en diciembre de 2024 realizó el transitorio ministro Castaingdebat, como concepto del 10 % del costo total del proyecto, para el supuesto inicio de la construcción de los nuevos patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada Nacional.
Sin embargo, durante el primer trimestre de 2025, ningún barco para el Estado uruguayo estaba siendo construido por Cardama en sus instalaciones de Vigo. No obstante, en los últimos días de transición de gobierno (el 27 de febrero de este año), el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) desembolsó un segundo pago a Cardama, también de 8,2 millones de euros, ante la supuesta presentación de los planos de la “cuaderna maestra”, la estructura principal que sostiene el casco del buque oceánico.
Proceso cuestionado y sanciones disciplinarias
Al asumir como titular del MDN, Lazo, quien, durante su presidencia de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, criticó enfáticamente el proceso de compra de las OPV por parte del gobierno anterior, señalando “desprolijidades”, estableció una investigación administrativa para para conocer todo el proceso, los detalles del contrato —ocultado al Parlamento— y la participación de los funcionarios (de Defensa y la Armada) que intervinieron.
La investigación derivó en la sanción con arresto a rigor a cuatro autoridades de la Armada Nacional, entre ellos el contralmirante José Ruiz, director general de Material Naval, quien estaba a cargo de la supervisión técnica del proyecto, el contralmirante Miguel De Souza —director general de Finanzas de la Armada—, y el capitán de navío Marcelo Da Silva —quien fuera jefe de gabinete bajo la comandancia Wilson—, quien también fue sancionado por “faltar a la verdad” en el proceso de pago del segundo hito establecido en el contrato firmado con Francisco Cardama SA. Esta medida responde a que, según las actuales autoridades, los funcionarios sancionados omitieron datos y brindaron información falsa al responder sobre el segundo pago que se le debía hacer al astillero gallego.
Las actuales autoridades ministeriales entendieron que no había elementos suficientes como para acreditar que la empresa Cardama haya cumplido los requisitos (la entrega del Plano de Cuaderna Maestra de las OPV) para percibir la segunda de las transferencias de dinero que fue autorizada por el pasado Gobierno el 27 de febrero, cuando faltaban pocas horas para el cambio de administración.
Se pudo constatar, según fuentes, que el plano de la cuaderna maestra que era de aprobación preliminar (según la propia sociedad de clasificación) fue enviado como definitivo por el astillero y aceptado como tal por parte de Wilson y sin objeciones o desavenencias técnicas por parte del jefe del proyecto (Ruiz), a pesar de la clara evidencia en el sellado del propio plano.
Vale recordar que todas estas acciones (envío de la nota a Uruguay por el constructor con el plano preliminar adjunto, aprobación del plano por el titular de la Armada y redacción y envío del documento de aceptación a Vigo sin ninguna observación) fueron realizadas en un mismo día, el 27 de febrero del 2025.
A pesar de esta irregularidad, ninguna medida institucional se tomó para requerir aclaraciones al constructor, o a la autoridad española competente en la construcción naval o a la sociedad de clasificación sobre este aspecto del plano preliminar y no definitivo (como lo exige expresamente el contrato firmado en 2023), hasta el envío de los inspectores de la bandera al astillero en el mes de mayo.
Llamativamente, antes de que el MDN tenga en sus manos el informe de la inspección realizada por dos oficiales de la Armada enviados a España, el BROU liberó el tercer pago a la empresa gallega por más de 12 millones de euros, con la simple información de que Cardama colocó la quilla en el primero de los buques.
Las graves irregularidades detectadas en la inspección de la Armada en Vigo
A fines de julio, el periodista Eduardo Preve dio detalles del lapidario informe de inspección técnica de la Armada, realizado por los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardozo, quienes estuvieron en Vigo entre el 28 de mayo y el 6 de junio a pedido de la ministra Lazo, que desde su llegada al ministerio se abocó a desentrañar las irregularidades en el proceso de construcción de las patrullas.
El informe señaló graves observaciones, como que el astillero Cardama no tenía siquiera los permisos de construcción necesarios para hacer las patrullas y que recién solicitó inscripción al Ministerio de Transporte de España a las 17 horas del 27 de mayo, apenas unas horas antes de la llegada de la inspección uruguaya.
Además, los oficiales constataron que el astillero no tiene capacidad (los 42 bloques del buque son fabricados por terceros fuera de sus instalaciones) para construir las patrullas en el plazo de 18 meses establecido en el contrato, que no presentó los planos al Ministerio de Transporte de España, que la puesta de la quilla “no tiene control de soldadura” exigido por normas internacionales, que el contrato firmado con Cardama no tiene firmas certificadas ni protocolo notarial, que no se hicieron los ensayos técnicos requeridos, entre otras irregularidades advertidas.
