La ministra Rando y el Casmu: una pareja en plena crisis

Los interventores husmearon en todos los rincones del CASMU buscando errores en la gestión, incongruencias, irregularidades o ilícitos que justificaran acciones más enérgicas por parte de las autoridades ministeriales que incluyen el desplazamiento de las autoridades legítimas y que resultaran elegidas en elecciones en donde participaron los médicos habilitados para votar en el padrón social.

Las intervenciones públicas de la ministra Rando, exentas de la más mínima cautela, resultaron a todas luces imprudentes, tratándose de una institución en problemas que depende sustancialmente de la confianza de sus abonados, quienes tienen una fuerte dependencia de sus prestaciones tanto en su calidad como en su oportunidad.

Desde ese momento, los últimos días de setiembre hasta el día de hoy, los interventores han fiscalizado los servicios, las áreas de atención al paciente, los contratos, las facturas, los pasivos y sus cumplimientos de pago. También han fiscalizado los pagos corrientes, la gestión de sus autoridades, la de los gerentes y jerarcas técnicos, los planes y proyectos, la calidad de las reuniones y de los organismos de decisión y consulta y los convenios y acuerdos con funcionarios administrativos y técnicos.

Hace más de un mes, la ministra Karina Rando hizo declaraciones sorprendentes en las que se refirió a diversas observaciones de los interventores, incluyendo delitos que se habrían comprobado en las primeras comunicaciones.

Unas semanas después, desde el MSP, luego de una reunión sorpresiva a nivel legislativo, se anunció que se habría presentado un primer informe que habrían percibido múltiples irregularidades cuya magnitud era llamativa, pero no alcanzaban para justificar una intervención con desplazamiento de autoridades en la medida que no ponían en riesgo la continuidad de los servicios de la institución ni la calidad de la asistencia.

Un mes después, habiéndose presentado los descargos por parte de las autoridades del CASMU, la prensa anuncia que aún no se han terminado de analizar tales descargos por los servicios técnicos del Ministerio.

Se divulga, además, que habría una reunión el próximo fin de semana con la próxima administración, electa el pasado domingo, y la ministra. La reunión tendría como propósito anunciar acciones del MSP, las que se consultarían con quienes tendrán que hacerse cargo de la continuidad del sistema en adelante. Por lo que sabemos, los interventores no han sido demasiado prudentes.

Lejos de procurar generar tranquilidad y confianza, han enlentecido todos los procesos, han generado desconfianza, han perturbado los procedimientos administrativos, obstaculizado las operaciones y alimentado los rumores.

A este gobierno le queda poco, pero lo suficiente como para intentar ahogar al CASMU, impedirle obtener los recursos que necesita para continuar funcionando y eventualmente poner en marcha un proceso irreversible de desguace, de debilitamiento institucional y de destrucción de valores que constituyen las ventajas comparativas y la fortaleza de la institución.

Yo no conozco los informes que por otra parte no me merecen confianza, tampoco los descargos. Es posible que existan irregularidades o advierto que hay actores en este gobierno, probablemente en la misma Presidencia de la República, y más precisamente el propio Lacalle Pou, que han procurado aislar a las autoridades del CASMU y generar las condiciones para su debilitamiento y su destrucción.

Este anuncio de compartir responsabilidades con el Gobierno nuevo es más que sospechoso.

La ministra ha tenido en sus manos ideas y proyectos que podían haber fortalecido al CASMU y los ha desestimado.

Por el contrario, ha obligado a la institución y sus autoridades a proponer una reestructura que afecta su relación con trabajadores, técnicos y abonados. Si los estudios técnicos demuestran la inviabilidad de la institución y sus recursos físicos, técnicos y humanos, su padrón de abonados y sus fortalezas deberían eventualmente integrarse a ASSE y no absorberse por las empresas más débiles del sistema y los seguros privados.

Tal vez.

Esto es una visión distinta pero no debiera desestimarse.

El fortalecimiento de los actores estatales podría ser una salida deseable y la excelencia de los recursos del CASMU aportaría calidad a ASSE y su importante masa crítica contribuiría a la democratización y accesibilidad al conjunto del sistema.

Quiero decir esto para aportar otra mirada alternativa a quiénes quieren convertir la crisis del CASMU en una oportunidad para favorecer actores privados que miran con envidian las fortalezas del CASMU y quieren apropiarse de las mismas en las postrimerías de un gobierno que ya no tiene reparos en beneficiar a sus amigos o a los que tiene más poder

No es hora de comerse la pastilla. Más bien es hora de abrir los ojos bien abiertos.