La respuesta tardó dos días. El martes de noche el líder de “los Suárez” fue baleado y al cierre de esta nota su estado era muy grave. Los medios titulan “es la guerra entre los Colorados y los Suárez”.
Todo esto es terrible y curioso. La Policía conoce el nombre de cada integrante de estas dos bandas, lo informó el exministro del Interior Luis Alberto Heber en el Senado. Saben dónde vive cada uno, saturan de policías el barrio, tienen un software para identificar de dónde provienen los disparos. Lo único que no han podido hacer es parar los homicidios.
Los uruguayos nos hemos acostumbrado a registrar varios asesinatos diarios con estas mismas características.
El escenario no es sólo Cerro Norte o el Plácido Ellauri, los muertos se desparraman por todo el país. Y a todos se les pone el cártel “con antecedentes”, como si ello fuera una justificación.
Si los gobernantes actuales fueran menos cínicos, deberían reconocer que Negro tiene razón y que el reconocimiento no es rendición sino el principio de una estrategia diferente para intentar reducir los índices de criminalidad. Porque los niños asesinados o baleados, las víctimas colaterales y la enorme cantidad de muertos muestran que la estrategia empleada hasta ahora fracasó.
En el año 2020, apenas asumió Jorge Larrañaga como ministro del Interior, le declaró la guerra al narcotráfico. Entonces cerraron centenares de “bocas” a lo largo y ancho del país en procedimientos que hasta resultaban risueños: en algunos se encontraban 20 gramos de marihuana, 400 pesos y dos revólveres oxidados. Nunca se informó el costo de cada uno de estos operativos. Pero la realidad mostró que cerraban una boca y abrían dos; que el consumo de drogas siguió creciendo, los sicariatos se instalaron y, peor, la violencia adquirió ribetes desconocidos hasta ahora.
Tal vez Larrañaga creyó que declaraba la guerra y los narcos esperarían a la Policía con masitas. No fue así, lamentablemente para los vecinos de cada barrio afectado. El poder de fuego de los delincuentes se incrementó. Ahora cuentan con poderosas armas, como pistolas 9 mm con cargador extendido, fusiles de asalto, subametralladoras, granadas, chalecos antibalas. Curiosamente, muchas armas “robadas” a la propia Policía.
Los que declararon la guerra al narco fueron los mismos que a fines del 2021 le otorgaron un pasaporte a Sebastián Marset, el más importante traficante uruguayo, que estaba preso en Dubái. Con ese documento logró la libertad y hasta hoy permanece fugado.
Y fueron los mismos que a través de la LUC aumentaron significativamente los montos de dinero con el que se podía hacer operaciones en efectivo, sin bancarizar y, por tanto, sin justificar su origen.
Nadie se tomó el trabajo de leer e investigar sobre cómo había funcionado la guerra contra el narcotráfico en América, y el grado de corrupción que había generado.
Es la guerra, estúpido
En los años 60 y 70 el narcotráfico era asunto de las mafias italianas y francesas, sobre todo de Marsella. Básicamente traficaban heroína que provenía de las amapolas de Siria y Afganistán. Pero la coca se plantaba y crecía en América del Sur, y fue un chileno quien, durante la dictadura pinochetista, comenzó a cocinarla en el desierto del norte para transformarla en cocaína.
Los colombianos que compraban esa cocaína para introducirla en EEUU, el mejor mercado del mundo, contrataron al chileno y armaron sus propios laboratorios. Después llegó Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, los cárteles de Cali y Medellín, los sicarios en moto, el Plan Colombia, las bases del Ejército estadounidense y el ingreso de la guerrilla y los paramilitares al narcotráfico. Todo en una creciente espiral de violencia que provocó miles de muertos, con muchas víctimas inocentes.
Cuando la mafia siciliana se asoció a narcos que estaban más cerca de la frontera estadounidense, el escenario cambió de Colombia a México.
