Los archivos, el terrorismo de Estado y el Ejército

El pasado sábado 10 el periodista Ricardo Pose informó en la web de Caras y Caretas que desconocidos habían subido a internet una enorme cantidad de archivos sobre el terrorismo de Estado.

Desde entonces miles de compatriotas se han buscado allí. Y para su horror están. Decenas de miles, tal vez con más certeza centenares de miles, fuimos espiados por los servicios de inteligencia del Ejército y la Policía.

Hay archivos que contienen enormes listados con datos personales de decenas de miles de personas. Todo aquel que en algún momento de esos años se haya expresado contra el gobierno cívico-militar, participó en alguna reunión, integró un sindicato o fue miembro o militante de un partido político está en esos archivos. Y no solo de organizaciones de izquierda, hay muchísimos blancos, sobre todo wilsonistas, y algunos colorados.

Durante por lo menos 40 años, y tal vez más si aún hoy nos espían, una multitud de militares, no solo de inteligencia, recopilaron información, recortes de prensa, archivos incautados a organizaciones políticas y sindicales, declaraciones obtenidas bajo tortura y cuanto dato pudiera servir a sus malévolos fines.

Los archivos incluyen información sobre la vida privada de miles de personas, algo que ahora al ser públicos podría promover juicios contra el Estado, porque el Ministerio de Defensa fue incapaz de preservar esa información que nada tenía que ver con acciones políticas.

García presentó una denuncia para que Fiscalía investigue el origen y quién los publicó. La investigación quedó a cargo del fiscal Raúl Iglesias. García presentó una denuncia para que Fiscalía investigue el origen y quién los publicó. La investigación quedó a cargo del fiscal Raúl Iglesias.

Aun así se necesitará el trabajo de muchísima gente para leer por lo menos dos millones de fojas, verificar lo que contienen, entenderlos y cruzar información.

Cualquier lectura que se haga de estos archivos sin esas cuatro premisas no conducirá a la imprescindiblde verdad sobre esos años de terror. Aunque mucha gente los leerá con fines aviesos o como chusmerío barato.

No todo lo que está allí es correcto. Por ejemplo, a este cronista se le adjudica en 1974 y en 1993 una pertenencia política que jamás tuvo. Pero esa información falsa hizo que los servicios de inteligencia hicieran un seguimiento bastante exhaustivo de por lo menos 20 años de ejercicio del periodismo, que están consignados en el recorte y pegue de centenares de notas de mi autoría.

Otras personas nos han comentado, entre risas pero también con indignación, que aparecen en esos archivos con información falsa. Por ejemplo: nunca vivieron en la dirección que se consigna o aparecen como reuniéndose con personas que no conocen ni jamás vieron en sus vidas. A otros se les menciona reuniéndose en un comercio o propiedad que nunca tuvieron.

Por momentos parece que los informantes “tiraban cualquier fruta” con tal de ganarse algún dinero. Tan miserables como sus jefes porque pudo ocurrir que entregaran a inocentes que terminaron siendo víctimas de torturas.

Algunos de esos informantes están identificados por su nombre y ocupación, lo que permite que algunos se enteren decenas de años después que un vecino, un compañero de trabajo o alguien que militaba en el mismo sindicato era un “ortiba” de los militares.

Pero lo que más preocupa, o debería preocupar, es que casi 20 años después de recuperada la democracia, inteligencia militar continuó con su tarea como si nada hubiera ocurrido.

Tal vez nunca sepamos cuánto dinero público se gastó para mantener este aparato. Y no solo para pagar a los militares, oficiales y soldados, que recogían información y la sistematizaban, sino también para pagar a una enorme red de informantes diseminados en todo el país y por supuesto toda la infraestructura empleada para desarrollar el espionaje.

Esto es impunidad

La existencia de estos archivos es reveladora de la impunidad con la que actuaron los uniformados. Se sintieron dueños de la vida de miles de uruguayos.

Por lo pronto nadie ha sido juzgado por esas actividades ilícitas.

Algunos que aún los defiendan dirán que esas acciones fueron necesarias para combatir al MLN. Ocurre que según los propios militares esa organización fue exterminada a fines de junio de 1972.

Entonces, ¿cómo se justifica el espionaje por lo menos hasta 2004?

El año pasado, en ocasión de un nuevo 20 de mayo, el periodista Roger Rodríguez dio una charla sobre la cultura de la impunidad.