Con la información sobre la mesa y con una reciente foto de la primera OPV a la que accedió Caras y Caretas, que —según los especialistas en la materia consultados— evidencia que no hay más de un 10 % o 20 % del casco montado, es muy difícil imaginar que el primero de los dos buques sea botado al agua en Vigo en mayo de 2026 y entregado a Uruguay en agosto del mismo año, como estaba previsto; y mucho menos aventurar, como lo hizo Lazo hace pocos días, que la primera de las OPV para la Armada pueda llegar al país en diciembre de este año.
Dicho anuncio contrasta con la fundada sospecha y aparente prudencia con la que se manejó la ministra con este espinoso tema desde su arribo a la cartera de Defensa. La ministra dijo que mantiene una línea de comunicación con la empresa, a la que le ha comunicado que de la “información que se recibe” dependerá que se continúe. “Estamos hablando de dineros públicos y eso implica que la seriedad no puede tener lo que ya no es noticia para nadie: la desprolijidad de un expediente que hemos tenido que salir a buscar por partes”, apuntó Lazo.
A pesar del poco avance de obra, Cardama ya dispone de casi el 70% del costo de una de las OPV, con un montón de observaciones que levantar y con un evidente atraso en la construcción que será evaluada nuevamente por inspectores que en los próximos días viajarán a Vigo para conocer de primera mano las últimas novedades y la evolución del proyecto.
En plena transición, el ministro saliente advirtió que el Estado podía enfrentar un “lindo juicio” si no se avanzaba con la empresa gallega. Al mismo tiempo, Castaigndebat remarcó que el contrato fue mejorado respecto al que se recibió, lo que quiere decir que no fue el gobierno uruguayo quien presentó una propuesta estudiada sobre los términos, basados en la propia experiencia, sino que se adaptó el que presentó Cardama.
Tal vez por ello se lo mantuvo en secreto a efectos que no sean visibles las lagunas que dejan abiertos lo términos negociados a favor de la empresa, con muy pocas o nulas herramientas para efectuar penalizaciones que permitan al país ejercer el debido control sobre los resultados del proyecto o efectuar mejoras en caso de insuficiencias sobre los términos definidos.
Al mismo tiempo, Castaigndebat dejó la puerta abierta acerca de que los costos podrían ser mayores a los estipulados por el Astillero.
El relato de García que se hunde
El anuncio de que la construcción de las OPV sigue en marcha y el nombramiento de José Luis Elizondo como nuevo comandante en jefe de la Armada (uno de los oficiales que seleccionó a Cardama para llevar a cabo el proyecto) fue asumido por el senador García como un espaldarazo a su gestión en Defensa acerca de la decisión de confiar en el astillero español la construcción de los buques oceánicos.
García cuestionó que se intentó llevar a cabo un “boicot” contra la compra de los buques y tildó de “operación mediática” los cuestionamientos al proceso realizados por la entonces oposición y por parte del periodismo independiente que investigó.
¿De operación mediática califica García mostrar la realidad de las falencias en la construcción comprobadas por los inspectores de la propia Armada Nacional? ¿El senador está acusando a los representantes de la autoridad marítima (sus subalternos hace poco más de un año) de participar de una operación mediática, cuando cumplieron con su deber técnico de forma profesional y responsable?
¿Acaso el exministro puede desmentir que efectivamente Cardama nunca construyó una OPV y tampoco un buque de eslora y desplazamiento similar, que el astillero elegido tuvo nula actividad en la construcción naval en los últimos 6 años, que el mismo no integra el Catálogo de la Industria de Defensa de España, como se intentó confundir con una carta solicitada al embajador español, que el astillero no tiene las capacidades para armar los bloques que conforman el buque oceánico, que el plano de la cuaderna maestra presentado era de aprobación preliminar y que Cardama no disponía del permiso de construcción de las OPV cuando arribaron a Vigo de los inspectores de la Armada Nacional enviados por Lazo en mayo?
El tiempo fue dando algunas de las respuestas del caso, otras serán reveladas más adelante, cuando quedará en evidencia si el astillero gallego —al cual se le encomendó el trabajo de construir las patrullas oceánicas que necesita desde hace tiempo la Armada Nacional para ejercer la soberanía en el mar territorial— pudo cumplir con los plazos estipulados, los costos previstos y los aspectos técnicos.
Los más escépticos sospechan que estamos a las puertas de comprobar otro fiasco naval cometido por la anterior gestión al frente del Ministerio de Defensa como lo fue la adquisición de un buque científico a una firma de Estados Unidos por 4 millones de dólares, que llegó todo podrido y no podrá ser usado, al igual que un buque que Senegal le confió a Cardama para entregar en 2018, que sigue en Vigo sin terminar.