En 1982, el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan se convirtió en el primero en declarar la guerra al narcotráfico. Pero, según revelaron documentos desclasificados, los narcos fueron sus mejores aliados para el negocio de las armas que EEUU traía de contrabando desde Irán para entregar a los “contras” nicaragüenses en plena Revolución sandinista.
En el año 2006, cuando el presidente mexicano Felipe Calderón declaró la guerra a las drogas, comenzó un proceso de autodestrucción en ese país. La cifra hasta hoy de esa guerra es horrorosa. En 15 años han sido asesinadas cerca de 500.000 personas; hay unos 160.000 desaparecidos (esta cifra supera ampliamente a las desapariciones ocurridas durante las dictaduras militares en toda América del Sur), los cárteles crecieron, se multiplicaron y extendieron por todo el país.
Los narcos corrompieron a gobiernos, a la Policía, al Ejército y a la Marina, que hasta hace poco los combatía en tierra. Ahora crearon una nueva fuerza. Han destinado miles de millones de dólares para una guerra inútil.
Ya se había alertado que esa guerra iba a provocar el corrimiento de traficantes hacía el sur, buscando mayor tranquilidad. Nadie escuchó esa advertencia. Perú, Ecuador, Bolivia, el norte de Chile, Rosario en Argentina, Brasil con sus propias peculiaridades y Uruguay son nuevos escenarios de esa guerra inútil.
Los desafíos del gobierno de Orsi
Con esta información a la vista, no deben quedar dudas de que tiene razón el designado ministro Carlos Negro. La política de enfrentamiento al narcotráfico y de seguridad aplicada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou fracasó. La mayoría absoluta de los uruguayos siguen pensando, como en el 2019, que la inseguridad es el mayor de nuestros problemas. Con agravantes, como la alta tasa de criminalidad y la mayor cantidad de presos en la historia.
Todavía no son públicos los planes del próximo Gobierno frenteamplista sobre cómo piensa disminuir los homicidios. Pero seguramente todos esperamos que comprenda que esta Hidra tiene otras cabezas, no sólo el narcotráfico.
La corrupción es la madre de todos los males, la corrupción pública y privada. La existente en la Policía y aduanas, y también la de empresarios privados que buscan salvar sus problemas económicos ayudando a enviar unos miles de kilos de cocaína a Europa, o los profesionales que prestan sus servicios para que los traficantes puedan legalizar (lavar) su dinero.
Sin corrupción es altamente probable que no tuviéramos crimen organizado o estuviera reducido al mínimo, y que en Uruguay no se lavara tanta plata.
Para combatir la corrupción pública es necesaria una JUTEP fortalecida. Curiosamente se ha nombrado hasta a quienes repartirán agua caliente y galletas en los ministerios, pero de este organismo no se ha dicho una palabra, por lo menos hasta el cierre de este envío.
Para combatir la corrupción privada se necesita una Fiscalía con mayores recursos, con fiscales dispuestos a trabajar duro, jueces que entiendan del tema y, por supuesto, otras leyes.
Para combatir el lavado se necesita primero cambiar cabezas. Porque eso de que “total, en todo el mundo se lava, que se lave un poco acá no es tan embromado porque genera inversión” ignora la corrupción pública y privada que genera el lavado de dinero.
Por supuesto que tanto el Banco Central como la SENACLAFT y la Fiscalía tienen un rol protagónico. Decir que en Uruguay no se lava o se lava poco, como lo han hecho diferentes autoridades en este período de gobierno, es desconocer la realidad. Y para mejor prueba, nos remitimos a Conexión Ganadera.
Pero estos no son los únicos desafíos. Por supuesto que hay que disminuir la pobreza, sobre todo la infantil, mejorar la educación, prestarle atención a los barrios, atender con urgencia la situación de quienes viven en la calle, atender a los adictos a drogas y encarar con urgencia el problema carcelario. Parece una tarea hercúlea, pero justamente fue Hércules quien, según la mitología griega, exterminó a la Hidra.