Allí dijo: "Desde el 68, con la implementación de las medidas prontas de seguridad y la aplicación de la tortura, la impunidad fue creciendo. Durante la dictadura la impunidad fue total. Hacia la salida de la dictadura, luchar por la democracia, luchar por la igualdad y por los derechos humanos implicó tener que enfrentar a ese muro llamado impunidad.

Esa Ley de Caducidad, dijo el periodista, "generó una lógica de impunidad y esa lógica de la impunidad derivó en una cultura de la impunidad".

Cualquiera, desde cualquier lado, puede decir: “Si a esos militares, que torturaron, violaron, asesinaron, secuestraron, no les pasa nada, ¿por qué a mí me van a hacer algo?”, preguntó y sostuvo para él: “Esa cultura de la impunidad, es una enfermedad social”.

Rodríguez agregó: “Hay impunidad política. Hoy estamos viendo esa impunidad política, cuando los encubridores hacen declaraciones de prensa como si fueran grandes señores. Todavía le arrimamos un micrófono a Julio María Sanguinetti. Todavía siguen hablando los mismos que votaron la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, como grandes líderes; nadie les dijo nada.

Hay impunidad judicial. Los procesos judiciales fueron absolutamente lentos y más allá de las chicanas que se fueron generando y que se fueron haciendo, hay responsabilidad de los jueces y de los fiscales de todo el tiempo que pasó.

Hay impunidad legislativa. Lo que pasó en el Poder Legislativo en estos años es impunidad. Las discusiones que se dieron por la ley interpretativa de la Ley de Caducidad, después de que se declaró inconstitucional para un caso.

Tenemos hoy un partido político, dentro de la coalición de gobierno, que esconde dentro de su interior gente de ultraderecha, gente fascista, gente nazi, que defiende y revindica las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Eso es impunidad ideológica.

Hay impunidad electoral. Que haya uno que vive en el exterior, que ganó votos para ser senador, prometiendo una tarjeta de farmacia y 100.000 puestos de trabajo y venga aquí a sonreír y hacer videos por las redes es un atrevimiento. Eso es impunidad también. Parece que estuviéramos en tiempos feudales”, reflexionó el periodista.

Finalmente Rodríguez dijo: “Hay impunidad en delitos graves. Lo del narcotráfico es la impunidad absoluta, la ‘sojaína’ es la impunidad absoluta, dos veces embarques hasta Hamburgo. Lo del lavado de dinero es de impunidad absoluta. Que el expresidente Julio María Sanguinetti diga que Betingo Sanguinetti es un buen muchacho, cuando terminó preso en Andorra por lavado de dinero, es una vergüenza, pero nadie lo dijo. Nadie va y le dice a Sanguinetti ‘ahora qué decís de tu familiar’. Es impunidad.

Es recontra impunidad cuando asesinan al fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, y días antes una de las personas que él estaba tratando de juzgar, de lo que ellos llaman el cartel uruguayo del narcotráfico, recibe un pasaporte en Dubái, y gracias a ese pasaporte ahora está prófugo. Pasaporte otorgado por el gobierno uruguayo, por la cancillería uruguaya, a un narcotraficante, cuyo fiscal termina siendo asesinado en Colombia. Eso es una impunidad terrible”.

Trabajo de tiempo y gente

Hay 330 gigas de archivos subidos a internet. Están alojados en un sitio ubicado en San Francisco, EEUU, y por lo tanto fuera del alcance de las autoridades uruguayas.

Se puede buscar por nombre, por año, por lugar, o por cualquier otro dato preciso. Además se pueden leer en línea o se pueden bajar en formato pdf. Cada uno de estos archivos contiene miles de fojas, algunas ilegibles.

Es un trabajo muy prolijo que, seguro, llevó muchísimio tiempo y mucha gente dedicada.

¿Fue una acción de contrainteligencia? ¿Fueron militares descontentos con el gobierno? ¿Fue obra de algún grupo de izquierda? ¿O fue una acción de particulares? ¿Fue una acción de contrainteligencia? ¿Fueron militares descontentos con el gobierno? ¿Fue obra de algún grupo de izquierda? ¿O fue una acción de particulares?

Alguien dijo por estos días que esos archivos están colgados hace mucho tiempo, aunque recién ahora se supo de su existencia en la web.

Es por lo menos curioso que trascendieran justo cuando el ministro de Defensa, Javier García, envió un proyecto de ley al Parlamento con el objetivo de hacer públicos estos archivos.

