Por orden de Negro, policías deberán abstenerse de interrogar a periodistas denunciados por difamación
APU se reunió con Carlos Negro para revisar los protocolos de actuación policial en casos de denuncias por difamación vinculadas a publicaciones de periodistas.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro, con el objetivo de abordar temas vinculados a la seguridad de periodistas, la libertad de expresión y la actualización de protocolosde actuación policial en situaciones que involucren contenidos periodísticos.
APU había solicitado la reunión con el Ministerio del Interior tras una polémica citación policial al periodista del diario El País, Sebastián Cabrera, en el marco de una denuncia por difamación vinculada al contenido de una nota periodística que recogía denuncias y testimonios de vecinos de Punta Colorada sobre la actuación de una organización de la sociedad civil.
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La citación se realizó presuntamente al amparo del artículo 61 del Código del Proceso Penal. Fue sin intervención previa de la Fiscalía, y dio lugar a un interrogatorio (en dependencias policiales) centrado en el contenido de la publicación del periodista.
Por ese motivo, durante la reunión, se profundizó en la necesidad de revisar y actualizar los procedimientos aplicables en casos de denuncias por difamación vinculadas al ejercicio del periodismo, así como en la importancia de garantizar marcos de actuación que resguarden tanto el derecho a la información como la seguridad de los trabajadores de prensa, informó el sindicato.
El informe de la Policía sobre polémica citación a un periodista en Maldonado
Al respecto, la cartera presentó un informe -recibido por parte de la Dirección de la Policía Nacional- detallando el marco normativo de su actuación profesional. La Policía Nacional -respaldada por su Asesoría Legal- sostuvo que "el proceder de los efectivos en los hechos consultados se ajustó a la normativa vigente".
Específicamente, según el informe, "se ejerció la potestad de la autoridad administrativa para recibir declaraciones voluntarias en el marco de una investigación policial, según lo dispuesto en el artículo 61 del Código del Proceso Penal (CPP). En este contexto, "la Policía está facultada para utilizar este mecanismo siempre que se deje constancia en acta que la declaración es voluntaria", explica.
Posteriormente, y de acuerdo con el resultado del interrogatorio, "el indagado es puesto a disposición del Fiscal, quien decide el curso de las actuaciones" bajo principios como el de "Oportunidad" o la "evaluación de posibles eximentes de responsabilidad".
Asimismo, se establece que "la Policía debe actuar ante el conocimiento de un hecho denunciado, pudiendo interrogar de forma autónoma al indagado (previa información de sus derechos) para verificar su identidad e investigar el presunto delito". El informe aclara que dicho interrogatorio "no posee valor probatorio persé, sino que sirve como guía para la actividad probatoria posterior ante la Fiscalía".
Por orden de Negro, policías deberán abstenerse de tomar declaraciones voluntarias a periodistas
Por otra parte, la Dirección de la Policía Nacional reconoció en el informe que "no existen protocolos o directivas internas específicas para procedimientos que involucren periodistas o contenidos periodísticos".
Por ese motivo y con el objetivo de unificar criterios ante casos que pueda afectar la libertad de prensay de expresión, el ministro del Interior impartió una Orden de Servicio para los funcionarios policiales.
En ella se establece que, ante denuncias por hechos con apariencia delictiva vinculados a difamación o injuria, el personal policial "deberá abstenerse de tomar declaraciones voluntarias bajo el artículo 61 del CPP" y "deberá dar trámite inmediato a la Fiscalía General de la Nación".
Orden de Servicio
La importancia de la coordinación institucional y la formación profesional
Por otra parte, el gremio y la cartera coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación institucional en situaciones que involucren investigaciones o coberturas periodísticas de hechos de interés público.
Asimismo, se planteó la conveniencia de desarrollar instancias de formación conjunta entre periodistas y efectivos policiales, especialmente en materia de coberturas relacionadas con hechos delictivos, bajo un enfoque que contemple la ética profesional y el Código de Ética de APU como referencia fundamental para el ejercicio de la comunicación.
A partir de la reunión se delineó una hoja de ruta para avanzar en mecanismos de cooperación, incluyendo la posible instrumentación de un protocolo conjunto de asistencia en casos que involucren seguridad y denuncias vinculadas a la prensa.
Por APU participaron su presidente, Rody Olivera; la presidenta del Sector Prensa, Alicia Ortega; y el vicepresidente del Sector Prensa, Germán Ávila. Por el ministerio también estuvieron el asesor legal Iván Toledo y la directora de Comunicación, Verónica Amorelli.