Por lo pronto hay más archivos que los que se conocieron públicamente como “Archivos Berrutti”. Por ejemplo, todos los numerados del 3.000 hacia arriba. De esos ni los investigadores que trabajaron con esos documentos, alojados en el Archivo General de la Nación, tenían conocimiento.

García presentó una denuncia para que Fiscalía investigue el origen y quién los publicó. La investigación quedó a cargo del fiscal Raúl Iglesias.

¿Fue una acción de contrainteligencia? ¿Fueron militares descontentos con el gobierno? ¿Fue obra de algún grupo de izquierda? ¿O fue una acción de particulares?

Más allá de conocer a los responsables, algo que no parece fácil porque demostraron tener importantes conocimientos tecnológicos, será interesante conocer el motivo de la difusión.

En la presentación del sitio quienes los subieron dicen: “Este material es una parte de los Archivos del terror de Uruguay que se divulgan en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1973. Estos archivos fueron elaborados por las fuerzas policiales y militares a partir de la década de 1960 e incluyen el período de la dictadura cívico militar (1973-1985). El espionaje continuó luego de recuperada la democracia, contando con la complicidad política de los gobiernos, al menos hasta el año 2004.

Estos archivos contienen la información que los servicios represivos decidieron elaborar y preservar, mientras que muchos otros documentos han desaparecido o aún no han sido encontrados.

En los documentos que aquí se comparten, puede encontrarse información manipulada, falsa, obtenida bajo tortura o amenazas, brindada por informantes pagos y muchas otras fuentes no confiables. De todas formas es un testimonio histórico de gran valor para entender el funcionamiento de las redes del terror.

Quienes produjeron estos Archivos del terror, los conocen, siguen especulando con sus contenidos y decidiendo cuándo usar esta información. El resto de la sociedad uruguaya, que fue víctima de la represión y la vigilancia, no ha tenido acceso a los archivos de la represión”.

¿Es necesario mantener el Ejército?

Se ha convertido casi costumbre en los últimos tiempos que algunos actores políticos cuestionen el relato sobre los años del terrorismo de Estado.

No es menos importante que varios aparezcan en estos archivos como protagonistas de primer orden en la represión u otros sean mencionados como señalando a “enemigos de la dictadura” para que fueran expulsados de sus trabajos.

La lectura de estos archivos permitirá comprender, a quienes no vivieron esos años, la magnitud del horror.

Pero todo ello nos lleva a una pregunta inevitable: ¿tenemos los uruguayos que seguir sosteniendo una estructura que no ha hecho ningún aporte a la democracia y usó su educación y recursos para espiar y llevar la guerra contra su propio pueblo?

Son los militares los que tienen secuestrada la verdad sobre el destino de los desaparecidos.

En otros tiempos la única guerra que desarrolló el Ejército uruguayo en otro país fue la de la Triple Alianza, una vergonzosa e indigna acción contra los paraguayos. Ahora actúa como ejército de ocupación en lejanas y pobres naciones, bajo mandato de la ONU.

Uruguay es un país de paz y su mejor recurso para sostenerla es la diplomacia.

Es ilógico pensar en una guerra contra nuestros vecinos. Y en caso de invasión, nuestras Fuerzas Armadas no durarían ni diez minutos, asegura cualquier experto en temas militares.

Pero solo mantener al Ejército nos cuesta 1.500 millones de dólares en cinco años, según la información publicada en la web del Ministerio de Defensa.

Y a ello hay que sumar la mayor parte, porque el Ejército es la fuerza más numerosa, de los casi 500 millones de dólares que el Estado debe poner para resolver el déficit de la Caja Militar.

Casi 2.000 millones de dólares cada cinco años.

El último argumento de los defensores del Ejército es qué hacer con esa mano de obra si quedara desocupada.

Hoy cuentan con unos 15.000 efectivos. Tal vez el país necesite fortalecer la Armada y la Fuerza Aérea por razones de soberanía. Y hasta la misma Policía, ya que según ha dicho el ministro del Interior, “tiene importantes carencias de personal”.

Uruguay tiene el segundo menor poderío militar de Sudamérica, según informe. Uruguay se ubicó en 2017 en el puesto 105° de 135 países ordenados según su poderío militar y volvió a figurar como una de las menores potencias militares, según el Índice de Potencia de Fuego

¿Se justifica el dinero que gastamos en ellos?

Años atrás, el senador José Mujica, en su particular lenguaje, dijo: “Los chanchos no votan a Cattivelli”.

Pero ocurre que no solo lo votan, también le pagan para que los lleve al matadero.